El 23 de febrero de 1964, en Cuernavaca, el candidato panista a la presidencia de la república José González Torres expresó lo anterior bajo el título de “Municipio libre: castigo a autoridades infieles”, ahí se confirma que hace casi 50 años, la percepción social sobre el desvío de recursos públicos era una “sospecha” que se advertía en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, los historiadores advierten la corrupción gubernamental en nuestro país.

El sistema de rendición de cuentas del gobierno en todos sus niveles permaneció “intacto” hasta 1983, cuando el candidato a la presidencia de la república Miguel de la Madrid Hurtado del Partido Revolucionario Institucional inició su campaña, con la consigna de buscar “la renovación moral de la sociedad”, en aquella época la percepción social expresó que durante aquel gobierno la “moral, era una planta que daba moras”, y que “la moral sí existía en el sector público, pero que se estaba renovando, que cuando se acabara de renovar, se volvería aplicar”.

Fue durante esa administración cuando se creó la Contraloría General de la Federación. Su función trascendió las fronteras, cuando desde ahí se inició el proceso legal para desaforar y encarcelar al senador priista por Sonora Jorge Díaz Serrano, quien fue detenido y encarcelado como presunto responsable del desvío de recursos públicos, durante su gestión como director general de Petróleos Mexicanos, durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982).

En 2009 se le cambió el nombre por el de Secretaría de la Función Pública, inmersa la dependencia en graves señalamientos sobre el cumplimiento del objetivo para el cual fue creada y justificando la aplicación de supuestas medidas de austeridad en el gasto público, éste es el órgano de fiscalización que se construyó el Poder Eecutivo y que es previo a la revisión de cuentas que realiza por mandato constitucional el Poder Legislativo, con el apoyo de la Auditoría Superior de Fiscalización.

ANTECEDENTES DE LA FISCALIZACIÓN

Es difícil definir con precisión cuándo surgió la primera institución de rendición de cuentas. En el siglo XII, Felipe Augusto II llegó a ser rey a la edad de 15 años y fue el primero en ostentar el título de “rey de Francia”. En una época de grandes enfrentamientos militares, Felipe Augusto consiguió asegurar el poder real a través de cambios políticos y administrativos significativos.

Fue hacia el año de 1190 que el Rey Felipe Augusto II emitió un edicto, mediante el cual se ordenaba la creación de la Corte de Cuentas, quizás la más antigua institución de su tipo, aunque su obligación no era la de rendir cuentas al pueblo sino al rey y a su corte.

En el año de 1256, San Luis reafirmó la importancia del personal encargado de revisar las cuentas; a partir de 1303 dicho personal quedó instalado en un salón particular llamado la “camera computorum” (cámara de las cuentas) en el Palacio de Justicia.

Sin embargo, entre 1319 y1320 fue establecida la primera Cámara Real separada, mediante el Edicto de Vivier en Brie pronunciado por Felipe V.

Años más tarde, en 1365, se dio otro de los primeros antecedentes de las actuales entidades fiscalizadoras: la Cámara de Comptos de Navarra; el tribunal de cuentas más antiguo de España y uno de los primeros en su tipo en el continente europeo. Su fundación fue ordenada por el rey Carlos II de Navarra, quien decidió organizar las cuentas reales a través de esta institución, misma que contó con amplias competencias.

Poco después se fundó el Tribunal Mayor de Cuentas, creado por las

Cortes Españolas en el año 1453 para fiscalizar la Hacienda Real, que fue instituido en la Nueva España en el año de 1519 con el propósito primordial de revisar los gastos de expedición de Hernán Cortés.

EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE

Desde su primera Constitución Política de 1824, México contó con la Contaduría Mayor de Hacienda, con la encomienda de realizar el examen y la glosa de la contabilidad de los ramos de Hacienda y Crédito Público del presupuesto federal.

En 1838 pasó a formar parte del Tribunal de Cuentas, que se extinguió por decreto del 2 de septiembre en 1846, por lo que volvió a su forma de Contaduría Mayor hasta 1853, cuando retomó la denominación de Tribunal de Cuentas, la cual se mantuvo por dos años. En 1865 volvió a sufrir una transformación al restituirse el Tribunal de Cuentas por orden del Imperio Mexicano. Fue hasta 1867 que retomó su denominación original, la cual permaneció sin cambios hasta el año 2000, en el cual las reformas constitucionales permitieron la creación de la actual entidad fiscalizadora superior mexicana: la Auditoría Superior de la Federación.

LA AUDITORÍA DEL CONGRESO

El 2 de marzo de 1966, el gobernador Emilio Riva Palacio Morales crea la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del H. Congreso del Estado, como órgano técnico se encargaba de la revisión y calificación de las cuentas públicas del Estado y sus dependencias, de los ayuntamientos y de los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, careciendo de autonomía técnica y de gestión.

El último contador mayor de Hacienda fue el perredista Antolín Escobar Cervantes, en 2003 se reformó la constitución y se creó la Auditoría Superior Gubernamental del Congreso, dotándola de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, de gestión y presupuesto para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones; cuyas funciones iniciaron el 1 de septiembre de 2003, siendo la primera titular la diputada priista Diana Recio de Ramos. Quien fue retirada del cargo cuando se confirmó que no cubría los requisitos de ley para ser designada como titular. Se designó de forma temporal y luego se confirmó como titular al perredista Gerardo Casamata Gómez.

El 16 de julio de 2008 se crea la actual Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, como el Órgano Técnico de Fiscalización, Control y Evaluación, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley, y estará a cargo del auditor superior de fiscalización. Con dicha reforma, se aprueba la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, publicada el día 1 de octubre, la cual indica que el titular de la Auditoría Superior, será designado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión de pleno, de una terna propuesta y evaluada por la Comisión Calificadora, y durará en su encargo siete años. Se ratificó al perredista Casamata Gómez.

Luego de un conflicto con los diputados de la legislatura que entró en funciones el primero de septiembre de 2009, y que se integró con 15 diputados del PRI, tres del PRD y seis del PAN, se destituyó a Casamata y se nombró al ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Luis Manuel González Velásquez.

La función de la Auditoría Superior de Fiscalización es la de fiscalizar las cuentas públicas de la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada de los poderes y los ayuntamientos, los organismos autónomos constitucionales y en general todo organismo público, persona física o moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto.

La modificación en 2008 del órgano fiscalizador se dio como consecuencia de los señalamientos públicos de incapacidad para sancionar a los funcionarios de la administración panista 2000-2006, a quienes se señaló como responsables del desvío de recursos públicos, se aseguró que existía un acuerdo entre el PRD y el PAN para dar impunidad a funcionarios de aquel partido.

Al Poder Ejecutivo le corresponden dos funciones primarias: legislar y vigilar el estado que guarda el patrimonio nacional, el segundo punto es el que involucra la necesidad de crear un órgano de rendición de cuentas o de fiscalización, en los últimos años la pérdida de la confianza entre poderes se incrementó, durante los 70 años de la “dictadura perfecta” el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se movieron en torno a la figura presidencial, los enfrentamientos fueron inexistentes pues existía un "gran tlatoani” que “regulaba” la relación entre poderes.

Las consignaciones de ex funcionarios por señalamientos de corrupción estaban vinculados a diferencias entre los equipos del gobierno; Jorge Díaz Serrano opinó ajustar el precio del petróleo y el gabinete económico que encabezó Miguel de la Madrid durante el gobierno de José López Portillo, aseguró que para “preservar la imagen presidencial era indispensable mantener la estabilidad interior sobre la competitividad en los mercados internacionales”.

Díaz Serrano fue separado del cargo, nombradocandidato a senador y cuando Miguel de la Madrid rindió protesta, sobre el petrolero se aplicó “la renovación moral de la sociedad”, condiciones similares enfrentaron Alfredo Ríos Camarena, director del Fideicomiso de Bahías de Banderas, y otros personajes que fueron “ejemplo de la lucha anti corrupción” de cada sexenio que se inició.

Cuando se consignó a Raúl Salinas de Gortari, al margen de las investigaciones por sus posibles vínculos con otros delitos, se revisó su paso al frente de organismos descentralizados y la falta de transparencia con la que se distribuyeron recursos desde aquellas instituciones durante su época.

PARTIDIZADA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Al inicio de la actual legislatura se revisó desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional, la permanencia de Gerardo Casamata Gómez como titular de la Auditoría, el argumento central era que durante su gestión desde 2003 se había dado impunidad a los gobiernos panistas del municipio y del estado y que sólo se había procedido legalmente contra algunos ediles priistas.

