El Congreso del estado declaró ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estar impedido para ejecutar sus sentencias, emitidas en decenas de controversias constitucionales, para cumplir con la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de exmagistrados y extrabajadores del Poder Judicial.

De acuerdo con las respuestas del Poder Legislativo a los requerimientos de cumplimiento de sentencia emitidos por la SCJN, el Congreso justificó que no ha podido dar cumplimiento a las resoluciones judiciales emitidas por el alto tribunal, debido a que no está resuelto el tema del paquete económico 2019.

“Agréguense al expediente, para los efectos legales a que haya lugar, los oficios y anexos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, mediante los cuales, en el primero, manifiesta que el Poder Legislativo de la entidad tiene imposibilidad legal y material para cumplir con la sentencia dictada en este asunto; y, en el segundo, cumple el requerimiento formulado en proveído de 17 de enero del año en curso al informar que el Poder Ejecutivo estatal devolvió con observaciones al órgano legislativo local el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2019”, fueron parte de los argumentos presentados por el Congreso.

De acuerdo con el anteproyecto presupuestal presentado, el TSJ solicitó 844 millones 766 mil 955 pesos. En el capítulo 4000 Transferencias se contemplaron 309 jubilados con un monto de 119 millones, 367 mil 15 pesos. Adicionalmente, solicitó 166 millones, 38 mil 466 pesos, para hacer frente a las sentencias de la SCJN sobre los decretos de jubilación de trabajadores judiciales, pero todo dependerá de en qué términos los diputados aprueben en los próximos días el presupuesto de este año. 

La iniciativa está detenida desde el inicio de la actual legislatura.

El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) retomará la discusión y análisis de la contrarreforma para los beneficios que otorgó la LIII Legislatura a los fiscales General, Anticorrupción y Antisecuestro, como pensión y seguridad personal vitalicias. 
De acuerdo con la diputada Alejandra Flores Espinosa, la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que plantea eliminar la pensión a los fiscales equivalente al 50 por ciento de su salario y cancelar la seguridad que tendrían a partir de su retiro, mediante un dispositivo de custodia que garantizaría protección también para sus familias, se encuentra detenida en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 
Refirió que se requerirá al presidente de dicha comisión, el diputado Marcos Zapotitla Becerro, que informe del estado de la propuesta que se presentó en septiembre del año pasado, al inicio de la LIV Legislatura. 
Consideró necesario retomar dicha propuesta de contrarreforma, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el tema, a raíz de la controversia constitucional que promovió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). 
"Hemos platicado con los fiscales y están en la mejor disposición de quitar esos temas; con el presupuesto quedó estancado... Yo creo que es importante, pasando el tema del presupuesto, retomarlo y revisarlo, porque es uno de los temas que trae el grupo parlamentario de Morena", agregó. 
Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que han aportado a la SCJN los documentos requeridos respecto a la reforma que aprobó la pasada legislatura, para que se desahogue la controversia constitucional que promovió la CDHEM. Sin embargo, señaló que es un tema que está en revisión del Congreso, pues la legislatura pasada no sustentó la reforma que garantizó los beneficios antes mencionados a favor de los fiscales. 

Plantean fondo con aportaciones del patrón, el trabajador y el Instituto de Crédito.

Con el crecimiento sin límite de la burocracia en sus tres niveles de gobierno y poderes públicos, se ha hecho insostenible el pago de pensiones y jubilaciones; el dinero ya no alcanza y las instituciones muestran agotamiento para lograr superar el problema, comentó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Dijo que ya este asunto viene siendo objeto de análisis desde hace algunos años, y hay un proyecto que tiene que aplicarse, en su oportunidad, si se desea evitarse conflictos más graves.

Conjuntamente con otros abogados laboralistas, en la asociación se elaboró un proyecto para la creación del Instituto Estatal de Jubilaciones y Pensiones, que contaría con tres fuentes de ingresos, a fin de crear una bolsa económica: las cuotas del patrón, en este caso, la administración pública; las del derechohabiente, es decir, el trabajador; y la del Instituto de Crédito, dijo.

Claro, ello demanda de un fondo semilla, que correría a cargo del gobierno estatal. “El caso es que nadie quiere entrarle”, dijo.

Y recordó que hace unos días, precisamente tratando ese conflicto, que no es privativo del estado, lo enfrentan la Federación y el resto de las entidades federativas, “una diputada local quería que le regaláramos nuestro trabajo, el proyecto antes citado”.

La cuestión, se quejó, es que tanto funcionarios públicos como “representantes populares”, “todo lo quieren ya hecho, no saben cómo abordar este tipo de asuntos, por desconocimiento del derecho laboral, pero además tampoco tienen asesores capaces y eso lleva a situaciones verdaderamente dramáticas en todos lados”.

