Desde hace algunas décadas, las estructuras burocráticas de gobierno se han multiplicado, con la promesa de dar mejor cumplimiento a la responsabilidad del estado de garantizar derechos constitucionales plasmados en la carta magna, pero que en buena medida, han sido letra muerta por la ausencia de voluntad o capacidad para hacerlos efectivos.

En su oportunidad, ante la falta de cumplimiento gubernamental para respetar y hacer respetar las garantías individuales de los mexicanos, ante agresiones de toda naturaleza, surgió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que fue replicada en cada uno de los estados de la república.

Incluso, se les dio un margen de autonomía, a fin de que su desempeño se apartara de intereses de los gobernantes y pudiera de esa manera garantizar mayor apego al estado de derecho, en casos en los que las omisiones o los agravios vinieran del sector gubernamental.

Pero con el paso del tiempo, quienes han estado al frente de esos organismos, fueron distorsionando el espíritu original de la idea y cayeron en la tentación de las componendas; en la mayoría de los casos por pírricos beneficios económicos de quienes están al mando.

Los poderes públicos muy discretamente se apoderaron de las decisiones y son los que dan línea y condicionan su papel y lógicamente los resultados son catastróficos y no en pocas ocasiones de doble victimización contra quienes recurren para solicitar alguna clase de ayuda.

Caso muy similar es lo que acontece en relación al aspecto del derecho a la información, en cuyo terreno se recurrió a la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), que a su vez dio vida a lo que en la entidad denominamos Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

A través de dicho órgano, se debe acceder a todo tipo de información, que muchas veces es negada por las instituciones de gobierno, por representar algún inconveniente para quienes las presiden. Generalmente en caso de actos de corrupción, que es cuando se ocultan datos.

Pero al transcurrir del tiempo, del mismo modo que la CDHEM, su desempeño es cuestionable, francamente no inciden en nada para ayudar a combatir la rapiña, el saqueo y el mal desempeño de los servidores públicos, problema al que nos enfrentamos de manera cotidiana.

Y en ese mismo tenor anda el Instituto de la Mujer, espacio diseñado para atender todo tipo de problemas de violencia de género, de maltrato e injusticia en contra del sector femenino. Éstos son sólo algunos ejemplos de espacios burocráticos que se han convertido en una pesada carga para el contribuyente, ya que el presupuesto que ejercen no es menor y no resuelven la necesidad del pueblo de hacer valer sus derechos consagrados en la Constitución General de la República.

Y ahora se le da forma a lo que denominaremos en lo sucesivo fiscalías anticorrupción, que tampoco tienen razón de ser, porque los códigos civiles, penales y de cualquier índole ya especifican con bastante claridad aquellos hechos que son constitutivos de un delito y para sancionarlos disponemos de las instancias “competentes”, como la Fiscalía General de Justicia.

Las consecuencias de todo eso son muchas, en primer término, que nuestros impuestos, cada vez más abultados, no son suficientes para cubrir las necesidades de esos grupos burocráticos que no cumplen con sus obligaciones, pero sí cobran puntualmente.

Ciudades, pueblos y comunidades padecen de toda clase de insuficiencia en lo que se refiere a servicios fundamentales como agua potable, alumbrado, pavimentación de calles, prevención del delito, porque el municipio, el estado y la Federación no dan siquiera mantenimiento a la infraestructura ya existente y el ciudadano tiene que arreglárselas como Dios le dé a entender para satisfacer sus necesidades.

En contraparte, esos “servidores públicos” gozan de toda clase de privilegios, disponen de lujosos autos para el “desempeño” de sus labores, de equipos modernos de comunicación, gastos de representación, bonos de compensación y desde luego de personal adicional de apoyo, todo con cargo al erario.

Hay además de las antes señaladas, instituciones que del mismo modo son “elefantes blancos”, pensados como bolsas de trabajo para colocar a toda clase de políticos sin vocación ni compromiso con la ciudadanía y que no tienen razón de ser.

Si se eliminara toda esa carga sin sentido, el costo de la burocracia en México disminuiría fácilmente en un 50%, recurso que se aprovecharía en cosas útiles y acciones de bienestar popular y sin sacrificar proyectos, por el contrario, habría dinero para casi todo.

Ahora, si a lo anterior se le agrega la carga que representan los partidos políticos, entonces se comprende con mayor claridad porqué este país –a nivel pueblo, claro- tiene tantas limitaciones y problemas que empujan cada vez más a un futuro poco claro e incierto.

En los municipios lo que menos hay son obras de inversión social, propiciando un rezago histórico casi imposible de resolver en muchas décadas hacia el futuro. Pero ojalá sólo fuera eso, el asunto es que nadie sabe qué se le hace al dinero, que finalmente es nuestro, porque al interior de los ayuntamientos sólo se habla de deudas y pasivos; es decir, el pago de nuestros impuestos no se refleja en nada positivo para nosotros.

Vamos hacia una elección presidencial; desde el ámbito oficial, existe el reconocimiento de que la inconformidad del electorado es creciente, algunos políticos se niegan a reconocer que razones de esa irritación colectiva sobran y hasta consideran que como gobernados somos malagradecidos.

Sin embargo, con dos o tres razones, de miles que hay, hemos podido observar que por el contrario, la sociedad ha sido excesivamente tolerante con quienes la gobiernan, que ha permitido a sus autoridades todo tipo de abusos y excesos en el manejo del presupuesto público y con hechos que merecen un castigo en ley; pero tampoco hay la posibilidad de que se ejerza el estado de derecho porque finalmente son aquellos los que hacen las leyes y deciden a quienes se la aplican.