México llegaría a un relevante proceso electoral en 2027 con un Instituto Nacional Electoral (INE) claramente debilitado y rehén de un sistema absolutista, producto de una reforma electoral que impulsa el régimen mexicano con la idea del control y la concentración del poder por parte de un proyecto político que la misma presidenta Claudia Sheinbaum llama a defender “para no regresar al pasado”.

Después del Congreso de la Unión, el Poder Judicial y la FGR, es ahora el sistema electoral mexicano el que está en riesgo de ser cooptado por una teoría política en el poder que atenta contra la pluralidad democrática y moldea un sistema totalitario.

Un INE sin recursos y sin autonomía es presa de un modelo que al mismo tiempo amenaza con “atender” los derechos de las audiencias, en una arremetida contra el derecho a la información y la libertad de expresión.