Ninguna transición es igual, los cambios de gobierno han tenido características propias, un elemento común es la actitud de ciertos sectores que para congraciarse con el “nuevo gobierno”, exaltan los errores del “anterior gobierno”.

Durante los gobiernos priistas, ese era el argumento principal para deslindarse de los antecesores, sin embargo hasta 2006, las diferencias entre los gobiernos entrante y saliente se “socializaron” tras dar cumplimiento al mandato constitucional de la ceremonia de toma de protesta; hasta la elección del 2000, la primer “dependencia” que se le entregaba “legítimamente” al siguiente mandatario era el total control del Partido Revolucionario Institucional.

En el año de 1994, Jorge Martínez Salgado, hombre de confianza del gobernador Riva Palacio, dejó la dirigencia de la organización priista luego del “destape” del militar Jorge Carrillo Olea, y fue así que la siguiente dirigencia se encargó de revelar los nombres de los candidatos a alcaldes y diputados locales.

Alfonso Sandoval Camuñas fue designado candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca y Jorge Morales Barud, candidato a diputado local y luego presidente de la gran comisión de la cámara de diputados, siendo estas las posiciones más importantes en la cuestión local, claramente después de la de gobernador; hay que recordar que las senadurías y las diputaciones federales eran posteriores y la determinación la tomaba directamente el Comité Ejecutivo Nacional de aquella organización.

Ambos priístas vieron el primer ascenso en su carrera política durante el gobierno de Antonio Riva Palacio López, el edil capitalino, había trabajado en el despacho del entonces gobernador y abogado, en tanto que Morales Barud, fue presidente municipal de su natal Puente de Ixtla en 1991, además de ser candidato a legislador en 1994.

Sandoval Camuñas mantuvo una relación “difícil” con el militar, al final de su gestión le “cargaron” a su presupuesto el costo de la planta tratadora de aguas residuales de Acapantzingo, que fue un proyecto del gobierno estatal, las diferencias al interior del PRI fueron uno de los factores fundamentales para la primer derrota de aquella organización, en marzo de 1997, cuando la candidata priista Ana Laura Ortega Vila, hija del ex gobernador Lauro Ortega, quedó en segundo lugar.

El proceso desde el “destape” hasta el primer informe ante el congreso del nuevo gobernador, era complejo, se realizaban investigaciones, acusaciones, se anunciaban desvíos de recursos en diversas áreas, así trascurrieron las entregas-recepción entre Armando León Bejarano y Lauro Ortega, y Antonio Riva Palacio con Jorge Carrillo Olea.

A nivel federal fue hasta la llegada al poder de Miguel de la Madrid, cuando abiertamente un presidente cuestionó el desempeño de su antecesor, desde su fundación y hasta el final del gobierno de José López Portillo, la construcción de la “sana distancia” de un gobierno a otro se generaba al interior del aparato sin involucrar a la sociedad; la renovación moral y la creación de la contraloría, institucionalizaron las venganzas políticas y las cacerías de brujas.

Memorias del alazán tostado

La lucha que libró desde Morelos para México y el mundo Emiliano Zapata Salazar, fue contra los cacicazgos políticos, económicos sociales y hasta religiosos que habían construido quienes eran los dueños de las haciendas, siendo la confirmación de que México tiene su historia vinculada a las bondades y atrocidades de los caciques, esa fue la razón por la cual la justicia social de la Revolución Mexicana se plasmó en el lema de “Tierra y libertad” y en la razón política “Sufragio efectivo, no reelección”; los mexicanos demandaban un espacio de tierra para desempeñar una actividad productiva que les permitiera satisfacer sus necesidades y las de su familia, además de la posibilidad de adaptar y asimilar una condición de las naciones desarrolladas: poder decidir a través del voto universal y secreto, el tipo de gobierno que querían otorgarse, lo que estaba impedido por la presencia de los caciques. Los mexicanos en el poder público o privado, siguen imputando conductas que la sociedad advierte como casiquiles, por ello, viven con una gran esperanza los cambios de gobierno, consideran que “un sexenio construye un cacique”.

