Ayer, las instituciones del estado evitaron que el trágico accidente en el que una menor de edad perdió la vida, tras ser atropellada en la glorieta de La Luna, pasara desapercibido y —al menos en el discurso— parece que hay sensibilidad para abordar el caso de una manera integral.
Al margen de buscar culpables y revictimizar, es necesario recordar que desde 2014 en nuestro país existe el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) que —de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes— entre otras cosas, tiene la función de prevenir la violación de los derechos de estas poblaciones.
La pregunta que salta de inmediato es: ¿por qué actuar hasta que ocurren las cosas y no diseñar estrategias que tengan como punto de partida la identificación de factores de riesgo y en función de ello tratar de contrarrestarlos?
Quizá la respuesta esté en que desde hace algunos años, en algunas entidades del país más del 80 por ciento del presupuesto relacionado con este sistema se destina al pago de nómina.
