En junio, la Sedatu dio a conocer que hasta esa fecha apenas 23 entidades federativas habían cumplido la armonización de sus leyes locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Entre los estados que no han hecho la tarea figura Morelos, que tampoco reportó que existiera alguna propuesta en el Congreso para cumplir con el mandato, a pesar de que la ley entró en vigor en mayo de 2022 y que en el segundo transitorio otorga 90 días a las legislaturas estatales para cumplir con las adecuaciones a su normatividad local.

Entre los objetivos que persigue esta regulación está la reducción de muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes de tránsito, pero además el fortalecimiento del transporte público, que debe ser seguro, accesible y sostenible.

El hecho de que se deje a los transportistas palomear lo que va o no va en esa ley no asegura que se cumpla el sentido del ordenamiento general, por lo que se deberá analizar qué tanto se debe ser flexible.