En Morelos cuando un abogado litigante es designado servidor público nunca cierra su despacho. Se lo encarga a un familiar o a un amigo de mucha confianza, pero sigue siendo del abogado litigante por la sencilla razón de que no va a tirar a la basura años de trabajo y porque nadie sabe cuánto va a durar en el cargo, lo cual suena bastante razonable.
En nuestra legislación existe la figura de la excusa, que es el deber legal de apartarse de un asunto cuando existen circunstancias que pueden afectar su imparcialidad, objetividad o legalidad en la toma de decisiones, pero los agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados la utilizan sólo cuando la relación es muy evidente, o que hay un documento que lo demuestra.
En el caso que hoy nos ocupa, los dos protagonistas principales tienen su despacho y se están disputando la exclusividad de quitarle un porcentaje a cada una de las víctimas a las que el gobierno indemniza a través de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos.
Recordemos que el artículo 84 de la Ley Estatal de Víctimas, establece que la Comisión Ejecutiva Estatal fijará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo en términos de la citada Ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta: I. La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído a la acción de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad, y II. La resolución firme emitida por la autoridad judicial.
Muy poca gente sabe que el Estado tiene la obligación de resarcir el daño que ha sufrido la persona que es víctima de un delito. Si todos lo supieran, ningún presupuesto alcanzaría para indemnizar a las víctimas. “El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado será hasta de quinientas veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, la cual deberá ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima”, dice la Ley Estatal de Víctimas.
Cabe aclarar que esto ocurre cuando la autoridad determina que el responsable de cometer el delito no tiene los recursos necesarios para reparar el daño a la víctima y requiere de un procedimiento especial ante la CEARV que debería ser fácil, pero que intencionalmente lo han hecho engorroso para que las personas se vean en la necesidad de contratar un abogado.
Ahí es donde “chocan” Penélope Picazo y Leonel Díaz Rogel. La esposa del exdiputado Víctor Hugo Manzo Godínez acusó a su antecesora Nadxeelii Carranco de incurrir en actos de corrupción, sin embargo, en cuanto pudo ella también hizo lo mismo: canalizar a las víctimas a un despacho privado.
En el 2024, el hijo del hoy fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Grajales, abogado de profesión, estuvo algunos meses trabajando en la institución encargada de reparar el daño a las víctimas del delito, pero suficientes para anotar los datos relevantes de los expedientes económicamente más importantes.
Ya sin ser servidor público, Leonel Díaz Grajales se dedicó a localizar a las víctimas de esos casos para ofrecerles sus servicios profesionales. Hasta ahí no vemos que se configure ningún delito.
Sin embargo, lo que siguió sí fue bastante sospechoso. Ya como fiscal anticorrupción, Leonel Díaz padre comenzó a solicitar información precisamente de aquellos expedientes en los que su hijo fungía como gestor o representante legal, lo que fue tomado por Penélope Picazo como una forma de presión para que se resolvieran más rápido.
Según la funcionaria, el despacho de Díaz Grajales se habría quedado hasta con el 25 por ciento de los montos cobrados por las víctimas, lo que tampoco es ilegal si hubo un contrato de prestación de servicios.
¿Qué haces cuando quieres denunciar un acto de corrupción pero el que lo está cometiendo es precisamente el encargado de perseguir los actos de corrupción? A Penélope se le ocurrió entonces denunciar los hechos ante la Fiscalía General de la República, argumentando que los recursos financieros que sirven para indemnizar a las víctimas provienen de la Federación.
Sin embargo, no contaba con que “alguien” le proporcionaría copia de la denuncia al reportero del periódico Reforma, Benito Jiménez, y que sería la nota “de ocho columnas” del pasado lunes. Así, el fiscal anticorrupción de Morelos logró el sueño de cualquier servidor público: ser la nota principal de un periódico nacional y sin pagar nada.
El problema fue que la información contenida en la nota no solamente es negativa para el fiscal anticorrupción, sino que representa el primer golpe al gobierno de Margarita González Saravia en el influyente rotativo.
El escueto comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado, diciendo que “dicha versión es una reacción a las indagatorias que desarrolla la institución en las cuales están inmersos funcionarios y exservidores públicos relacionados con actos de corrupción”, no contrarrestó para nada el golpe mediático.
El decir que “este tipo de versiones no frenarán las carpetas y los actos de investigación que se iniciaron meses atrás” no desvirtúa las acusaciones. No es una “versión”, es una denuncia penal iniciada ante el Ministerio Público Federal.
Desde nuestro punto de vista, Leonel Díaz Rogel cada vez se enreda más en su intento de salir bien librado ante los medios de comunicación. Ahora está obligado a presentar en corto tiempo la judicialización de las carpetas en contra de Penélope y sus colaboradores; además de las que se ha comprometido públicamente a resolver contra Cuauhtémoc Blanco, Juan Salazar, Jorge Gamboa, etcétera. Es decir, “peces gordos” y no sólo “charalitos”.
Y a Penélope Picazo no le queda otra que mantenerse de bajo perfil en lo que termina su periodo como secretaria ejecutiva de la Comisión (28 de octubre próximo), y de ahí a su casa, pues difícilmente conseguirá otro puesto en esta administración.
HASTA MAÑANA.