Gonzalo N Santos, “El alazán tostado”, es referente obligado cuando se advierte la existencia de caciques en el México del siglo XX, nace en el pueblo de Tampamolón Corona el 10 de enero de 1897, descendiente de rancheros y combatientes liberales. Su educación es previsible. Unos cuantos profesores, y las lecciones de la filosofía de la “universidad de la vida”

a) desconfiar de todos

b) la crueldad es un prejuicio

c) las cosas son de quien las toma.

Pese a vivir a la sombra de sus hermanos mayores, Pedro Antonio y Samuel, Gonzalo se sintió destinado a dar órdenes.

Carlos Monsiváis comenta sus memorias en un artículo publicado en el año 2000 bajo el título “La moral es un árbol que da moras”, frase que se atribuye al político, en el que señala: “¿Cómo hacerle justicia a las memorias (1987) de Gonzalo N. Santos, el casi eterno cacique de San Luis Potosí, el alazán tostado, el señor del gargaleote, una de las leyendas negras de la revolución mexicana? En sus 943 páginas, el libro de Santos es varias cosas a la vez, el relato de un self-made man en la etapa en que todos lo son, de un testigo y actor del primer rango de la segunda fila. Memorias es el alarde de crímenes y fraudes, el canje de la demagogia por el cinismo y la provocación, el desfile de personajes que los lectores encuentran pintorescos porque ya no tienen oportunidad de ser sus víctimas. Las memorias de Santos son reiterativas, confusas en ocasiones, transcritas sin mayores correcciones de la grabadora o de la libreta de apuntes, presuntuosas y —desde nuestro punto de vista— demasiado afrentosas, sin embargo, o gracias a eso, se dejan leer compulsivamente, el testimonio más vívido del sector revolucionario negado al idealismo y entregado a las complicidades que quieren prestigiarse con el nombre de sistema.
Gonzalo N. Santos, y muchísimos como él, se incorporan fatalmente a la lucha armada. No tienen otra, es la hora de la audacia, de la sangre fría, del arrojo suicida, del canje de cualquier perspectiva ética por la sobrevivencia, de la noción del poder como un botín estricto, y de la identificación de lealtad e inminencia de la traición. En este sentido, el testimonio de Santos es confiable. Si los hechos no fueron los que él narra, y su participación no fue tan determinante, lo sucedido no fue muy distinto y la psicología descrita, así no sea estrictamente la de Santos, es la de los triunfadores de entonces. Si no verdaderas, las memorias son verosímiles, así se mezclaron y se exhibieron las emociones de los revolucionarios entusiasmados con Francisco I. Madero, indignados con el cuartelazo de Victoriano Huerta, partidarios de Venustiano Carranza, admiradores de Álvaro Obregón, enemigos o amigos sumisos de Plutarco Elías Calles. Estos aspirantes a caudillos fusilan al compadre, renuncian con celeridad a los lazos fraternos, viven en la conspiración perpetua animada por el cognac y las hetairas, se transforman al subir al estrado para el discurso, lloran al recordar al jefe asesinado, toman posesión "para siempre" de su encomienda.
Y se aíslan progresivamente mientras el régimen se adecenta, o finge hacerlo; los modales se refinan, los funcionarios ya vienen de universidades extranjeras, los licenciados eficaces sustituyen a los gobernadores analfabetas. Santos comienza como uno de tantos, producto típico de la violencia y de la habilidad para filtrarse entre los resquicios de la violencia. Y su "mala suerte" es no morir al lado de su momento histórico, terminar como el gran anacronismo, el cacique aferrado al latifundio que se reparte. El revolucionario mitómano se convierte en el funcionario a tropezones y en el gobernador de San Luis Potosí que designa a sus reemplazos, y se impone con gritos, miradas, desaparición abrupta de "los escollos" a los que se les adjuntan actos de defunción, fraudes electorales, cultivo del latifundio, buenas y malas relaciones con los presidentes de la república. Lo que pasa por largo tiempo como "la expresión violenta de un temperamento nacionalista" se vuelve luego museo ambulante de las malas maneras y los despropósitos.
Todo marca a Santos: sus frases cáusticas, sus apetitos desembozados, su ostentación machista. Si de algo se distancia es de los hábitos de la modernización. Así lo reconoce en diciembre de 1959, al empezar sus memorias:      
Hace un año y medio exactamente que salí de aquí, de Gargaleote, primero a los Estados Unidos y después a Europa, y llevaba el firme presentimiento cuando me fui de que iba a dilatar mucho tiempo en regresar, porque sentía que la deslealtad, la traición y la cobardía me rodeaban. También llevaba no sólo el presentimiento sino la seguridad de volver cuando la jauría se cansara de ladrar.

