Autoridades aseguran que procederán contra quienes resulten responsables.

Debido a la denuncia registrada –inicialmente- a través de redes sociales sobre la contaminación del manantial de Chapultepec con aguas negras provenientes de un domicilio particular, un grupo de ambientalistas presentó este lunes una denuncia ante autoridades federales, estatales y municipales.

El agua sale de un inmueble presuntamente propiedad de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Verónica Cuevas López, sin embargo, los ambientalistas advirtieron que esa información no la tienen con certeza, por lo que pedirán a las autoridades que investiguen quién es el presunto responsable de la contaminación del apantle.

Los denunciantes acudieron a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Morelos (Propaem), la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), para que cada instancia, desde su competencia, realice las indagatorias.

La Asociación de Colonos de la Privada La Cabaña, por su parte, también pedirá que se realicen las investigaciones del por qué vierten sus aguas negras en el canal de agua procedente del manantial de Chapultepec, y anunciaron que este martes emitirán un comunicado dando a conocer su postura.

Mientras tanto, representantes de la Propaem, Ceagua, Conagua y SAPAC acudieron al medio día de ayer al lugar y constataron la existencia del tubo que arroja aguas negras, y aseguraron que procederán conforme a la ley y sancionarán a quien resulte responsable.

 

 

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Abarcará cinco kilómetros en diversas calles de la cabecera municipal.

Tepalcingo.- Dan banderazo de inicio a la primera etapa de la Ampliación y Mejoramiento de la Red de Agua Potable de la cabecera de este municipio. El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Moisés Agosto Ulloa, resaltó la disposición que existe para trabajar en conjunto con las autoridades federales y municipales, representadas por el alcalde, Alfredo Sánchez Vélez, con la finalidad de dotar del vital líquido a las familias de todo el estado, incluidas las tepalcinguenses.

“Tepalcingo ha sido uno de los municipios que más ha aportado y realizado trabajo de gestión en obras hidráulicas. De antemano les digo que seguiremos trabajando de manera estrecha con el alcalde para su beneficio”, expresó.

Asimismo, Moisés Agosto señaló que esta obra contó con una inversión cercana a ocho millones de pesos, mismos que fueron aportados por los gobiernos federal y municipal; sin embargo, la Ceagua fungirá como ente de pago y regulador, “nos encargaremos de supervisar la buena aplicación de los recursos”, indicó el funcionario estatal.

Por su parte, el presidente municipal Alfredo Sánchez Vélez informó que la obra abarcará cinco kilómetros de red de agua potable en las calles Galeana, Juárez, 5 de Mayo, Vicente Guerrero, Quintana Roo, entre otras.

“Se cambiarán tuberías que ya estaban llenas de raíces”, dijo.

Por su parte, el director general del Organismo Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Víctor Hugo Iglesias Pérez, indicó que dicha obra se logró gracias a la coordinación con el municipio y recordó la disposición del gobierno del estado para coadyuvar a favor de la población morelense.

Por último, las autoridades dieron el banderazo inicial de la obra que se espera que termine en la última semana de diciembre.

 

 

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Se prevé que continuarán hasta este fin de semana.

Cuautla.- Con la llegada del Frente Frío número 10 al país, el estado de Morelos ha resentido un significativo descenso de la temperatura, así como la presencia de lluvias, las cuales se dejaron sentir en esta ciudad.

Por este motivo, el área de Protección Civil y Bomberos de Cuautla recomendó a la ciudadanía cuautlense mantenerse abrigada y no exponerse de no ser necesario a las inclemencias del tiempo. Además, en la medida de sus posibilidades, llamó a los pobladores a no realizar actividades deportivas desde muy tempranas horas para evitar que puedan enfermar y afectar sus vías respiratorias.

Ante esto, informó que –según la Comisión Nacional del Agua (Conagua)–, el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas permanecerá durante varios días en el municipio, por lo que se prevé que, de manera gradual, la temperatura continúe descendiendo hasta el próximo fin de semana.

Para apoyar a las personas de escasos recursos, será durante la siguiente semana cuando Protección Civil municipal realice la entrega de cobertores que le serán donados, mismos que serán repartidos entre personas en situación de calle o que verdaderamente necesiten de los mismos para hacer frente a los fríos que se avecinan con la temporada invernal.

Finalmente, indicó que para salvaguardar la integridad de la ciudadanía se realizarán recorridos las 24 horas del día para verificar que no haya un incremento significativo en el flujo de agua de ríos y barrancas, los cuales pudieran poner en latente riesgo a la ciudadanía en general.

