Pretender que la autoridad avise cada año al concesionario que se deben acreditar ciertos requisitos para la operación del servicio de transporte, como la revista mecánica o la verificación vehicular, a sabiendas de que es una responsabilidad amparada por la ley, es por lo menos una desubicación.

Responsabilizar al gobierno de que es él quien contamina porque es quien vende el combustible, y no las unidades que lo usan, es demencial.

Justificar que no se verifica por el simple hecho de no viajar a la Ciudad de México, raya en lo absurdo.

Las declaraciones de ayer del líder transportista Dagoberto Rivera tienen tintes de arrogancia, producto de la confianza de haber sorteado para beneficio personal cuanto intento de ordenamiento se ha hecho. La autoridad no debe someterse a los caprichos de un gremio que hasta el cansancio ha demostrado que por delante está el lucro, y al final el usuario.