El extenso documento de Monsiváis concluye con la siguiente reflexión: El "México institucional" ya no soporta a personajes como Santos. Los presidentes no admiten la democratización (la detestan), pero la barbarie tal cual sonroja en público (y regocija en privado) a los nuevos administradores del poder. Santos, el arquetipo, no entiende la transformación de su trayectoria en currículum, y se jacta hasta el final de sus haberes: a su hermano Pedro Antonio lo fusilaron las tropas de Victoriano Huerta, él fue secretario del Partido Nacional Revolucionario en el Distrito Federal (1929) y secretario general del Comité Ejecutivo (1929), cinco veces consecutivas diputado federal entre 1924 y 1934, senador (1934-40), y gobernador de San Luis Potosí (1943-49). ¿Cómo aceptar entonces que los presidentes lo rehúyan, que Luis Echeverría le dé clases de moral del tercer mundo y que José López Portillo firme el decreto que en 1978 afecta su latifundio de “el gargaleote”? Gonzalo N. Santos muere en 1979, en la Ciudad de México, ya convertido en espectro del caciquismo. Lo sobreviven todos los caciques, pintorescos o no, ya persuadidos de que adular hasta lo último al presidencialismo es su única gran fuente de modernidad y legitimidad. Lo demás es pintoresquismo que mucho agradecerán los escritores que sepan darse cuenta.

Los métodos del cambio

La singularidad en la sustitución o cambio de gobierno, motiva la revisión histórica de esos procesos, Puebla fue gobernado por Manuel Bartlett Díaz quien ingresó a la vida pública en 1962, como secretario auxiliar de Javier Rojo Gómez, en la Confederación Nacional Campesina, fue secretario de gobernación de 1982 a 1988, él fue el responsable del proceso electoral federal de 1988, cuando se “cayó y calló” el sistema de conteo de votos, fue secretario de educación con Carlos Salinas de Gortari de 1998-1992, gobernador de Puebla por el PRI de 1993-1999 y senador por el mismo partido también en Puebla de 200-2006, fue designado candidato a senador por Puebla del Movimiento Progresista el 6 de marzo de 2012, junto con la corredora Ana Gabriela Guevara y el candidato a gobernador de Quintana Roo Gregorio Sánchez, (encarcelado días antes de la eleccion por supuestos vínculos con el crimen organizado).

Alejandro Mondragón relata así el inicio y el fin de su gestión como gobernador: “Apenas supo que sería el candidato del PRI a la gubernatura, Manuel Bartlett Díaz empezó a tener encuentros con personajes de todos los ámbitos en Puebla. Hasta sus oficinas en el Distrito Federal llegaron políticos, empresarios, notarios, periodistas y todo aquel influyente poblano.

Bartlett los escuchaba. Un buen día tomó el teléfono y pidió un encuentro con Mariano Piña Olaya.

El entonces mandatario estatal lo recibió con jeta, porque nunca fue su candidato.

Ahí, en su oficina, escuchó una clara advertencia de Manuel Bartlett: yo seré el candidato y el futuro gobernador de Puebla, así que no quiero ningún nuevo permiso de venta de terreno, entrega de concesión de taxis o licencia de funcionamiento de negocios o construcción. Nada es nada.

