Publicado en Estrategias Lunes, 19 Agosto 2019 05:37

A Magaly la mató el burocratismo de la PGJ

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En una primera columna sobre el tema del asesinato de la niña (que hoy sabemos se llamaba Magaly) de la colonia Carolina, sosteníamos que nada hubiera evitado que se cometiera este horrendo crimen.

Hoy, ya con más datos, rectificamos: si hace siete años las autoridades hubieran detenido a José Alfredo Mendoza Zagal por haber descuartizado a su amigo de parrandas, hoy estaría en la cárcel purgando una condena y no habría atacado a una inocente cuyo único pecado fue haberle dicho "te voy a acusar con mi abuelita". 

¿Cómo es que un sujeto identificado plenamente como el autor material de un homicidio calificado andaba libre y hasta una carta de no antecedentes penales tenía? 

La única respuesta que se nos viene a la mente es que la muerte de Martín Gutiérrez Franco (la primera víctima de José Alfredo) se sumó a las miles en las que la autoridad se limita a realizar el levantamiento del cadáver, hacerle la necropsia, y archivar la carpeta. En Morelos, al igual que en otros estados, si la familia de la víctima no está encima del agente del Ministerio Público o del comandante de homicidios, y no proporciona "alicientes" monetarios para que las investigaciones avancen, los delitos quedan impunes. 

Hemos conocido de muchos casos en los que han sido los propios familiares de las víctimas, los que han dedicado todo su tiempo y su dinero para buscar a sus seres queridos que están desaparecidos, o para detener a los responsables. El caso de Paola Gallo fue el más conocido. Su padre logró encontrar a todos los integrantes de la banda que la secuestró. 

El caso que hoy nos ocupa ocurrió en febrero del 2012, y si nos ubicamos en esas fechas veremos que era la recta final del sexenio de Marco Adame Castillo. En julio de ese año se llevaron a cabo las elecciones en las que Graco Ramírez Garrido Abreu ganó la Gubernatura de esta entidad, a partir de noviembre del 2012. 

Si no nos falla la memoria, a finales del sexenio el procurador era Pedro Luis Benítez Vélez, quien se fue a seguirle los pasos a su amigo Alfredo Castillo, el amigo de Enrique Peña Nieto. Lo metió a Profeco, luego lo hizo delegado de Sagarpa en Michoacán (cuando Alfredo era una especie de gobernador alterno) y hasta en la Comisión Nacional del Deporte (Conade) le dio chamba. 

La ausencia de Pedro Luis fue cubierta por el subprocurador Mario Enrique Vázquez Rojas, a quien incluso le tocó encabezar las primeras conferencias de prensa del nuevo gobierno de Graco Ramírez, hasta que éste se decidió a nombrar como titular a Rodrigo Dorantes, el hijo de su amigo Ricardo. 

A nivel regional suponíamos que el subprocurador en la zona oriente era un tal Gual Díaz, pero hay una nota del compañero Xavier Omaña que establece claramente que el responsable de la Subprocuraduría con sede en Cuautla era Juan Carlos Fontes Jordán. No tenemos el nombre del jefe de la Policía Ministerial en febrero del 2012, pero ellos son los responsables más directos de que el homicidio en la carnicería ubicada en la calle Vicente Suárez de la colonia 12 de Octubre haya quedado impune. 

¿Por qué no lo detuvieron si su propio padre admitió que el único que tenía llave del establecimiento era su hijo? 

Sólo ellos lo saben. 

Es de todos conocido que a final de un sexenio los que se van ya no quieren responsabilizarse de nada; las dependencias están llenas de "encargados de despacho" que sólo están ahí para cubrir el lugar mientras llega su relevo. Y el que llega pues no tiene conocimiento de nada y se enfoca a los asuntos que le encarga su jefe. 

Eso pudo haber sucedido. José Alfredo cometió su crimen justo en ese momento. Es como cuando usted llega al Seguro Social y le dicen que se espere tantito porque hay "cambio de turno". 