“En este momento se andan peleando por el presupuesto del presente año, pero cuando se superen las diferencias, el techo financiero no dará para mucho por la acumulación de pasivos y porque los compromisos son tantos que no hay dinero que alcance. Por eso es tan necesario que se comience a pensar en estrategias a largo plazo antes de que exploten, porque son bombas de tiempo”, aseguró.

La diputada señaló que los municipios que expidieron constancias han solicitado prórrogas para rendir informes.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, adelantó que el proceso para anular las "pensiones doradas" llevará su tiempo, pues requieren de pruebas que confirmen que la LIII Legislatura violó la ley para favorecer a ex funcionarios que trabajaron en la administración que encabezó Graco Ramírez.
La también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social explicó que de acuerdo con el proceso de investigación que iniciaron, los ayuntamientos involucrados en la entrega de constancias de trabajo pidieron tiempo para entregar la documentación que confirme los años de servicio que supuestamente cumplieron los pensionados.
Señaló que el caso de Puente de Ixtla, de donde más constancias se expidieron, las autoridades pidieron una prórroga para cumplir con dicha información.
"Se le envió un oficio en que se le pide que por favor nos diera la documentación, pero el nuevo presidente dice que acaba de entrar, por lo tanto, que le demos oportunidad de que nos dé la información. Para nosotros poder culpar o señalar a alguien tiene que contestarnos el municipio, si tiene 10, 15 años, si está registrado en sus áreas de trabajo, su IMSS y en eso estamos, los presidentes municipales tienen unos días y nos piden un poco de oportunidad", explicó.
La legisladora del PT no señaló si el proceso de anulación de pensiones podría concretarse en este mes y tampoco cuál es la lista que podría anularse, aunque señaló que se trata de ex funcionarios de la administración anterior, de la Legislatura pasada y de otras dependencias. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso dice que se buscan los consensos de sus homólogos para desahogar el tema en el segundo periodo de sesiones, que inicia el viernes.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que cumplirán con sus compromisos y anularán las "pensiones doradas" que se otorgaron a exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, así como las reformas "a modo" que aprobó la LIII Legislatura.
A unas horas de que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) admitió que son muchos los pendientes que deben atender durante los próximos meses, principalmente, dar marcha atrás a los abusos de los exlegisladores y de la administración estatal anterior. 
"Tenemos que resolver pendientes que interesan a la ciudadanía y dejar a un lado los intereses personales... Sin duda tenemos varios pendientes que dejaron muy lastimada a nuestra legislatura y que seguimos pagando las consecuencias, como las pensiones doradas que encontramos una lista importante, de las responsabilidades que puedan tener los funcionarios que ya se fueron y, sobre todo, los temas legislativos, porque hay leyes que se hicieron a modo, se hicieron a la necesidad de unos personajes en particular", declaró. 
El legislador dijo que se preparan "contrarreformas" que no afecten a la sociedad y que tampoco satisfagan intereses particulares o de grupo. 
Afirmó que busca los consensos de sus homólogos para desahogar los temas durante el segundo periodo ordinario en el que, aseguró, permanecerá aún como presidente de la Mesa Directiva. 

Se confirmó que los decretos que favorecen a exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez son ilegales: Rodríguez Ruiz.

En una semana, la mayoría de las "pensiones doradas" que fueron aprobadas por la LIII Legislatura a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, y de esposas de exlegisladores, serán abrogadas, afirmó la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado.
La también presidenta de la Junta Política y de Gobierno sostuvo que después de una investigación que duró más de tres meses, se confirmó que los decretos pensionarios fueron aprobados de manera ilegal.
"Un porcentaje muy alto trabajaba en Puente de Ixtla. Mandamos a hacer una investigación en Puente de Ixtla y un porcentaje altísimo tenía documentos de Puente de Ixtla", señaló. 
Explicó que –curiosamente- una gran mayoría de los trabajadores que se jubilaron con pensiones onerosas trabajaron en algún momento en el ayuntamiento de Puente de Ixtla, y así lo comprobaron con actas del mismo gobierno municipal.
Refirió que esa y otras irregularidades sustentarán la determinación que ha tomado el Congreso local de abrogar las "pensiones doradas" que autorizó la LIII Legislatura. 
La lista de los decretos pensionarios la integran: Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y Francisco Velázquez Adán, exdirector del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).
También se encuentran Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.

Plan de austeridad no afectará los derechos de los trabajadores, expone la institución.

Hoy se llevará a cabo el pago de la primera pensión mensual y segunda parte del aguinaldo para un millón 200 mil adultos mayores pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así lo dio a conocer la institución, al exponer que se hicieron los esfuerzos necesarios para cumplir con dicho compromiso en esta fecha.

El Instituto aseguró que está todo listo para que este miércoles ya esté lista la dispersión de recursos en todas las delegaciones, entre ellas Morelos, y de esa forma se cumplan los acuerdos establecidos con los pensionados y jubilados. Y es que esperaban el pago del recurso correspondiente a aguinaldo antes de que concluyera el 2018, pero por cuestiones administrativas se estableció el día de hoy para la entrega de esos recursos. El ISSSTE informó que el pago a los trabajadores activos se realizó desde el pasado 5 de noviembre del 2018.