En esos términos se había registrado el primer proceso de entrega-recepción. Piña Olaya ignoró lo referente a la expropiación de la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzacóatl y continuó la venta de predios. Bartlett endureció la quijada y desde Tlaxcala alentó amparos de afectados para que una vez en el poder se revirtieran las operaciones consideradas por muchos como fraudulentas.

No persiguió a Piña Olaya, aunque la iniciativa privada se lo demandó, a través de sus operadores Alberto Jiménez Morales, jefe de asesores; y René Meza Cabrera, director de tránsito. Lo único que hizo como candidato fue cercarlo y ya en el cargo tirarle el negocio. Jorge Estefan y José Luis Flores, a la postre secretarios de la contraloría y finanzas, fueron los encargados de la entrega-recepción.

Está claro que en política quien las hace no las consiente. Y Manuel Bartlett, una vez que Melquíades Morales ganó la interna priísta aquel 24 de mayo de 1998, mantuvo una relación institucional. Ya cuando el oriundo de Ciudad Serdán se impuso en la elección constitucional, su representante Víctor Manuel Giorgana acudió a palacio de gobierno con su equipo para iniciar los términos de la transición.

¿No hay nada?, le respondió el entonces secretario de gobernación, Carlos Meza. Manuel Bartlett había dado la instrucción de no entregar ningún expediente hasta el último día de su mandato.

Y en efecto, Giorgana comunicó la noticia al gobernador electo, quien no le quedó otra más que aguantarse hasta el primer minuto del 1 de febrero del año 1999. Los habían mandado derechito a Chihuahua a un baile.

Eso sí, Bartlett una semana antes de dejar el cargo abandonó casa Puebla y se fue a despachar al entonces hotel Mesón del Ángel, hoy Marriot.

En ambos casos, se impuso el estilo personal del mandatario que entraba fuerte (después del piñaolayismo) y que salía (con el melquiadismo)”.

De lo legal a lo legítimo

La entrega-recepción en lo legal, sigue una metodología que se ha construido y reglamentado a lo largo de los cambios sexenales, en cada proceso se descubren nuevas necesidades y posibilidades que son inscritas en las normas jurídicas que rigen el proceso de conocimiento del nuevo gobierno de la situación que guarda la administración pública.

La entrega legítima del poder, se da en un escenario “político” que no ha sido reglamentado, cada presidente de la república ha utilizado un método que es acorde con su estilo de gobernar, cuando existen grandes diferencias entre el jefe del ejecutivo que entra con el que sale, se han dado los conflictos legítimos y legales que están registrados y documentados en diversas publicaciones.

Un manual para la entrega-recepción del poder político del país o de un estado como Morelos, no existe, es difícil de establecerse cuando deberá “respetar el estilo de gobernar de los involucrados”, por ello la nueva entrega “legítima o política” merece un seguimiento mediático propio.

En el Morelos del siglo XXI, se han realizado con la actual, 3 entregas-recepción, en el 2000 el PRI entregó al PAN, en ese entonces la huella singular, fue la conclusión de un gobierno de “experiencia a un gobierno sin experiencia”, la “diarrea legislativa”; en el 2006, el PAN le entregó al PAN, algunos apostaron a un proceso de continuidad de los logros y avances de la gestion anterior y el impulso de los temas que quedaron pendientes, sorprendió la reproducción del “estilo priista” de “acabar con el antecesor, para tomar el poder y el control político de la entidad”.

Transcurren ya los últimos 45 días de una gestión que inició el primero de octubre de 2006, existen diferencias ya en varios temas, la diversidad de declaración de quienes concluyen y de los que llegarán en torno a temas sociales como la posibilidad de incrementar el pago de los viajes en el transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, advierten diferencias.

