El reciente espaldarazo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción al gabinete de seguridad de la gobernadora Margarita González Saravia —al reconocer una disminución en los casos de extorsión— también debe asumirse como un aliciente para reforzar las estrategias contra este delito, pues los avances apenas comienzan a reflejarse.

Morelos deberá aprovechar las ventajas de la recién aprobada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, a fin de fortalecer el andamiaje legal que permita dotar —de manera gradual— a las corporaciones de procuración de justicia y seguridad de herramientas más sólidas para combatir este flagelo.

Hace apenas unos días, la Coparmex también expresó su beneplácito por la aprobación de este nuevo instrumento federal, que —a su juicio— contribuirá a mejorar la coordinación nacional. Al mismo tiempo, llamó a los gobiernos locales a respaldar presupuestalmente a sus instituciones para que puedan trabajar en favor de la ciudadanía y avanzar de manera significativa en la reducción de este delito.