A partir de hoy, el Congreso de Morelos tiene un plazo no mayor a 180 días para construir un nuevo andamiaje jurídico en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en el estado, conforme lo establece el artículo cuarto transitorio del decreto de extinción del IMIPE, publicado ayer en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.

Si bien previamente se explicó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno fungirá como una especie de “vigilante” en estos temas, y que la responsabilidad también recaerá en las dependencias a través de sus órganos internos, la realidad es que existen serias dudas sobre la efectividad de este modelo. Está por verse que no se vulneren los derechos de la ciudadanía, pues cualquier falla en este esquema significaría un claro retroceso en materia de transparencia.

Es cierto que la estructura institucional en torno a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos era perfectible; sin embargo, el mayor riesgo hoy es que un esquema de juez y parte pretenda autorregularse, algo que la experiencia histórica ha demostrado como inviable. El tiempo y los hechos dirán si este cambio no termina por debilitar derechos que costó años construir.