Gracoramirez

Maciel Calvo Miércoles, 20 Agosto

En: Política

Ordenan al Congreso pronunciarse sobre juicio político contra Graco Ramírez Un tribunal colegiado confirmó la sentencia de un juzgado federal y ordenó al Congreso de Morelos emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado sobre la procedibilidad o no del juicio político en contra del exgobernador perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu. Después de varios años de litigio, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa resolvió el amparo en revisión 560/2023, que ratificó el fallo del Juzgado Cuarto de Distrito en el juicio de amparo 673/2020, promovido por el exmandatario perredista en contra de la LIV Legislatura, que en noviembre de 2019 admitió el juicio político promovido por el Gobierno de Morelos, entonces encabezado por el gobernador en turno, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien hasta la fecha mantiene una fuerte rivalidad con Garrido Abreu. En su fallo, el tribunal colegiado confirmó el sobreseimiento del amparo respecto a la omisión del Poder Legislativo —alegada por Graco Ramírez— de emitir La Ley de Responsabilidad Política para el Estado de Morelos, pues su situación jurídica se regirá conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente; y ratificó la negativa de la protección de la justicia federal sobre los argumentos de que habría prescrito el plazo para ser sujeto de juicio político y que no fue emplazado en tiempo y forma. El tribunal colegiado mantuvo la concesión del amparo otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito al exgobernador perredista, para el efecto de que la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos de la actual legislatura deje insubsistente el acuerdo del 14 de noviembre de 2019 por el que se radicó el juicio político en contra del exgobernador y emita uno nuevo debidamente fundado y motivado. Lo anterior, debido a que los entonces diputados de la Junta Política y de Gobierno de la LIV Legislatura, Alejandra Flores Espinoza, de Morena; Marcos Zapotitla Becerro, de Encuentro Social, y quien sigue bajo proceso penal por delitos sexuales en agravio de una excolaboradora; Ana Cristina Guevara Ramírez, de MC; Rosalina Mazari Espín, del PRI; Dalila Morales Sandoval, del PAN; y Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Partido Humanista, no argumentaron las razones de la procedibilidad del juicio político como lo exige la fracción II del artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En consecuencia, en el periodo legislativo que está por arrancar el 1 de septiembre, la LVI Legislatura deberá dar cumplimiento al fallo judicial que ordena a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos que pronuncie una nueva determinación con la fundamentación y motivación exigidas sobre la procedencia o no del juicio formulado. El 27 de septiembre de 2019, la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos presentó al Congreso local la solicitud de juicio político, la cual fue ratificada días después. Entre los argumentos expuestos contra Graco Ramírez destacan las presuntas violaciones a diversas leyes locales, entre ellas la de la Administración Pública Estatal y el Presupuesto de Egresos, al no haber ministrado los recursos presupuestados para la entonces recién creada Fiscalía General del Estado y al Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), poniendo en riesgo los comicios locales de entonces.

$Ordenan al Congreso pronunciarse sobre juicio político contra Graco Ramírez Un tribunal colegiado confirmó la sentencia de un juzgado federal y ordenó al Congreso de Morelos emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado sobre la procedibilidad o no del juicio político en contra del exgobernador perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu. Después de varios años de litigio, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa resolvió el amparo en revisión 560/2023, que ratificó el fallo del Juzgado Cuarto de Distrito en el juicio de amparo 673/2020, promovido por el exmandatario perredista en contra de la LIV Legislatura, que en noviembre de 2019 admitió el juicio político promovido por el Gobierno de Morelos, entonces encabezado por el gobernador en turno, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien hasta la fecha mantiene una fuerte rivalidad con Garrido Abreu. En su fallo, el tribunal colegiado confirmó el sobreseimiento del amparo respecto a la omisión del Poder Legislativo —alegada por Graco Ramírez— de emitir La Ley de Responsabilidad Política para el Estado de Morelos, pues su situación jurídica se regirá conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente; y ratificó la negativa de la protección de la justicia federal sobre los argumentos de que habría prescrito el plazo para ser sujeto de juicio político y que no fue emplazado en tiempo y forma. El tribunal colegiado mantuvo la concesión del amparo otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito al exgobernador perredista, para el efecto de que la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos de la actual legislatura deje insubsistente el acuerdo del 14 de noviembre de 2019 por el que se radicó el juicio político en contra del exgobernador y emita uno nuevo debidamente fundado y motivado. Lo anterior, debido a que los entonces diputados de la Junta Política y de Gobierno de la LIV Legislatura, Alejandra Flores Espinoza, de Morena; Marcos Zapotitla Becerro, de Encuentro Social, y quien sigue bajo proceso penal por delitos sexuales en agravio de una excolaboradora; Ana Cristina Guevara Ramírez, de MC; Rosalina Mazari Espín, del PRI; Dalila Morales Sandoval, del PAN; y Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Partido Humanista, no argumentaron las razones de la procedibilidad del juicio político como lo exige la fracción II del artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En consecuencia, en el periodo legislativo que está por arrancar el 1 de septiembre, la LVI Legislatura deberá dar cumplimiento al fallo judicial que ordena a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos que pronuncie una nueva determinación con la fundamentación y motivación exigidas sobre la procedencia o no del juicio formulado. El 27 de septiembre de 2019, la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos presentó al Congreso local la solicitud de juicio político, la cual fue ratificada días después. Entre los argumentos expuestos contra Graco Ramírez destacan las presuntas violaciones a diversas leyes locales, entre ellas la de la Administración Pública Estatal y el Presupuesto de Egresos, al no haber ministrado los recursos presupuestados para la entonces recién creada Fiscalía General del Estado y al Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), poniendo en riesgo los comicios locales de entonces.$

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