Recordemos que el primer jefe de la Policía Ministerial fue un señor sesentón, (no recuerdo su nombre) pero que seguramente era amiguísimo de Graco, pues sólo estuvo el tiempo necesario para tramitar su pensión por edad avanzada y se fue. 

Quizás los familiares de Martín Gutiérrez no insistieron en que se buscara al culpable, el hecho es que la carpeta CT-585-2012 se quedó en un cajón al igual que cientos de homicidios a los que a nadie le interesa. 

Cómo olvidar que fue en esta misma Subprocuraduría (hoy llamada Fiscalía Regional) donde alguien mandó a la fosa común el cadáver de un joven asesinado a pesar de que estaba plenamente identificado. De no ser por la perseverancia y coraje de su tía, no se hubiera descubierto que había una fosa irregular donde habían depositado más de 100 cadáveres, muchos de ellos sin cumplir con los protocolos para su posible identificación. 

Y todo esto viene a colación porque ya se comprobó que el José Alfredo que mató a Martín Gutiérrez Franco en febrero del 2012 en Cuautla, y el José Alfredo que el pasado 10 de agosto violó y mató a la niña Lady Magaly en una vecindad de Cuernavaca, es la misma persona. Un estudio criminológico habrá de determinar que hay similitudes en ambos crímenes: a su amigo le abrió el muslo con una profusa herida para que se desangrara, después le cortó pene y testículos. Finalmente, le cortó la cabeza y la llevó a tirar. En el caso de la niña, después de violarla, le asestó 25 cuchilladas en todo el cuerpo, y previamente le había metido trapos en la boca para ahogar sus gritos. 

En ambos casos no hay una explicación del por qué lo hizo, y por qué con tanta saña. 

Cuestionado por los agentes ministeriales que lo detuvieron en Cuautla, José Alfredo dijo que no recordaba muy bien lo que había hecho porque andaba alcoholizado. Que necesitaba dinero y fue por el tanque de gas de su vecina, sin contar con que ahí estaría la niña y le dijo "le voy a decir a mi abuelita". Niega haberla atacado sexualmente. 

Caminó con el tanque de gas apenas una cuadra, hasta donde está un bazar. Le dieron 150 pesos y creyeron que habían hecho el negocio de su vida, pues se cotizan en el doble. 

Deambuló por la ciudad tomando las cervezas que había comprado con los 150 pesos. Acudió a Costco, donde trabajaba de "viene viene", pero un compañero le advirtió que la Policía lo andaba buscando. Decidió regresar a Cuautla, de donde salió huyendo cuando mató a su amigo. No sabía que la policía ya había cateado su cuarto en la misma vecindad donde había cometido su segundo crimen. Ahí encontraron una credencial de cuando laboraba para una gasolinera, así como una solicitud de empleo donde puso el domicilio de sus padres en Cuautla. 

Así fue como dieron con él. 

¿Es un demente? es lo más seguro. Me comentan quienes estuvieron en su audiencia de control en las salas de juicios orales de Atlacholoaya, que jamás tuvo una expresión de arrepentimiento. Al contrario, cuando la Juez Nancy Tovar le iba a leer su resolución, el sujeto se acomodó en su asiento como quien está en un cine y va a comenzar la película. Y hubo un momento en que le ganó la risa. "Le voy a pedir que no se ría", le ordenó la juez, mientras más de uno hubiese deseado tenerlo cerca para darle su merecido. 

Pero ¿qué se merece una "persona" así? ¿qué pase el resto de su vida en la cárcel con dormitorio y comida gratis? En el caso que hubiera en nuestra legislación la pena capital, una muerte en la que primero te inyectan un tranquilizante y la vida se va como en un sueño sería el mejor regalo para este mozalbete. 

Otra interrogante que surge: ¿Entre febrero del 2012 y agosto del 2019 solamente mató a estas dos personas? 

Lo único positivo de todo esto es que ya está tras las rejas José Alfredo, un psicópata que quizás en alguna ocasión le despachó gasolina en la Barona, o le ayudó a estacionar su coche en Costco del Casino de la Selva. 

HASTA MAÑANA.

 

 

 

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