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La obra quedará concluida a mediados del próximo mes, aseguran las autoridades municipales.

Jojutla.- Finalmente este lunes fueron retomados los trabajos de la reconstrucción del puente de "Los Suspiros", el cual comunica a la colonia Benito Juárez con la Alameda en la cabecera municipal de este lugar.
Rafael Chavarría Bahena, secretario municipal del Ayuntamiento, informó que se prevé que la obra quede concluida a mediados del próximo mes de diciembre.
El funcionario señaló que, después de varios inconvenientes, finalmente se logró retomar la reconstrucción del puente que resultó severamente dañado tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que, a más de un año de la contingencia, no se había logrado concluir por diferentes razones.
"Ya se retomaron los trabajos, tenían que haberse iniciado desde el miércoles pasado, pero no llegaron las estructuras de concreto que se colocarán, las conocidas comúnmente como ballenas; sin embargo, ya están aquí, comenzaron a llegar desde el domingo y se realizó la logística adecuada para que entraran ya hasta el punto donde serán colocadas. Ya vamos adelantados, tendremos puente de ‘Los Suspiros’ para mediados de diciembre", aseguró.
Aclaró que todos los temas pendientes se atendieron, desde los permisos y el estudio hidrológico que absorbió la comuna, lo que permitió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retirara los sellos de suspensión de la obra y hoy en día la empresa constructora haya retomado la obra.
Insistió en que es un compromiso con los vecinos de que el puente quedará construido en su totalidad y abierto a la circulación vehicular y peatonal a más tardar en la penúltima semana de diciembre.

 

 

 

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Instalan Subcomité de Fenómenos Invernales para responder ante contingencias.

Este jueves se instaló el Subcomité de Fenómenos Invernales, integrado por varias dependencias, con el objeto de responder de manera pronta y adecuada ante contingencias que podrían ocurrir en esta temporada del año, en la que se prevé que se registren 19 frentes fríos.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos (CEPM), Enrique Clement Gallardo, explicó que esta estructura, conforme a la norma, debe instalarse cada año, y aunque esta entidad no tiene cambios radicales de clima, hay incidencias relacionadas con esta temporada, como el aumento de incendios por el uso de luces de árboles de Navidad o la quema de pirotecnia, la baja temperatura en zonas como los Altos de Morelos, el incremento de accidentes por las vacaciones decembrinas, entre otros.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre el pronóstico preliminar respecto a los frentes fríos que se esperan para lo que resta del año. Por lo que precisó que se pronostican 19 frentes fríos, y en lo que va de octubre se encuentra el frente frío número 7. Asimismo, resaltó que pueden existir variaciones en el pronóstico.

El subcomité –apuntó Clement Gallardo– está conformado por la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), la Comisión Estatal de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del estado, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm), el Sistema DIF Morelos, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos (Coprisem) y los sistemas municipales de Protección Civil.
El funcionario estatal encabezó dicha reunión y manifestó que se mantiene comunicación y coordinación interinstitucional adecuada para la actuación eficaz en caso de ser necesario.
Clement Gallardo exhortó a los sistemas municipales de protección civil a cumplir con la entrega de sus planes invernales, los cuales contemplan los sitios más vulnerables a esta temporada y el actuar para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía.

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El gobierno de Jojutla pagará un nuevo estudio hidrológico.

Jojutla.- Aunque el gobierno de Jojutla había ofrecido que esta semana se podrían continuar con los trabajos de reconstrucción del puente de “Los Suspiros”, dañado por el terremoto del año pasado, todavía no se cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que se puedan retomar los trabajos, suspendidos en agosto de este año.

El enlace del municipio para este tipo de obras, Roque Antonio González Barreiro, reconoció que el viernes pasado tuvieron una reunión con Conagua y la Sedatu, para revisar el tema, pero se determinó que el nuevo puente, que ya lleva un avance significativo, no cumple con los requisitos de Conagua.

“Esa dependencia federal determinó que el puente no cumplía con los márgenes mínimos para que el proyecto pudiera pasar. Por ello, el municipio contrató a una empresa para realizar los estudios hidrológicos y topográficos”.

Destacó que el problema es que de acuerdo con la información que tiene la Conagua, el puente corre riesgo de sufrir daños en una avenida máxima, por lo que el estudio consiste en recopilar información 150 metros abajo y 250 metros aguas arriba del puente, para revisar que los niveles de una creciente máxima no afecten al puente ni a las colonias con un desbordamiento.

