Incluso consideramos que de ser real, causaría verdaderos estragos a nivel de la economía familiar. Desafortunadamente no estábamos mal, así fue y ya desde el gobierno se ha advertido que la tarifa empezará a ser efectiva a partir del próximo jueves.

Ya imagina usted el sentir de los ciudadanos, saben que se aproximan tiempos verdaderamente dramáticos y que en muchos casos los recursos familiares no serán suficientes para enfrentar esta nueva realidad. Es casi un hecho que muchos se verán impedidos para seguir enviando a sus hijos a la escuela, si para tal efecto hay que pagar transporte público.

Lo anterior se va a reflejar con mayor índice a partir de la educación media superior, porque en la mayor parte del territorio la oferta de ese nivel de enseñanza se da ya en zonas urbanas más o menos intensas; las poblaciones menores acaso llegan a nivel de primaria completa, no más.

Es francamente preocupante, porque estamos obstaculizando el futuro de las próximas generaciones y eso significa que no obstante los bajos niveles de preparación promedio con los que cuentan los mexicanos, así como vamos, en lo sucesivo parecemos estar dando un paso atrás.

Por eso consideramos como una realidad que este anuncio del incremento de tarifas ha sido otro duro golpe a los morelenses, a quienes sólo les asiste el recurso de la protesta pública, a través de algunas manifestaciones populares que se antoja subirán de tono en los sucesivo.

Ya ayer, agrupaciones integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) mostraron su descontento, haciendo un llamado a la población abierta en el sentido de salir a las calles a exigir se detenga toda esta escalada de precios que son sinónimo de miseria y marginación de millones de connacionales.

José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH); José Díaz Delgado, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Antonio Rodríguez Alonso de la ANUEE, entre otros, recordaron que hoy martes realizarán una manifestación a las afueras del Congreso del estado a fin de mostrar una postura en contra de todo lo que está pasando.

Algo que nos pareció interesante de ellos es que, a diferencia de otros grupos de manifestantes, se dijeron en contra de afectar a terceros, no comparten la idea de aquellos que han venido aprovechándose de esta situación para generar inestabilidad, incluso, llegando al extremo del saqueo de todo tipo de mercancías en algunas tiendas como Walmart e incuso generando destrozos en gasolineras, cuando sabemos que son expendios que corresponden a particulares.

Y mientras la impotencia se viene apoderando de los de a pie, a nivel de las autoridades la opinión va en el sentido de que “la gente tiene que entenderlo”. La verdad es que parece una burla, no tenemos nada qué entender, simplemente no puede haber comprensión mientras el ingreso mínimo se mantenga en torno a los 70 pesos diarios.

Ya lo decíamos, cualquier familia, con dos hijos en la escuela que paguen pasajes de ida y regreso, los del padre y la madre también de salida y de vuelta al trabajo, deberá destinarle al rubro del transporte público prácticamente el equivalente a un salario mínimo.

Claro, nos referimos a quienes cuentan con un empleo formal, aquellos que viven en el desempleo enfrentarán una situación aún más complicada y no son pocos, se trata de miles, que se dedican a cualquier cosa a fin de allegarse algo para medio pasarla. Por todo eso es que nadie puede negar que vivimos tiempos ingratos y de incertidumbre para todos, pero más para los menos afortunados, que carecen de un ingreso seguro.

Y de parte de los prestadores del servicio del transporte, como que se habló de algunos compromisos, uno de ellos, expuesto casi con letras chiquitas, que en correspondencia sacarán todas las unidades “chatarra” que circulan a pesar de que conforme a la ley en la materia, no deberían.

Y le decimos que en letras muy chiquitas, porque ya verá usted que al final tampoco se cumple, van a continuar trabajando, aunque sean un riesgo para los usuarios y así contaminen terriblemente el ambiente, porque no hay autoridad que los someta al orden y los obligue a acatar las normas.

Particularmente en rubros como ese, se han observado históricas complicidades entre permisionarios y funcionarios, una unidad que no cumple con las especificaciones legales para poder ofrecer el servicio simplemente debería ser enviada al corralón, pero basta con algún acuerdo bajo la mesa para que no exista problema alguno, por eso la SMyT es una de las dependencias de gobierno que dejan más dinero a quienes la dirigen.

Ahí, a quien guste de hacer negocios, le va bastante bien, no sólo se trata de pactos de dudosa legalidad con los permisionarios, hay permanentemente un mercado abierto en lo que tiene que ver con la venta de concesiones, sobre todo de taxis.

Hay una saturación total de unidades, difícilmente alguien, incluyendo los propios funcionarios del ramo, podrían decirnos con exactitud cuál es el número de autos que se dedican al servicio sin itinerario fijo, porque son demasiados, lo vemos en horas pico en la capital del estado.

Además, a ello se agregan los denominados “piratas” que, se admite, deben ser entre mil y dos mil más, que igualmente deben su existencia a “convenios” con las autoridades, porque si hubiera una posición de absoluta legalidad, no tendríamos ese problema. Esa irregularidad alimenta incluso a la delincuencia, porque suele usarse ese tipo de unidades en la comisión de delitos como el secuestro o el robo.

En concreto, en el servicio público del transporte priva una anarquía tremenda, no existe control alguno, el compromiso gubernamental de someterlo al orden viene de décadas atrás, incluso se han hecho modificaciones a la ley para buscar su regulación, pero siempre buscarán un pretexto para no cumplirla, seguimos dependiendo de un esquema que puso en marcha el entonces gobernador Lauro Ortega Martínez por ahí por el año de 1985, o sea, hace más de 30 años, de ese tamaño es el rezago.