Los periodos que establece la ley para la discusión presupuestal de instituciones y organismos deben cumplirse de manera íntegra, a fin de permitir un análisis adecuado de las necesidades financieras de cada ente y evitar gestiones fuera de tiempo.

La premura de tiempos o la elaboración apresurada de los proyectos genera situaciones que inevitablemente deben atenderse con posterioridad para dar cumplimiento a compromisos adquiridos, que —por más que se castiguen las arcas— siguen esperando.

Es deseable que este año sirva de aprendizaje y que llegados los plazos establecidos se realice un análisis más detallado de las partidas presupuestales del próximo ejercicio, pues 2027 será un año determinante para diversas instituciones que actualmente gestionan mayores recursos.