La afirmación de la Canacope sobre una disminución en el número de extorsiones telefónicas a pequeños comerciantes debe ser un aliciente para los tres niveles de gobierno en cuanto a que demuestra que si se atienden los problemas de manera persistente, por graves que parezcan, pueden irse revirtiendo poco a poco.

Este sector empresarial decidió tomar acción y, con medidas convencionales y el apoyo de la tecnología, empezó a obtener resultados que brindan tranquilidad a sus agremiados y, con ello, se evita la pérdida de empleos.

El mérito que se podría atribuir a las autoridades estatales acerca de estos números es que, dentro de su estrategia de seguridad, también abordan la problemática de manera preventiva al tratar de evitar el ingreso de teléfonos celulares a los penales, desde donde se realizan un gran número de las llamadas de extorsión que afectan a la sociedad.

Estas acciones, que habrán de reforzarse con la tan sonada nueva ley contra la extorsión –que se supone se está elaborando desde el Congreso de la Unión–, deberán ir revirtiendo el problema.