La exigencia de colectivos de abrir a la ciudadanía la discusión de la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial de Morelos es lógica desde el punto de vista de la incidencia que dicha normativa tendrá sobre los habitantes.

Aunque se trate de una ley emanada del Poder Ejecutivo, el Legislativo bien haría en sumarse al proceso y atender la petición, pues se trata del Poder que vela por la representación ciudadana, y también porque es el espacio natural para la discusión de toda ley.

Opciones que ayuden a facilitar los consensos hay muchas. Si no se quiere optar por la consulta directa, bien se podría voltear a ver figuras como las audiencias públicas, los foros, o apelar al parlamento abierto, en aras de transparentar esta discusión.

Abrir la ley a la ciudadanía no sólo despejará la sospecha de arreglos cupulares, sino le dará la legitimidad que necesita, pues —al final— de lo que se trata es de mejorar la situación para los morelenses.