Es la segunda ocasión que el titular del Poder Ejecutivo le entrega a un nuevo gobernador de diferente partido. En el 2000, Jorge Arturo García Rubí, gobernador interino que cumplió la “ampliación del periodo sexenal de mayo a octubre”, le entregó la administración al primer mandatario panista, Sergio Estrada Cajigal.

Fue la del 2000 la primera eleccion del nuevo milenio, la primera de mandatario estatal organizada por una autoridad electoral ciudadanizada, la primera que se realizaba entre integrantes de diferentes fuerzas políticas (los priistas concluyeron y le entregaron a los panistas), y la primera que se realizó luego de la primer “Diarrea Legislativa”.

Fue una transición agresiva, en la que los meses posteriores al 2 de julio día de la eleccion, los partidos políticos, los candidatos que fueron electos y los que quedaron desplazados, terminaron de enfrentarse luego de conocer el resultado en las urnas.

El PRI y el PRD enfrentaban una crisis al interior de su estructura electoral, sin embargo sus representantes populares en el Congreso estatal habían logrado construir acuerdos, luego de que pactaron la sustitución de Jorge Carrillo Olea.

Los representantes populares que integraron la legislatura local 1997-2000 eran 12 del PRI, 12 del PRD, uno del PCM y 5 del PAN.

Del 2 de julio al 31 de agosto del 2000, 25 legisladores de partidos diferentes al que iniciaba su gobierno el primero de octubre, realizaron una serie de modificaciones a las leyes y a la Constitución Política del Estado, que disminuyeron las facultades del Poder Ejecutivo y le entregaron mas atribuciones al Legislativo.

Un elevado porcentaje de las modificaciones que durante esos casi 60 días realizaron los legisladores fueron revertidas en las siguientes legislaturas a consecuencia de la “parálisis” que provocaban en el Poder Ejecutivo y en su relación con el Legislativo y el Judicial.

La alianza PRI-PRD fue para afectar el desempeño del primer gobierno que surgió luego de 70 años de un partido diferente al que representó “La Dictadura Perfecta”.

Hoy el congreso local esta integrado por suplentes, titulares y sustitutos que provienen en una amplia mayoría de fuerzas políticas diferentes a las que integraron el Movimiento Progresista, (PRD-PT-MC).

El Partido de la Revolución Democrática tiene tres legisladores, el PT uno y el Movimiento Ciudadano uno; el PRI tiene hasta el próximo 31 de agosto 15 diputados (titulares, suplentes y sustitutos), el PAN seis y hay que agregar las representaciones de las fuerzas que impulsaron las alianza del PRI-Panal.

El coordinador de la bancada del PRI en 1997 fue Víctor Saucedo. A él y asus  asesores y legisladores del PRD se adjudicó en su momento la “autoría intelectual” de la “diarrea legislativa”. Este término lo expresó el diputado 2000-2003 Tito Sagahón, cuando se “mediatizaron” las iniciativas que aprobó la Legislatura 1997-2000 para modificar la relación entre poderes y “ajustarla” a la nueva correlación de fuerzas producto del resultado de la eleccion, según expresaron los propios representantes populares en aquel momento.

Este lunes el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jorge Arizmendi, le declaró a Ana Lilia Mata, reportera de La Unión de Morelos, que su bancada tiene la intención de convocar a periodos extraordinarios después del primero de agosto cuando regresen de vacaciones. La intención es atender asuntos que se relacionan con temas de seguridad, educación y transporte, que son “sustantivos”. Negó que su bancada tenga la intención de afectar a través de reformas y leyes el gobierno que encabezará el perredista Graco Ramírez Garrido Abreú y asegura que la actual legislatura “es de altura, nivel, madurez, y no afectarán al próximo gobierno”.

EL PACTO DE NO AGRESIÓN

El 8 de julio, luego de que le fue entregada la constancia de mayoría al ya gobernador electo Graco Ramírez Garrido Abreú, se realizó la primera reunión entre Marco Adame y el futuro mandatario. Según el comunicado gubernamental de aquel día, fue un evento cordial al que acudieron las esposas de cada uno de los protagonistas, y ahí -según el documento enviado por la coordinación de comunicación política- el perredista expresó: “No voy a ninguna cacería de brujas, ni a ninguna revancha sino a continuar responsablemente con la confianza que me otorgaron los morelenses para trabajar por el bien y a favor de Morelos, con la certeza de que la voluntad política del gobernador Adame es esa, trabajar juntos en la transición de la mano, para que las comisiones correspondientes trabajen en ese sentido”.

El comunicado de la oficina del gobernador electo señaló: “Graco Ramírez, gobernador electo de Morelos y Marco Adame, mandatario estatal en funciones se reunieron ayer por la tarde para hablar sobre la transición política que se generará en el estado a partir de la toma de posesión de Graco Ramírez.

Graco Ramírez destacó que en su gobierno no habrá “cacería de brujas”, pues serán los órganos fiscalizadores los que se encargarán de evaluar a la administración saliente.

En tanto, Marco Adame declaró que los ciclos políticos y cambios de administración no detendrán la marcha del estado.

“Quiero reconocer la extraordinaria disposición y voluntad política del gobernador electo para establecer las mejores condiciones que les permitan a nuestro estado, un tránsito hacia el nuevo gobierno en las mejores condiciones con toda la disposición para conforme lo establecen nuestras leyes se puedan instalar las comisiones de entrega a recepción y el diálogo permanente”, expresó Adame Castillo”.

La revisión de cuentas por parte de las instancias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley sin incurrir en “cacerías de brujas”, es un argumento recurrente en las sucesiones de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Lauro Ortega Martínez aplicó la ley y ocasionó el exilio físico y político de su antecesor Armando León Bejarano, acusado de enriquecimiento inexplicable.

Antonio Rivapalacio mantuvo una relación “tensa” con su antecesor y al final de su gestión varios de sus colaboradores del área económica y financiera fueron investigados por supuestos desvíos de recursos por el gobierno del General Jorge Carrillo Olea.

Riva Palacio López, fue enviado como embajador a Ecuador. Al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo regreso a Morelos. Al final del sexenio el militar fue separado del cargo a consecuencia del alto número de secuestros que se registraron durante los cuatro años de su gobierno.

La administración 2000 no tuvo tiempo ni condiciones para iniciar la tradicional persecución del antecesor. Sergio Estrada inició su gobierno y a las pocas semanas se anunció que el gobierno priista había dejado micrófonos en las principales oficinas de Palacio de Gobierno.

Sergio Estrada le entregó el gobierno a Marco Adame en 2006. La entonces contralora Patricia Mariscal anunciaba el inicio de dos investigaciones a ex colaboradores de Sergio Estrada, al Oficial Mayor Alfonso Pedroza y al ex Secretario de Salud, Antonio Campos Rendón.

Luego de varios meses, se aplicaron sanciones administrativas y se especuló que el ex gobernador estaba enterado y se había beneficiado con aquella desviación de recursos.

El primero de octubre deja el gobierno Marco Antonio Adame Castillo. El martes se entregó un predio a la Secretaría de la Defensa Nacional y el lunes se realizó una reunión con la Comisión Federal de Electricidad para dar seguimiento al avance de proyectos que se anunciaron hace varios meses para Morelos en materia de distribución y generación de energía para impulsar el arribo de inversiones.

EL CASO DE CUERNAVACA

Por primera vez Cuernavaca inicia un sexenio con una administración con un partido diferente al del gobernador. Los cambios de partido se dieron en elecciones intermedias (1997 y 2009) y aquí repite el mismo partido en condiciones  singulares.

El PRI recuperó Cuernavaca en el 2009 con Manuel Martínez Garrigós. En la tercer ocasión en la que participó se enfrentó al ex secretario de Gobierno estatal Sergio Alvarez Mata.

La diferencia del gobierno estatal con los trabajadores de la educación -que provocó un movimiento social que se prolongó durante varios meses en los que realizaron un plantón en el zócalo de Cuernavaca y constantes movilizaciones- causó desencanto entre los electores. El candidato del PRD fue Alejandro Mojica Toledo y término en tercer lugar en la contienda,

El resultado electoral, “carro completo” para el PRI, provocó reacciones del PAN y del PRD.

El PRI se fracturó como consecuencia del triunfo. Durante el primer año se consideró al joven alcalde el principal aspirante a la gubernatura, pero los conflictos al interior de su partido y algunos conflictos al interior de su gobierno trajeron como consecuencia, la nominación del presidente del PRI Amado Orihuela.

Durante el proceso de precampaña se denunciaron algunos excesos en el manejo de los recursos públicos en la administración municipal.

Los datos y las cifras se han incrementado durante los últimos meses y hoy advierten señalamientos contra el que fuera aspirante a la gubernatura y que como líder estatal del PRI se integró en la lista plurinominal de diputados al Congreso local.

El presidente municipal suplente Rogelio Sánchez Gatica ha reconocido que existen cifras que no coinciden en el manejo de créditos y de presupuestos, y ha aceptado que se inicien revisiones a las cuentas públicas. El presidente municipal electo, Jorge Morales Barud, tendrá que “permitir que sean las instancias correspondientes las que realicen las revisiones y determinen lo que corresponda, no es una cacería de brujas, es cumplir con lo que manda la ley”.

Los conflictos financieros, económicos, jurídicos y laborales que enfrenta el municipio advierten que el proceso de entrega-recepción puede realizarse “bajo protesta” y que se realizara una revisión general al manejo de los recursos que se administraron.

