A las 5.00 de la mañana del miércoles 20 de febrero del 2019, dos automóviles se pararon frente a una casa en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac. “Samir, Samir”, le gritaron.

Luego se escucharon cuatro balazos y los vecinos que salieron alarmados encontraron al activista tirado en el suelo con dos disparos en la cabeza. Lo trasladaron al hospital, pero murió antes de llegar.

Trascendió que junto al cadáver los asesinos habían dejado una nota que lo vinculaba al “Comando Tlahuica”, un grupo de la delincuencia organizada que opera en Morelos. “X Puto Chismoso. Denunciaste Abraham Ocampo y sigues tu Michoacano con tu pendeja banda. Atte. Comando Tlahuilca”, aseguran que decía el mensaje que –según declaró meses más tarde el fiscal Uriel Carmona- desapareció.

Samir Flores era un indígena náhuatl originario de Amilcingo. Además de ser el principal impulsor de la organización contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), fue el fundador de la Radio Comunitaria de Amiltzinko 100.7 fm, en la cual conducía un programa.

Apenas un día antes, Samir y otros compañeros de Amilcingo asistieron al foro informativo que el superdelegado de Morelos, Hugo Erik Flores, realizó en Jonacatepec. En ese evento “se contrapuntearon” Samir y el súper delegado, de ahí que para muchos lugareños se trató de un “asesinato de Estado” en el que pudieron haber usado a sicarios de la delincuencia organizada para ejecutar el homicidio.

A más de un año de su muerte, la Fiscalía General del Estado tiene muchas líneas de investigación, pero ningún detenido.

El pasado lunes fue asesinado en la puerta de su casa Isaac Medardo Herrera Avilés, ambientalista y abogado. Aquí también llegaron a buscarlo a su casa, en el centro de Jiutepec.

“…tocaron a la puerta, su hijo estaba al fondo de su casa y ya iba a abrir, pero Isaac le dijo que no abriera el, y salió él a abrir cuando le dispararon, por eso el cuerpo cayó dentro de su casa”, relató Mónica Romero, compañera de causa del ambientalista.

A diferencia de Samir, aquí los homicidas huyeron corriendo entre las calles de la cabecera municipal.

En el gobierno de Graco Ramírez, el hoy occiso asesoró legalmente a los vecinos de Jiutepec en la defensa de “Los Venados”, un predio de 52 mil metros cuadrados donde la empresa Casas Ara pretendía construir un desarrollo inmobiliario, lo que provocaría la tala indiscriminada de árboles y la extinción de la única reserva natural con la que cuenta este municipio.

Pero después de varios años de oposición por parte de los ecologistas, el gobernador anunció (en pleno 5 de junio día mundial del medio ambiente) que había llegado a un arreglo con la empresa inmobiliaria y que les darían un predio en otro lugar para que “Los Venados” quedara como parque ecológico.

Sin embargo, la presidenta del Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Sustentable, Carmen de Gante Rodríguez, informó que a tres años de distancia de aquel evento en el que Ramírez Garrido supuestamente “entregó” el predio a los ciudadanos, el proyecto está en el olvido, ya que las actuales autoridades no saben nada del mismo.

“El estatus del predio, hasta hoy, sigue siendo el mismo”, declaró la activista. Es decir, Graco Ramírez les tomó (una vez más) a los ciudadanos de Morelos.

“Ahí se quedó (el proyecto), en puras promesas, porque no se cumplió con eso, y el predio sigue en el mismo estatus de siempre”

Isaac Medardo Herrera Avilés en 2007 formó parte del equipo jurídico del Movimiento de los 13 Pueblos donde también otra empresa inmobiliaria pretendía despojarlos de su agua y con los argumentos legales, el Lic. Isaac y su compañero, lograron que el tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado le diera el fallo a favor de los pueblos de Morelos y se cancelara definitivamente el proyecto, impidiendo la construcción de casas.

También acompañó para que el caso se conociera en el Tribunal Latinoamericano del Agua realizado en Guatemala en el 2007.

Ante su cobarde asesinato, ayer los ecologistas lanzaron un pronunciamiento:

“Estamos en contra de que voces que buscan la verdad sean silenciadas de esta forma tan vil, y de manera enérgica nos pronunciamos en contra de estos hechos, y sobre todo, la ejercida en contra de activistas comprometidos con la búsqueda de justicia a través de las causas sociales y ambientales y por la manera en que nuestro compañero Isaac le fue arrebatada la vida”, escribieron.

“De manera contundente exigimos a este gobierno estatal que instruya a la Fiscalía del estado de Morelos, para que se dé con los responsables de tan despreciable crimen y que no quede impune como hasta ahora, el caso del también defensor ambiental Samir Flores”, agrega el pronunciamiento.

Y bueno, aunque los ecologistas no lo meten en el mismo paquete, no podemos olvidar a Paul Vizcarra, el ecologista que fue secuestrado y asesinado en octubre del 2019, y cuyo cuerpo fue encontrado en un paraje de la Alcaldía de Tlalpan, ciudad de México.

Hoy se sabe que fue “levantado” junto con otra persona de sexo masculino, por una célula del crimen organizado, cuyos integrantes lo torturaron (hay fotos de ello), y lo que sigue siendo un misterio es el móvil del asesinato.

Una línea de investigación tiene que ver con su proyecto de reactivar el programa de plantas valorizadoras que dejó pendiente Graco Ramírez, lo que le representaría pérdidas millonarias al grupo que hoy controla el abultado negocio de la basura en Morelos y estados circunvecinos.

En los tres casos, el común denominador es que los autores intelectuales contrataron a gente del crimen organizado para materializar los homicidios.

Y los tres, hasta hoy, permanecen en la impunidad.

HASTA MAÑANA.