Desde que se nombraron a los representantes del gobierno 2012-2018 y los del 2006-2012, surgió una expresión que advirtió que en lo legítimo hay diferencias, ellos señalaron que la partida financiera inscrita para el proceso de entrega-recepción de 600 mil pesos era insuficiente, y advirtió que no tomaron en cuenta la posibilidad de perder la elección.

La respuesta desde el gobierno saliente fue, que así se presupuestó y que no se podía atender la demanda de que se incrementara a 2 millones de pesos, los comunicados en donde participan los titulares de ambos equipos, advierten públicamente que se avanza en los temas importantes de este proceso, al mismo tiempo trascienden las diferencias de los avances que tienen los equipos que trabajan en las diferentes áreas.

El pasado lunes en su reunión con los medios de comunicación, el gobernador electo Graco Ramírez Garrido Abreu, aseguró que no recurrirá a la venganza política, que va a trabajar por la reconciliación y que no ejercerá venganza política contra Jorge Carrillo Olea, Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame Castillo; en la reunión se tocó el tema del ex delegado de Sagarpa Roberto Ruiz Silva, que participa en el equipo del Movimiento Progresista en la materia de desarrollo agropecuario y que externó su participación previo al día de la elección, y que además fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública para colaborar con el gobierno durante los próximos 11 años. Sobre el tema del gobernador electo, aseguró que era una venganza de un funcionario menor y un senador.

Las auditorías políticas

A este ex funcionario federal, le practicaron lo que durante los gobiernos priistas se conoció como una “auditoría política” que institucionalizaron los gobiernos panistas, un ejemplo de ello fueron los procesos administrativos que se le siguieron a funcionarios del sector salud y de la oficialía mayor del gobierno del PAN de 2000-2006; al inicio de la administración que estaba por concluir, Alfonso Pedroza fue inhabilitado por la autoridad estatal mientras era funcionario federal en Guerrero, concluyó en la vecina entidad su gestión y se jubiló.

Durante los últimos años, se han enriquecido y ampliado las leyes sobre la vigilancia y supervisión del manejo de los recursos públicos, su aplicación no es discrecional, existen métodos y tiempos que deben respetarse y cumplirse para dar por terminada la satisfacción de la autoridad, la conclusión de una gestion y la sustitución de funcionarios.

Hoy la práctica de:”la cacería de brujas”, “las venganzas y las revanchas políticas”, o la legitimación del inicio de un nuevo gobierno, persiguiendo a funcionarios del anterior, se considera socialmente inaceptable, además que se perjudican las acciones del mismo.

Hoy existen leyes que sancionan el incumplimiento de la ley, está bajo sospecha el desempeño partidizado de la auditoría superior de fiscalización del congreso del estado de Morelos, el próximo gobierno anuncia una revisión y actualización de esa dependencia para que cumpla, a satisfacción de la sociedad, con la función para la cual fue creada.

Se han anunciado la revisión por despachos especializados y externos del manejo de los créditos que con el aval del gobierno estatal se gestionaron a favor de diversas dependencias y gobiernos municipales; en la presente semana, además del tema de la tarifa del transporte, se generan expresiones encontradas, el pago pendiente a los maestros jubilados y pensionados, las negociaciones con los afectados por diversos proyectos inconclusos, como son el gasoducto y la termoeléctrica, así como otros tramos carreteros.

Desde la sociedad, la percepción de que no se desarrollarán venganzas políticas genera tranquilidad, misma que se incrementa cuando se agrega la certidumbre de que el ejercicio del poder se dará bajo un estricto apego a la legalidad y que no se concederá impunidad a quienes en el pasado reciente actuaron desde el poder ajenos a los mandatos jurídicos, la omisión tiene una condición legal, y también una legítima.

Existe un compromiso legal con cerca de 400 mil votantes que apoyaron un proyecto, así como los que construyeron el universo de 860 mil ciudadanos que lo integran, más del 60 por ciento del padrón electoral, y que creyeron en otras opciones; los gobernantes, son de todos los gobernados, y su compromiso es cumplir y aplicar la ley.