Cuando el PRI perdió la alcaldía en 1997, la entrega- recepción fue “transparente”, los priistas de aquella época consideraron que podían recuperar tres años después la capital del Estado.

Fueron la primera fuerza junto con el PRD, en la eleccion local, (última que se celebró en marzo). En la federal mantuvieron Cuernavaca como primer distrito y perdieron los otros tres.

Recuperaron Cuernavaca en 2009 y el proceso de entrega-recepción fue “caótico”, pues entregaron el municipio “saqueado”, según denunció el propio Martínez Garrigós.

La mayor parte del parque vehicular, incluidas las unidades para la Policía, estaban descompuestas, así también la infraestructura del Sistema de Agua Potable. La recolección de basura se había concesionado a una empresa.

Los próximos 33 presidente municipales entran en funciones el primero de enero del 2013.

El protocolo de Entrega-Recepción puede iniciarse, luego de que rinda protesta el nuevo Congreso local el primero de septiembre, y el nuevo gobernador el primero de octubre.

Será con la próxima Legislatura cuando se revisen las cuentas de Cuernavaca y ahí estará como legislador el propio Martínez Garrigós. Los diputados que representaran a Cuernavaca serán todos del Movimiento Progresista: Jordi Meseguer y Teresa Domínguez son del PRD; Carlos de la Rosa, fue inscrito por el MC y Héctor Salazar Porcayo es del PT. El diputado federal Francisco Coronato fue impulsado por el MC.

El síndico del próximo ayuntamiento es Fernando Martínez Cue, quien ha sido dos veces diputado local y una federal y siempre ha participado en las comisiones encargadas de distribuir y vigilar el destino de los presupuestos.

Será una entrega-recepción vigilada por todas las fuerzas politicas, lo que presupone la realización de una gran auditoría política aplicada al momento de revisar el destino de los recursos públicos, tanto los correspondientes a los programas sociales, estatales, municipales y federales, como la ruta que siguieron los créditos que se autorizaron con el aval del gobierno estatal.

El Congreso estatal realizará, al igual que el municipio de Cuernavaca, una singular revisión del manejo de los recursos públicos, ya que recibieron y se adjudicaron cantidades de dinero que, según los propios legisladores, tuvieron un destino “poco claro”. La inversión mas visible, es la modernización de la infraestructura del canal de televisión y las estaciones de radio que administra la representación popular desde hace mas de una década, y que propusieron se reintegrara al Ejecutivo antes de conocer el resultado de la eleccion.

VIVA EL REY, MUERA EL REY

El viernes 25 de septiembre de 1981, a las diez de la mañana, los sectores Campesino, obrero y popular del PRI distribuyeron a los medios de comunicación un boletín en el que se informaba que esa misma mañana habían manifestado al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Javier García Paniagua, su decisión de apoyar al entonces secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado, para que fuera el candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Según información de la prensa, ese día se habían reunido a las ocho de la mañana, en la residencia presidencial de Los Pinos los dirigentes del sector campesino, Víctor Cervera Pacheco, del sector obrero, Fidel Velázquez Sánchez, y del sector popular, Humberto Lugo Gil, así como el presidente del CEN y el titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), y en presencia del presidente José López Portillo los líderes sectoriales se habían pronunciado en el sentido ya mencionado.

El presidente López Portillo hizo declaraciones a la prensa acerca del precandidato del PRI. Explicó que era necesario desechar las cargas emocionales y los prejuicios maniqueístas que situaban a De la Madrid como tecnócrata y no como político. Expresó su creencia de que era el mejor hombre del sistema, que poseía una inteligencia privilegiada, una preparación excepcional y una firme ideología revolucionaria.

Durante los meses siguientes De la Madrid recorrió todo el país. La intención fundamental era que el ex funcionario financiero conociera y fuera conocido en cada uno de los estados.

La eleccion realizada el primer domingo de julio de 1982 estaba ganada.

El primero de septiembre, durante su último informe de gobierno, José López Portillo anunció la nacionalización (estatización) de los bancos.

El presidente electo respetó y se pronunció con mesura a favor de la determinación.

El primero de diciembre se realizó en el Congreso la ceremonia de toma de protesta del nuevo presidente. sólo algunos periódicos reseñaron al día siguiente que el ya ex presidente José López Portillo había comido con su ex jefe de prensa Francisco Galindo Ochoa y con el ex Jefe del Departamento del Distrito Federal Carlos Hank González.

El ex jefe de gobierno se separó durante aquella administración del servicio público, regresó cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la primera magistratura, al inicio de aquel gobierno que estableció el lema de la “Renovación Moral de la Sociedad”.

Reviso los recursos, las operaciones y las cuentas de la paraestatal Petróleos Mexicanos, su ex director Jorge Díaz Serrano, fue desaforado (era Senador del PRI por el estado de Sonora) y encarcelado por enriquecimiento ilícito.