“Hoy nos entregan el estudio y mañana (este miércoles) tenemos una reunión con la Sedatu, la Conagua, la constructora y la Secretaría de Gobernación, para buscar que el proyecto sea el adecuado, viable y se pueda continuar con la reconstrucción”.

Dijo no saber cuánto costará este estudio, que será totalmente pagado por el Ayuntamiento.

Vale mencionar que vecinos de la colonia Juárez han cuestionado el retraso en la reconstrucción del puente, de modo que la semana pasada bloquearon la entrada a Jojutla en demanda de su terminación en este mismo año. Si el nuevo estudio no satisface los lineamientos de la Conagua, el proyecto tendrá que replantearse y eso podría llevar mucho más tiempo.

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El terremoto secó los siete manantiales de la comunidad; pese a los esfuerzos por recuperarlos, el agua se resiste a brotar de nuevo.

Xochitepec.- El sismo del 19 de septiembre de 2017 le dio en el corazón a los pobladores de la comunidad de Chiconcuac al quitarles el recurso natural más representativo de este lugar: el agua. Siete manantiales que eran la base económica de esta comunidad desaparecieron.

A poco más de un año del desastre, pese a las acciones que realizaron, los lugareños no lograron recuperar uno de los manantiales más grandes e importante que daba vida al Balneario Rústico Natural “San Ramón”, donde solo ha quedado abandonada la imagen del santo patrono de este lugar que era venerada a un costado de donde brotaba el agua en abundancia.

Lizet Sumano Ávila, una de las vecinas de este lugar que encabezó junto con el ayudante de la comunidad, Héctor Mendoza Domínguez, y Vicente Ayala, presidente del Balneario “San Ramón”, el movimiento de rescate del manantial, relató cómo el sismo les quitó uno de las principales fuentes de agua que daba identidad a Chiconcuac y a pesar de los esfuerzos no lograron recuperarlo. Hoy el balneario y el acueducto se encuentran fuera de funcionamiento.

Lizet Sumano recordó que para quienes viven en esta comunidad el agua ha sido el recurso natural más preciado, pues se cuenta con los manantiales desde el siglo XVI; en la época del conquistador Hernán Cortés se construyó un acueducto que atravesaba el poblado y distribuía el agua cristalina a las comunidades aledañas, campos de cultivo y desembocaba en el río, mientras que el Balneario Rústico Natural “San Ramón” tiene alrededor de 80 años de vida y es operado por los propios ejidatarios del lugar.

"Chiconcuac contaba con siete manantiales que hoy, tras el sismo, han desparecido. Solo el de San Ramón, el más grande que producía alrededor de 200 litros por segundo, era el más importante. El resto se encontraba en propiedades privadas, pero que también dotaban de agua a exhaciendas y quintas que contaban con gran vegetación. San Ramón era el lugar más representativo para quienes viven en Chiconcuac. Quizás con el sismo no perdimos casas como en otros municipios, pero nos dio en el corazón, el agua que salía de aquí era el bien más preciado para nosotros. Chiconcuac (viene del) náhuatl, Chicomecóatl, que quiere decir ‘siete serpientes de agua’, es decir, los siete manantiales de la comunidad que hoy ya no están", relató Lizet.

Recordó que con el sismo todos se abocaron a los daños materiales; en ese momento, el agua del acueducto se desbordó como si brotara mucha más agua de la normal. Sin embargo, a los cuatro días, la asociación civil del balneario notificó que el manantial había disminuido su producción de manera considerable, por lo que la comunidad se unió para buscar la manera de buscar más agua, pero tres días después desapareció en su totalidad.

Comentó que ante la pérdida de este manantial, se integró una brigada de apoyo integrada por vecinos de este lugar, desde jóvenes, adultos, niños, y mujeres que daban alimentos para emprender jornadas de trabajo con palas y picos para excavar con el objetivo de encontrar el agua nuevamente. Incluso se tuvo ayuda de organizaciones de otros estados, especialistas que se sumaron, empresas que prestaron maquinaria y equipo. "Las agrupaciones trabajamos en conjunto para encontrar el agua, se tuvo equipo, maquinaria, pero no sabíamos hasta qué profundidad estaba el agua. Después de un mes no encontramos nada. Para esa fecha se confirmó que todos los manantiales habían desaparecido", relató.

