La propuesta de ley que envió la presidenta de la república para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio pasará sin mayor contratiempo en ambas cámaras.
Dadas las estadísticas que han colocado a México entre los países más violentos contra las mujeres, tanto en los comparativos con América Latina como a nivel global, no se aprecia qué grupo parlamentario pueda dar la espalda a esta intención.

Un aspecto importante de la propuesta de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio es que incluye medidas para brindar protección a las víctimas indirectas de este delito, como son los menores de edad que han quedado en la orfandad, además de homologar el delito y las sanciones en todo el país.
De avalarse esta ley, sería una forma en que el Estado mexicano aceptaría, en cierta forma, su responsabilidad por no garantizar una protección adecuada a este grupo poblacional, al verse obligado a proteger a los deudos de esas omisiones.