Publicado en Estrategias Jueves, 06 Febrero 2020 05:31

Hace exactamente 14 años

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La secretaria de Acuerdos Melva Ocampo dijo las esperadas palabras “se absuelve al ciudadano Sergio Estrada Cajigal Ramírez”. Era el fin de una exoneración anunciadísima. Los magistrados se retiraron apresuradamente aprovechando que los reporteros se arremolinaban en torno a Luis Edgardo Gómez Pineda, quien ya había recibido el primero de muchos abrazos, y ese fue de Javier López. 

El reportero del Regional y la compañera Tlaulli Preciado avizoramos al fondo del recinto al presidente Ricardo Rosas Pérez, quien contenía el impulso de salir huyendo consiente de que sería alcanzado por la turba.

“El Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia de la Comisión Instructora del Juicio Político”, nos contestó.

-¿Esto que significa? - cuestionamos.

-Que el Tribunal Superior de Justicia absuelve al gobernador del estado de los cargos imputados por el Congreso Local- repuso.

- ¿Por qué?- fue la otra pregunta inmediata.

- Porque hubo deficiencias en el planteamiento original, porque las pruebas que se aportaron fueron insuficientes y porque no se adecuaron los hechos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos- respondió.

No había más qué decir ni qué preguntar. Luis Edgardo Gómez Pineda salía sonriente, acompañado de un grupo de jóvenes, todos impecablemente vestidos como buenos abogados. No lo subieron en hombros porque no habría cabido en el elevador, pero la euforia era incontenible.

Los diputados de oposición ya se habían ido rumiando sus inconformidades, los abogados escucharon el veredicto desde la entrada del salón de plenos y fueron los primeros en salir del recinto. Eran las siete y media de la noche.

Todo había comenzado a las 11 de la mañana en punto de ese miércoles 29 de marzo de 2006, cuando los 13 magistrados numerarios y tres supernumerarios se instalaron en sus asientos y se dispusieron a escuchar la lectura de unas mil fojas que conforman tan sólo la sentencia.

El recinto casi se llenó con abogados, diputados, algunos reporteros nacionales y todos los del estado. Muchos tripies fueron instalados a los lados y micrófonos colgados en las bocinas.

Y Melva Ocampo comenzó a leer. Pasó una hora y seguía leyendo, pasaron tres y seguía dando lectura al expediente. Los asistentes salieron a estirar las piernas con la esperanza de que al volver el asunto estuviera terminando, pero no fue así. Eran las cuatro de la tarde y seguía leyendo, pero el contenido de su lectura ya había provocado reacciones.

“¡No puede ser! ¡Montiel era un santo! ¡Hay que hacerle un monumento!”, decía Carlos de la Rosa Segura. “Están suplantando a la defensa de Montiel”, decía otro abogado.

“Pinches magistrados, lo que hacen por conseguir su perpetuidad”, se escuchaba afuera.

Melva (a quien ya consideran firme candidata a magistrada por su estoicismo al leer durante seis horas seguidas) terminó la lectura y el magistrado presidente dio la palabra a los diputados. Guillermo López Ruvalcaba y Cecilio Xoxocotla improvisaron sendas piezas de oratoria en las que hablaron de la fabricación de delincuentes por parte de Montiel (haciendo mención que apenas un día antes uno de sus escoltas –Freyre- fue consignado por secuestro,  y la omisión del gobernador). Ellos sabían que sus discursos no serían tomados en cuenta porque la etapa de pruebas había concluido, pero no quisieron irse sin pedir a los magistrados que antes de emitir su veredicto pensaran en sus hijos y sus nietos.

Luis Edgardo Gómez Pineda dio lectura a un discurso que traía previamente preparado. Habló de la inocencia de su jefe y los intereses políticos que movieron a los promoventes del juicio. La procuradora Claudia Aponte habló pero no dijo nada, sólo fue a lucir su traje sastre.

Después vino el desalojo. Respetuosamente, personal del Tribunal pidió a los presentes abandonar el recinto. Los reporteros de televisión aprovecharon para hacer sus entrevistas afuera, pero un empleado amenazó: “vengan por sus tripies o se los tendremos que sacar nosotros”.

Como los camarógrafos estaban tomando entrevistas no le hicieron caso, y los empleados cumplieron la amenaza. “Es que los magistrados creen que puede haber grabadoras escondidas en los tripies”, confió uno de los elementos de seguridad.

Y de ahí vino la espera. Los minutos pasaban y la puerta del Salón de Plenos seguía cerrada. Los reporteros ocupaban escaleras y escritorios secretariales para descansar.

“Ya vienen los bocadillos”, anunció el diligente secretario particular del presidente. Minutos después llegó Herminio (el chofer del presidente) con un bonche de refrescos. Ya cuando la impaciencia apremiaba aparecieron empleados con charolas de bocadillos que supuestamente eran para la prensa, pero abogados y empleados de la Consejería dieron cuenta de los canapés con singular rapidez.

El ex consejero jurídico (y aspirante a notario, dicen), se enfrascaba en una discusión con el abogado Juan Juárez Rivas. “Les agradezco que hayan hecho esto, porque no saben cómo me sirvió como experiencia”, decía Luis Edgardo.

Y así dieron las siete y media de la noche. La puerta se abrió y la turba entró al salón de plenos, y la secretaria de acuerdos comenzó a leer el veredicto sin dar tiempo a instalar tripies.

Después de la lectura de la sentencia absolutoria abandonamos todos el recinto. Quien esto escribe buscó a un magistrado que nos dijera qué había pasado durante esas tres horas que permanecieron a puerta cerrada.

“No se fue igual la sentencia, le hicimos cambios. Varios compañeros coincidimos en que el proyecto estaba muy cargado a favor de Montiel, al grado de que, en caso de que se aprobara como estaba, la sentencia podría ser utilizada por la defensa de Montiel en su proceso penal”.

Entonces supimos que en ese lapso habían cambiado parte del proyecto, básicamente donde los magistrados de la Comisión Instructora desglosaban las pruebas en contra de Montiel y echaban abajo una a una, además de destacar los motivos por los que fue designado jefe de la Policía Ministerial.

-Se extralimitaron en su defensa a Montiel- cuestionamos.

- Sí, se extralimitaron- contestó el funcionario que pidió el anonimato.

Camino al periódico reflexionábamos sobre todo lo que gastó el gobierno del estado, tanto el gobernador como el Congreso y también el Poder Judicial, en llevar a cabo un juicio político que al final no llevó a nadie a ninguna parte, y que el que salió perdiendo fue todo el estado de Morelos.

HASTA MAÑANA.

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