Antes de que desde la Federación se lanzara la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Morelos ya se habían tomado acciones sobre el tema al incluirse dentro del paquete de reformas en materia de seguridad que se dieron en primera lectura en la sesión del pasado jueves en el Congreso del estado.

Aunque Morelos no apareció entre las ocho entidades que concentran el 66 por ciento de las extorsiones en todo el país —según las estadísticas que fueron presentadas por el gabinete nacional de seguridad—, es un hecho que este delito es uno de los que más se cometen en el estado y además tiene una gran impunidad, pues la mayoría no se denuncia.

Independientemente de las medidas que sean tomadas en los tres órdenes de gobierno para atacar el problema, es esencial crear los mecanismos necesarios para salvaguardar la identidad de la víctima y que desde la Fiscalía se cuente con personal capacitado que ayude a reconstruir la confianza institucional para brindar certeza a los afectados. De no atender esos dos aspectos, cualquier estrategia corre el riesgo de fracasar y las estadísticas siempre reflejarán un bajo índice de éxito.