El consumo de estupefacientes entre trabajadores del volante es un problema añejo que —lejos de resolverse— lamentablemente se ha ido normalizando en todo el país. El asunto cobra relevancia prácticamente cada vez que se registra algún percance en el que queda evidencia de este abuso, combinado con la flexibilidad legal.

Si bien no se puede generalizar ni estigmatizar una labor que es de suma importancia, sí se debe reconocer el problema y, sobre todo, atenderlo, máxime cuando se trata de operadores del servicio público de pasajeros.

La realización de exámenes toxicológicos y una supervisión más estricta por parte de la autoridad podría contribuir a disminuir los índices de consumo de enervantes en este sector, o por lo menos ofrecer mayores garantías de seguridad a los usuarios.

Las declaraciones de ayer del líder de la Coalición del Transporte Público deben servir como una alerta para mantener un mejor control, y no simplemente para reaccionar al clamor tras una tragedia.