No son menores las voces de alerta y desconfianza por el paquete de reformas constitucionales aprobadas por el Senado tendientes a la militarización de la seguridad.
Además de extender facultades al Ejército, las iniciativas dan un carácter militar a la Guardia Nacional y otorgan a esta corporación atribuciones desproporcionadas en materia de seguridad nacional, que incluyen la intervención de comunicaciones privadas en tareas que sólo competían a autoridades civiles.
La avanzada oficialista desde la modificación de los marcos legales arrastra una sistemática privación de derechos del ciudadano, mientras el régimen adelanta en un esquema de control y vigilancia social.
La militarización de la vida pública trae consigo factores de riesgo. La expansión de la influencia castrense amenaza al mismo Estado democrático.