La sequía de los manantiales, y principalmente el de San Ramón, representó la pérdida de empleos, afectación al campo, desabasto para las familias de Chiconcuac que necesitaban el agua para el uso doméstico y las comunidades de sus alrededores; “el balneario no es lo que era hace un año: daba empleo, había turismo, más de 20 hectáreas llenas de vegetación, agua, comercio. Hoy tres de cinco albercas se fracturaron y están fuera de servicio, bueno todo el balneario está fuera de servicio. Chiconcuac, un pueblo con mucha historia, tenía como los principales clientes a la Ciudad de México, y hoy la economía se ha estancado. No hay agua y ni hay actividades económicas para la región”, lamentó.

Lizet Sumana refirió que tras la entrega de oficios a diferentes dependencias y tocar puertas en los distintos niveles de gobierno por parte del ayudante de la comunidad y la Asociación Civil “San Ramón”, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinó recursos para la perforación de un pozo; el agua se encontró a poco más de 180 metros de profundidad, mientras que el manantial brotaba a nivel de piso. "Hace dos meses se terminó de perforar, pero ahora la extracción del agua representa un costo económico grande. Actualmente se realizan pruebas de extracción y el agua no se extrae con la misma calidad con la que brotaba del manantial; ahora será un costo elevado por el gasto de energía eléctrica, equipo, materiales y el proceso que deberá de recibir el agua, y esto no garantiza que regresará a ser lo que era antes del sismo. El agua era natural, cristalina, no se requería de gastos, pues brotaba de manera natural; ahora se tendrá que realizar un esfuerzo material y económico mayor", señaló.

Actualmente, la imagen de San Ramón, un santo que era venerado en este manantial que recibió el mismo nombre, se encuentra a un costado del espacio vacío, seco, donde solo hay piedras y maleza, mientras a unos metros se realizan los trabajos de adaptación del pozo que fue perforado. Aún se tiene que instalar el equipamiento para su operación, para lo cual requerirán de una nueva inversión económica.

 

 

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Dragarán el río para continuar con la construcción.

Jojutla.- Luego de un bloqueo de dos horas a la entrada principal, discusión y desacuerdos, finalmente las autoridades municipales convinieron con los vecinos en que será dragado el río que pasa bajo el puente de “Los Suspiros”, trabajo que había puesto como requisito Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que pueda continuar la construcción.

La mañana de ayer, una treintena de vecinos de la colonia Juárez bloquearon por alrededor de dos horas la entrada principal a Jojutla, a la altura del puente “Apatlaco”, en demanda de que se revoque la clausura de la reconstrucción del puente de “Los Suspiros” y antes de que termine el año quede en operación.

Alrededor de las 8:30 horas, con mantas y pancartas, los manifestantes se instalaron en el lugar impidiendo el tráfico vehicular.

Al lugar llegó el secretario municipal Rafael Chavarría quien dialogó con ellos y explicó que la construcción -que se inició por el mes de mayo- está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero no presentó el proyecto a la Conagua, por lo que, en agosto, la Conagua detectó un riesgo por el nivel del puente y lo clausuró.

Desde entonces permanece así y una visita de funcionarios de Conagua esta semana llamó nuevamente la atención sobre el tema y tras algunas reuniones esta misma semana, un grupo de vecinos, encabezado por Domingo Islas, decidió bloquear la calle ayer para exigir el retiro de sellos y terminar la obra, que estaba programada para concluir el 15 de septiembre.

En la manifestación de ayer, Chavarría aseguró que la normatividad de Conagua no permite que se reconstruya un puente por debajo del nivel que tenía el anterior -y este está por lo menos un metro abajo-, porque eso puede ocasionar riesgos para la propia estructura con una avenida de agua extrema.

También dijo que se reunirían este viernes con las diversas autoridades para tratar de llegar a una solución. También mencionó que si se queda así el puente, tendrían que excavar para ampliar su cauce y no afectar la estructura.

Incluso se le dijo que si se le tiene que invertir en obra complementaria, el municipio buscaría los recursos.

Por su parte, los vecinos no estuvieron de acuerdo. Domingo Islas insistía en que “año nuevo, puente nuevo” y pedía que retiraran los sellos de clausura para terminarlo ya.

Los inconformes anticiparon que podrían tomar acciones más fuertes, como la toma de las obras que tiene a cargo la Fundación Hogares en Jojutla o bloquear la autopista.

