El intento por designar fiscal anticorrupción a nivel federal a Raúl Cervantes Andrade ha provocado enfrentamiento de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, que mantiene a esa Cámara a punto de entrar en la inamovilidad; panistas, perredistas y del Movimiento Ciudadano se oponen a la determinación, impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero ya a río revuelto, también ha sido imposible hasta ahora llegar a acuerdos a fin de designar a la mesa directiva de la Cámara baja y las consecuencias de todo esto pudieran afectar otros temas de suma trascendencia, como la aprobación en breve, del presupuesto de ingresos y egresos de la Federación para el 2018.

Muy anticipadamente pues, los partidos políticos a través de sus representaciones en el Poder Legislativo federal libran una férrea batalla por controlar algunos espacios, que como en el caso de la fiscalía anticorrupción, son transexenales y por ello se intenta instalar a alguien con autonomía e independencia, sobre todo de gobierno, para que pueda, con libertad en un futuro cercano, desarrollar un trabajo digno en el terreno de la corrupción.

Y en este conflicto, a partir de la figura de Cervantes Andrade, volvió a aparecer Morelos, porque al señor se le acusa de haber registrado en el padrón vehicular de nuestro estado un automóvil marca Ferrari, lo que elevó el nivel de la polémica en el debate y mutuas acusaciones entre diputados de diferentes colores.

El aludido se defiende a través de sus asesores legales y mediante una misiva enviada a un rotativo de circulación nacional desmiente las acusaciones, asegurando que en efecto, cuenta con una propiedad en el municipio de Yautepec por herencia familiar; sin embargo, le siguen pegando por ese lado, con la visible pretensión de impedir su ascenso al cargo en referencia.

Bueno, ese nombramiento trae de cabeza a los panistas, que amenazan con expulsar de sus filas a quienes, a su juicio, traicionaron a la institución, apoyando la designación de Cervantes Andrade; de ese tamaño son las diferencias en el primer plano de la política nacional.

Los priistas responden a todo lo anterior recordando a los inconformes que la elección del fiscal anticorrupción es facultad exclusiva del Senado de la República y que por lo tanto los opositores carecen de validez en sus razonamientos, sin embargo todo lo anterior se inscribe ya en el contexto de las elecciones del año que viene y muestran que la lucha será encarnizada y sin límites de civilidad ni decoro.

Se esperaba llegar a algún punto de coincidencia para evitar que el Congreso de la Unión llegue a la parálisis legislativa, por los temas de trascendencia que están en puerta, pero se antoja difícil, porque las posiciones parecen bastante polarizadas; a tal grado, que ya impactan al interior de los partidos, como en el caso de Acción Nacional.

Aquí en Morelos tampoco se han logrado los acuerdos requeridos para distribuir responsabilidades en los órganos de control del Poder Legislativo, como en lo relacionado a la presidencia de la mesa directiva y de la justa política y de gobierno; no obstante, el clima es muy distinto, porque hay un dominio absoluto de las fuerzas de izquierda representadas en el recinto.

Ayer el diputado local de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, se refería al tema y adelantaba que a diferencia de lo que acontece a nivel federal, se trabajará a fin de lograr acuerdos en medio de la sensatez y la cordura. Dijo incluso que a pesar de que el PRD tiene prácticamente 20 de los 30 votos de la Cámara, tampoco pretende imponer mayoría y decisiones; buscará compartir espacios, para abonar en la unidad.

Aplaudió incluso la propuesta del legislador panista que anunció que como se viene haciendo a nivel nacional, aquí se impulsará aquello de que sin votos no hay dinero. O sea, que la entrega de prerrogativas a los partidos en lo sucesivo, se haga con base en el número de ciudadanos que salen a votar el día de las elecciones y no conforme al padrón electoral, destacando que en ello hay coincidencias con los azules.

Ya las fuerzas partidistas a nivel superior se empezaron a dar con todo, lo que lleva a considerar que una vez que comiencen las campañas electorales a nivel de candidaturas, los participantes por las distintas posiciones en disputa se pegarán con todo y sin ninguna consideración.

Es decir, el discurso no cambiará mucho respecto a procesos anteriores, lo que advierte que volveremos a ser testigos pasivos de toda clase de señalamientos entre sí; de campañas basadas en la denostación y descalificación mutua, en lugar de abundar en la propuesta y el proyecto de trabajo a desarrollar en caso de ganar la justa.

Para acabar pronto, cada aspirante intentará hacer el mayor daño posible a la imagen pública de quien considere una amenaza para sus ambiciones electorales. Desde hace un rato, cada partido o cuadro busca datos y expedientes de los posibles adversarios para contar con municiones a la hora de ir a la conquista de los electores, que entran en un terreno de confusiones.

Porque siendo honestos, buena parte de lo que se afirma en las elecciones, entre aspirantes, suele carecer de sustento real; ahí la ley pareciera permitirlo todo, incluso la calumnia, porque se llega a la invención de presuntos delitos a partir de simples rumores, a veces, filtrados desde el anonimato.

Pero ese es uno de los costos y facturas que los políticos están dispuestos a pagar, con tal de ganar posiciones en las estructuras que conforman el poder público, a partir de votos en las urnas; es decir, la propia presidencia de la república, los escaños en el Senado, las curules en la Cámara baja o en los congresos locales de las entidades federativas, además de las presidencias municipales y posiciones en los cabildos.

La elección que viene es completa, porque ofertará representaciones de tres y seis años; en el primer rango está la presidencia de la república, las nueve gubernaturas que se renovarán y las senadurías. En el segundo, diputaciones locales, federales y presidencias municipales. Así que la feria del hueso está en puerta y son miles los que se lanzan para tratar de atrapar alguno de ellos, así sea a nivel de una regiduría, el propósito es ser incluido en el presupuesto público.