Ese fue el primer gran proceso realizado por la Contraloría, dependencia federal que se creó para cumplir la propuesta de la “Renovación Moral de la Sociedad”.

Durante los gobiernos priistas, el protocolo de la ceremonia de entrega-recepción se realizaba en el Congreso de la Unión el primero de diciembre.

El traslado de los poderes y facultades presidenciales era paulatino y perceptible desde el “ungimiento del elegido”.

Un ejemplo lo fue el estado de Morelos: era el presidente saliente el que designaba al candidato a gobernador. El último fue Jorge Carrillo Olea, impulsado por el presidente Carlos Salinas, cuando ya era candidato Luis Donaldo Colosio.

En los cambios de partido el traslado administrativo es espacio para la aplicación de algunos criterios que en sucesión de partidos podían no realizarse.

Un ejemplo es la propia “diarrea legislativa”. Si el PRI gana aquella eleccion el Congreso no realiza aquellos ajustes, reconocieron en su momento algunos de los involucrados en esa Legislatura.

LA IMPUGNACIÓN ELECTORAL

En el estado de Morelos triunfó con “carro completo” el Movimiento Progresista. El candidato presidencial que aquí logró el mayor número de votos fue Andrés Manuel López Obrador. La formula para el Senado de la República, que transitó la campaña a través de impugnaciones y que finalmente fueron confirmados Fidel Demédicis y Rabindranath Salazar, logró la mayor votación.

Sus cinco candidatos a diputados federales tuvieron mas votos, ganaron 13 de los 18 distritos locales y todas las ciudades importante menos la capital del Estado.

A nivel nacional logró más votos Enrique Peña Nieto que Andrés Manuel López Obrador. Por ello, el Comité Nacional del Movimiento Progresista ha impugnado la elección presidencial.

En Morelos esa demanda también se aplicó, en condiciones singulares. En el distrito electoral federal II con cabecera en Jiutepec ganaron 280 de las 455 casillas instaladas. Aún en la elección presidencial, que es la impugnada, son en su mayoría casillas cuyo resultado da como triunfador a Andrés Manuel López Obrador.

Impugnan los triunfos que obtuvieron en todo el territorio nacional. Un ejemplo son las casillas 387, 402 contigua, 406 contigua 1, 436 contiguas 1y 2 en Jiutepec y la 449 contigua 1, entre muchas otras.

En lo federal se impulsa un proyecto vinculado al Movimiento Progresista para impedir la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

En la misma elección en la que en Morelos ese movimiento progresista logró “carro completo”, en el Tribunal Estatal Electoral se han presentado más de medio centenar de recursos a distintos puestos de eleccion popular y en los que están involucrados aspirantes de todas las fuerzas politicas.

La revisión de todas las impugnaciones a los tribunales correspondientes confirmará el respeto que a la votación deben mantenerle los candidatos y los partidos políticos.

Cuando exista una modificación del resultado como sucedió en el cuarto distrito federal electoral, donde en primera instancia se dio el triunfo a la candidata del PRI por 57 votos, luego de la revisión en el propio consejo distrital del IFE se otorgo la mayoría al candidato del Movimiento Progresista por menos de 30 votos.

Quienes se registraron como candidatos a cualquier puesto de eleccion popular, desde las distintas fuerzas politicas, acudieron a inscribirse en un proceso aceptando cumplir y vigilar que se cumplan las leyes y normas que reglamentan y rigen ese proceso. Los derechos políticos de todos ahí están establecido, existen las autoridades judiciales encargadas de atender los reclamos jurídicos que los contendientes consideren necesarios presentar.

En ninguna Ley Electoral se advierte, que las declaraciones ante los medios de comunicación, los plantones y las marchas, formen parte de los recursos que los inconformes pueden utilizar para que se respeten sus derechos políticos.

Se inscribieron en una contienda estatal o federal, aceptando la observación de diversas reglas y reconociendo que existen autoridades que organizan y sancionan el proceso.

Votaron mas de 50 millones en todo el territorio nacional. En Morelos fueron cerca de 850 mil y quienes no estén de acuerdo tienen el derecho a externar su inconformidad en un tribunal y deben reconocer que protestas, marchas y ruedas de prensa no forman parte de los elementos jurídicos para exigir a las autoridades de los tribunales que modifiquen una elección.

Uno de los acuerdos sociales mas importantes es la aceptación de que el proselitismo electoral concluye 72 horas antes del día de la elección y que la votación se cierra la noche del primer domingo de julio, no cuando concluyen las expresiones sociales.

Las movilizaciones forman parte de los distractores sociales en tanto en cada ámbito de gobierno se da cumplimiento al “tradicional año de Hidalgo”.