Ambas partes mantuvieron sus posturas, hasta que acordaron que se reunirían por la tarde para volver a analizar el tema y alrededor de las 11:00 horas se retiraron.

Ya por la tarde, con la asistencia representantes del Ayuntamiento, Sedatu, y colonos, se acordó que no se va a modificar el puente, sino que se va a dragar un metro abajo y el Ayuntamiento se encargará de presentar el proyecto a la Conagua.

Se espera que con esta acción, se retiren los sellos de clausura y la próxima semana puedan reiniciar los trabajos para terminarlos antes de que acabe el año.

 

 

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El organismo pide abrir una nueva investigación sobre el desarrollo de la obra.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió abrir una nueva investigación y reveló que, al parecer, la reparación del socavón en el Paso Exprés corrió a cargo del erario federal y no de las empresas implicadas.

A través de un comunicado, el organismo defendió el contenido de la recomendación 34/2018, emitida el 10 de octubre, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, por violaciones a derechos humanos y una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción ocurridos en todas las fases del proyecto de construcción del Paso Exprés.

Afirmó que “la recomendación emitida tiene sustento en una investigación de campo y documental que demuestra, con base en elementos objetivos, diversas violaciones a los derechos humanos”.

Recalcó que la CNDH busca que las autoridades involucradas federales, estatales y municipales establezcan de manera explícita la garantía de no repetición, y las acciones preventivas que ello conlleva, para tranquilidad de todos los ciudadanos que transitan por las carreteras nacionales.

Además, que se impongan sanciones ejemplares como disuasivo para que casos como el del socavón no vuelvan a presentarse, de otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente en cualquier parte del país.

Insistió también en que espera que la investigación realizada, sea considerada por las autoridades para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

Recalcó de nuevo la resistencia de las institución públicas y las empresas implicadas en el caso para entregar información a la CNDH, no obstante, la investigación indica que “el costo de la reparación del socavón corrió a cargo del erario” y “hasta el momento no se ha informado si este costo se les cobrará a las empresas responsables que ejecutaron mal la obra”.

Precisó que enviará una copia de la investigación a la Secretaría de la Función Pública, pues independientemente de los procedimientos abiertos en curso o concluidos, “se requiere un nuevo procedimiento en el que se consideren todos los aspectos expuestos en la recomendación que deben ser considerados, tanto en contra de las empresas participantes como de los servidores públicos involucrados”.

“En un asunto que involucra empresas, falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional y por la declaración pública carente de veracidad y, en su caso, posibles actos de corrupción, se debe hacer una investigación integral que adminicule todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no permanezcan en la impunidad. El evento ocurrido en el socavón no puede analizarse y determinarse de manera aislada sino integral basada en todos y cada uno de los componentes que provocaron que dichos hechos ocurrieran”.

Confió en que las autoridades competentes ahonden su indagatoria por presuntas responsabilidades administrativas y penales, tomando en consideración los elementos aportados por la CNDH.

 

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Posible esquema de corrupción público y privado, señala el organismo, que fija en cuatro las muertes por la obra; la SCT obstaculizó la investigación.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “el socavón no fue un accidente sino una cadena de ineptitudes administrativas”, las que tienen que ser investigadas integralmente, al advertirse que existe “un posible esquema de corrupción” que involucra a instituciones públicas y privadas, y aplicar sanciones ejemplares no sólo para que el caso no quede impune sino para que no se repita en cualquier parte del país.

Al presentar la Recomendación 34/2018 dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López destacó que la investigación de oficio realizada por el organismo, a raíz de la muerte de dos hombres el 12 julio de 2017,  fue obstaculizada reiteradamente por la SCT, lo que evidenció que algo extraño sucedía y que se pretendía ocultar.

Señaló que en la investigación centrada en la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción por parte de la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Por ejemplo, no se contó con los permisos o exenciones ambientales al momento de iniciar los trabajos de construcción. La exención ambiental se otorgó meses antes de que se contara con la versión final del Proyecto Ejecutivo a 10 carriles, es decir, se exentó respecto de un proyecto distinto al construido. Esto evidenció la falta de debida diligencia de las empresas constructoras, pues iniciaron los trabajos sin contar con uno de los requisitos para hacerlo.

De acuerdo con la CNDH, a más de un mes de haber iniciado los trabajos del Paso Exprés, la SCT solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que informara si existían líneas de agua potable y drenaje que interfirieran con los trabajos, lo cual debió ser previsto desde la planeación y diseño del Proyecto Ejecutivo, pues las afectaciones debían considerarse al momento de hacer el trazo y establecer los aspectos técnicos de diseño de la obra contemplados en dicho proyecto.

