La Estrategia Nacional contra la Extorsión, que se presentó a inicios del mes de julio de este año, escaló un peldaño más, pues ayer fue aprobada por el Congreso de la Unión la reforma constitucional que facultará a este Poder para expedir la Ley General contra la Extorsión, a la que deberán ceñirse todos los códigos penales estatales, tanto en la forma en que se persigue este delito, como en las penalidades.

La remisión de este proyecto a las legislaturas de los estados es prácticamente un mero trámite, pues no se prevé que alguna entidad lo vote en contra, ya que el delito de extorsión no ha respetado colores ni banderas políticas.

Hay que recordar que —también en el mes de julio— la Coparmex difundió en su Monitor de Seguridad que en el primer semestre de este año, Morelos se encontraba entre los cuatro estados con las tasas más elevadas de extorsión. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se realicen tanto a nivel federal como a nivel local coadyuvan a combatir este delito, que —como atinadamente se dice— daña a hogares, empresas, gobiernos y comunidades enteras.