Con 15 de 30 de los diputados del Congreso local acordaron la destitución, el funcionario removido buscó la protección de la justicia para “defender sus derechos laborales” y es una de las razones por las cuales la actual legislatura concluye su gestión inmersa en la descalificación y el descrédito social. Las encuestas advierten que el nivel de confianza y credibilidad de los diputados, es similar al de los cuerpos policíacos.

Removieron a un simpatizante del Partido de la Revolución Democrática para designar al ex presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Luis Manuel González Velásquez, de quien afirma está vinculado al grupo tricolor que impulsó la candidatura a gobernador del ex legislador local Amado Orihuela Trejo, que fueron ellos quienes lo impulsaron para llegar a esa posición, algunos aseguran que en “sus ratos libres” participó en las tareas de proselitismo a favor del ex líder campesino.

El primero de julio pasado, cerca de 840 mil electores determinaron que el Congreso del Estado de Morelos se integre a partir del 1 de septiembre a base de “minorías”, que deberán construir acuerdos para impulsar un gobierno coaligado con todas las fuerzas para impulsar proyectos y modificar normas jurídicas.

También determinaron que Graco Ramírez sea el próximo gobernador del estado, que en el Congreso de la Unión estén dos senadores del PRD, uno del PRI y cinco diputados federales de distrito del Movimiento Progresista, plurinominal del PAN y una plurinominal del PRI. Finalmente ordenaron que un importante número de municipios cambien de partido que los gobiernan, en el pasado proceso la mayoría fue para el PRI, hoy el PRI conserva la capital y el resto serán gobernados fundamentalmente por el PRD.

Las administraciones municipales concluyen el 31 de diciembre del presente año, tienen seis meses para revisar el estado que guardan las finanzas municipales, un importante número de estos municipios pidieron con la autorización del actual Congreso y el aval de gobierno estatal saliente créditos a diversas instituciones financieras, los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla destacan por los montos de dichos financiamientos, el destino final que tuvieron esos recursos debe ser revisado por la Auditoría Superior de Fiscalización.

La designacion de Luis Manuel González Velásquez trasciende la conclusión de la gestion legislativa, estatal y municipal, a él le tocará revisar las cuentas públicas de las administraciones municipales que están por concluir, la mayoría son hoy del partido en el cual milita y que se convirtió en la segunda fuerza estatal, pero que sólo conserva en realidad la capital del estado, en el Congreso su bancada no significará más del 25 por ciento de la representación popular.

El gobierno electo anunció la contratación de un despacho externo para que revise la aplicación de créditos en los municipios y en el gobierno estatal (el lunes 30 de julio trascendió que Banobras entregó un crédito de 300 millones de pesos al gobierno estatal), la intención es conocer antes de que concluya el actual gobierno cuál fue el destino, la Auditoría tiene plazos para revisar las cuentas de 2010 y 2011, plazos posteriores a la conclusión de las actuales gestiones municipales.

Al igual que en 1964, la sociedad al margen del cambio de partidos conserva la percepción de que un importante número de funcionarios gubernamentales, sin distinguir si son municipales, estatales o federales, se siguen enriqueciendo sin castigo y que defraudan la confianza de la sociedad y de los gobernantes que los nombraron como sus colaboradores. Ésta puede ser la primera ocasión en que la revisión de las cuentas se inicie antes de que concluya la administración y sea a través de miembros de la sociedad ajenos al compromiso político electoral, que se ha construido durante los últimos 15 años entre los integrantes y empleados de las diversas fuerzas políticas.

También debe revisarse la propuesta de revisar la integración del actual órgano de fiscalización para elevarle las condiciones con las cuales funciona y que se convierta en una estructura más confiable y que obligue a los empleados gubernamentales a respetar los recursos públicos al margen de la militancia partidista que tengan.

Según estudiosos del desempeño público, la corrupción ha permeado a todas las fuerzas politicas con registro en el país y las expresiones de corrupción y búsqueda de impunidad es al margen de las ideologías o los colores de organizaciones que los impulsaron.