Detalló que al revisar la información básica de los cuatro contratos celebrados por la SCT con cuatro empresas constructoras, se detectó que dichos contratos fueron modificados en al menos nueve ocasiones, y esto provocó el aumento del costo de la obra con respecto a su estimación original, equivalente a un 67.9% más de lo presupuestado (más de 535 millones de pesos), además del retraso de la obra por siete meses.

De los 41 procedimientos administrativos iniciados por la obra del Paso Exprés, casi la mitad fueron archivados o concluidos en no sanción. De los muchos funcionarios de todos los niveles que intervinieron en la obra irregular, sólo nueve servidores públicos fueron sancionados y ninguna de las empresas ha sido sancionada.

Es por ello que la CNDH insistió en que las autoridades están obligadas a investigar y aplicar sanciones ejemplares a “toda la cadena de mando”, es decir a todos los servidores públicos que de una u otra forma permitieron la corrupción, la violación de derechos humanos de la población y que una obra irregular cobrara la vida de cuatro personas. Esto, incluyó también a las empresas corresponsables.

A esto se sumó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), observó irregularidades en la ejecución y pagos de los trabajos de tres de las empresas contratadas como: pagos sin justificación, por trabajos no previstos, incumplimiento de las especificaciones del contrato y por servicios no prestados.

La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin aprobación y autorización de las áreas responsables. La obra carecía de retornos, acotamientos y acceso a vehículos de emergencia. La empresa contratada para la supervisión usó una bitácora convencional sin autorización de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de la bitácora electrónica correspondiente exigible en este tipo de obras.

Respecto a las autoridades locales, la CNDH advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje, dejó acumular la basura en el alcantarillado que cruza el socavón y fue rebasado en su capacidad de respuesta durante el hundimiento que, incluso, produjo la suspensión del abasto de agua potable a la población de la zona.

En tanto el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más que también perdieron la vida: un joven motociclista que fue golpeado por un cable de alta tensión sobre la cinta asfáltica; y otro joven que cayó de un paso peatonal que no tenía barandal, ni algún tipo de señalamiento de peligro, a un costado del Paso Exprés.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, repare el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; y ofrecer disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

También, generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren, y colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.

Además de capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”, y continuar la atención directa a vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona. 

A Banobras se le pidió generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos, e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad en derechos humanos. 

A la Conagua, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, pidió identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico.

El gobernador del estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.

La recomendación también fue entregada al Congreso de la Unión para que considere posibles modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.

Además, se presentará tanto a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Morelos, para que se tome en cuenta los elementos recabados por la CNDH respecto a las irregularidades para que se finquen las responsabilidades.

El visitador resaltó que CNDH tuvo que realizar también una investigación sui generis más allá de la violación al derecho a la vida para determinar las fallas técnicas e irregularidades administrativas de un proyecto carretero, y hacer un análisis integral y concatenado de los hechos y las evidencias, y llegar así a las conclusiones que hoy son públicas por el riesgo de que de no exhibirse la verdad y buscar que el caso no quede impune, corremos el riesgo de que casos análogos se sigan repitiendo.

Recalcó que es importante que las autoridades competentes investiguen de manera global y vayan más allá de un enfoque parcial o fragmentado, cuyo saldo ha sido la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas

Y es que, asestó, “el socavón no es un mero accidente sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”.

“Del caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la Comisión Nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”.

Destacó que en su momento, la SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo, por el contrario, su titular Gerardo Ruiz Esparza realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación.

Además, los servidores públicos de la SCT no proporcionaron a la CNDH de manera oportuna la información solicitada para la investigación, al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas, lo que representó un esfuerzo adicional de análisis que pudo haberse simplificado, conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH.

 

Víctimas sin reparación del daño

Aun cuando las familias de Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo que murieron al caer en el socavón que se abrió en el Paso Exprés, recibieron una indemnización, la CNDH consideró que la reparación del daño no ha sido integral.

En el caso de los familiares de la tercera y cuarta víctimas, no han obtenido debida reparación, ni hay responsables, por lo que el organismo enviará copia de la recomendación a la Fiscalía de Morelos, a efecto de que acelere la investigación y se determinen las responsabilidades a quien corresponda a la brevedad.

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