La posición de fiscal general en cualquier entidad se ha vuelto una de las más complicadas de cubrir debido a la crisis de seguridad que se vive en el país, donde son pocos los espacios en los que la delincuencia y la impunidad no han tendido sus tentáculos.

Estas circunstancias hacen que quienes se perfilen para ocupar esas posiciones clave deban tener, antes que nada, temple, pues la mayoría de las situaciones a las que se enfrentarán en su encargo suelen ser adversas.

Ante una posición tan trascendental, por supuesto que sería plausible que la ciudadanía fuera un actor más activo, desde la designación hasta el ejercicio de sus funciones; sin embargo, hasta el momento han sido los políticos quienes nos han negado ese derecho, al privilegiar procesos lo más alejados posible de la población.

Ojalá que en el proceso para designar al nuevo fiscal del estado se privilegie, cuando menos, valorar la necesidad de destrabar diversos asuntos pendientes, lo  que enviaría el mensaje de que en la entidad existe un verdadero compromiso por hacer justicia.