Durante los próximos meses, un tema importante de la agenda pública será la fiscalización de los recursos públicos, destinados a diversos programas que buscan elevar la calidad de vida de los habitantes de Morelos y que se “sospecha” se emplearon para “elevar la calidad de vida de la burocracia”, sin llegar a quienes son sus destinatarios.

LAS AUTORIDADES LABORALES

Abogados laborales que han tratado asuntos para empresas con sucursales en Morelos, aseguran que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la entidad es la más corrupta de todo el país, otros advierten que Morelos y Guerrero funcionan con altos niveles de impunidad. En Morelos se presentan 33 denuncias laborales diarias, en Oaxaca menos de 10 en el mismo periodo, aseguran empresarios.

Durante los últimos 18 años el arribo de inversiones importantes al Estado de Morelos, registra niveles inferiores a los de entidades con condiciones similares. Un ejemplo es el deterioro de más de dos décadas que presenta el zócalo de la capital, en comparación con las plazas públicas de las capitales de otras entidades.

Ese deterioro se justifica por las condiciones adversas con las que se enfrentan quienes tienen la intención de invertir en Morelos, entre las que destacan la inseguridad, la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra y los conflictos laborales, empresarios nacionales consideran que el último evento importante en materia económica para Morelos fue la inauguración de la plaza comercial sobre el libramiento de Cuernavaca.

Desde aquella fecha, se ha realizado una interesante lista de anuncios sobre proyectos que no han impactado en la vida cotidiana de una región de la entidad, como lo provocó aquel desarrollo comercial y de servicios, a donde acuden compradores de toda la entidad y del norte del Guerrero.

Los inversionistas siguen considerando que desde los gobiernos se ha protegido la impunidad y la corrupción al interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y hasta en la representación federal, como cuando desde esa instancia se ordenó la entrega del Hotel Ilebal, al empleado de jardinería de la casa del propietario, por una denuncia por despido injustificado.

La generación de empleos dentro de la economía formal es inferior a las expectativas que provocó el gobierno al inicio de la administración federal, se ha dado un impacto importante en la economía informal durante los últimos 18 años, consecuencia -según los líderes empresariales- de la improvisación de las autoridades encargadas de la atención a proyectos productivos y confirman que la corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue un tema que se trató durante el proceso electoral con todos los candidatos a gobernador y con los aspirantes a los puestos de representación popular en el ámbito federal, con los que realizaron reuniones de trabajo.

El pasado martes sostuvieron una reunión los empresarios de Canirac, que preside Rodolfo Ramírez Cobarrubias, con el coordinador del grupo de enlace de la comisión de entrega recepción por parte del gobierno entrante Jorge Meseguer Guillén, ahí se expusieron las necesidades del sector que a través de cerca de 10 mil establecimientos en los 33 municipios, generan cerca de 100 mil empleos directos, más los indirectos de los proveedores de insumos y servicios que utilizan.

Un asunto importante fue la corrupción que afecta la imagen de la entidad y que frustra el arribo de visitantes, el número de comensales en algunos restaurantes disminuyó en más de un 25 por ciento al comparar las cifras de julio de 2011 con julio de 2012, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se dé seguimiento a las demandas de los empleados que fueron separados de sus fuentes de trabajo por la disminución de ingresos en esta actividad.

Según algunos integrantes del Concejo Coordinador Empresarial de Morelos, corrupción, la falta de una política adecuada para controlar la impunidad que impera en las relaciones obrero patronales de Morelos y las consecuencias de la violencia, afectaron la intención de impulsar más inversiones para Morelos.

Advierten que se cuenta con una importante lista de recursos y condiciones para impulsar un crecimiento económico que eleve la calidad de vida de los habitantes de los 33 municipios de la entidad, reclaman la realización de acciones gubernamentales para que se recupere la confianza de los hombres de negocios y que vean a la entidad como una región para realizar actividades productivas, al margen de seguir utilizándola como espacio para descansar y convivir en los fines de semana y durante algunos periodos vacacionales.

La determinación con la que actúen los gobiernos para revertir la imagen de corrupción y de impunidad que se proyecta ante la “complicidad” con la que afirman funciona las instancias encargadas de vigilar el cuidado de los recursos públicos será básica para que se recuperen y se amplíen en el futuro inmediato las inversiones, aseguran los hombres de negocios.