A través de un comunicado, el Instituto dio a conocer que el director ha dejado en claro que se respetarán todos los derechos laborales de los trabajadores, así como jubilados y pensionados.

Enfatizó que existe un plan de austeridad que tiene como uno de los ejes recortar sueldos y prestaciones de funcionarios, y no afectará a los trabajadores, tal y como lo ha señalado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Y es que en la pasada reunión de la Junta Directiva del ISSSTE, máximo órgano de gobierno de la dependencia, el director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, presentó la “nueva estrategia para su transformación, la cual, paulatinamente logrará una institución sustentable financieramente y mejorará la calidad en la atención de los servicios de salud, así como en el otorgamiento de las 21 prestaciones a los 13 millones de derechohabientes”.

El titular del organismo detalló que esta planeación permitirá simplificar los procesos burocráticos y rígidos para que el Instituto sea más efectivo, ágil y sencillo, continuando la prioridad que se le da al derechohabiente, sin poner "en riesgo la operación de la atención médica o la entrega de prestaciones sociales y demás seguros y servicios”

Según el Instituto, un primer paso es la aplicación de la nueva legislación en materia de austeridad, remuneraciones de los servidores públicos, organización de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones administrativas relacionadas con las Unidades de Administración y Finanzas.

"Se concentrarán las compras y contrataciones, se eliminarán áreas administrativas y duplicidad de funciones, se ajustarán los sueldos y recortarán gastos excesivos, además de priorizar áreas de servicios que se dediquen a la atención del derechohabiente", apuntó.

A partir de esa fecha, los más de 3.6 millones de pensionados podrán cobrar su dinero en el banco y horario donde tradicionalmente lo hacen.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que, como cada año, el pago de pensiones correspondiente a enero se realizará el primer día hábil del año, esto es el miércoles 2 de enero de 2019.

A partir de esa fecha, los más de 3.6 millones de pensionados podrán cobrar su pensión en el banco y horario donde tradicionalmente lo hacen. En los meses posteriores se realizará de manera ordinaria el primer día del mes.

Para cualquier situación relacionada con el pago de la pensión, los pensionados o sus familiares podrán acudir a las ventanillas de Prestaciones Económicas de su Unidad de Medicina Familiar (UMF), a los Departamentos de Pensiones en las Subdelegaciones del IMSS o ponerse en contacto al 01 800 623 2323 en la opción 3 de “pensionados”.

El Seguro Social invitó a los pensionados a mantener sus datos de contacto actualizados, a fin de que puedan recibir mensajes informativos por parte del IMSS.

Como parte del compromiso del gobierno del estado, hoy 7 mil 700 trabajadores activos, así como cinco mil 300 jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo, fueron beneficiados al recibir su primera parte del aguinaldo, informó la titular de la Secretaría de Administración, Mirna Zavala Zúñiga.

Indicó que obedeciendo a lo que decreta la Ley del Servicio Civil, todos los trabajadores recibirán su aguinaldo completo, sin embargo éste será otorgado en dos partes, la primera estaba programada para el 15 de diciembre que con el esfuerzo y en coordinación con la Secretaría de Hacienda, que la dispersó a tiempo, y la segunda será distribuida el 10 de enero del año 2019.

Los apercibe para que se paguen las pensiones de trabajadores en retiro del TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apercibió con multa a los Poderes Ejecutivo y Legislativo si no dan cumplimiento a sus sentencias, relacionadas con la emisión de decretos y asignación de presupuesto para cubrir las pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La representante del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, pidió al tribunal constitucional requerir, por un lado, al Congreso del Estado para que emita los nuevos decretos jubilatorios de trabajadores judiciales; y, por otro, al Poder Ejecutivo para que entregue la totalidad de recursos autorizados para cubrir sendas pensiones.

Mediante acuerdo, la SCJN emitió una llamada de atención a ambos poderes, porque el tribunal constitucional no tiene en expedientes, pruebas de que se estén en cumplimiento sus sentencias ni que se hayan completado las transferencias económicas para el pago de diversas pensiones.

“Teniendo en cuenta lo expresado por el poder actor, se requiere a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, por conducto de quien legalmente los representa, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten la transferencia de los recursos del pago de pensión, con cargo a la ampliación presupuestal autorizada a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos mediante oficio número SH/01355- 4/2018 de 23 de mayo de 2018, signada por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, apercibidos que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa”, advirtió uno de varios acuerdos emitidos por la SCJN.

En otros acuerdos, la SCJN instó al Poder Legislativo local a emitir de nuevo los decretos pensionarios de trabajadores judiciales, en los que expresamente se indique si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado o, en caso de considerar que debe ser algún otro poder o entidad quien deba realizar los pagos de las pensiones, deberá otorgarse los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación.