Tras la renuncia de la directora de recursos humanos, Miriam Mireles Hernández el pasado doce de octubre, por presión para expedir constancias a 54 trabajadores con datos alterados (según declaró ella misma), el ayuntamiento cesó del cargo a la directora jurídica Elva Liliana Valle Chumacero, por amagar también con renunciar por asesorar y solidarizarse con Mireles Hernández, pero en su lugar contrató a Erika Ortiz Martínez, quien ya había ocupado ese mismo cargo el año pasado y presentó una demanda laboral por despido injustificado.

La síndica municipal, Alejandra Rodríguez Salazar, explicó que a raíz de que se dio el problema de la contadora Mireles Hernández, Valle Chumacero hizo causa común con ella. “Quien realmente daba la asesoría (a Mireles Hernández) era la licenciada Liliana. Ella lo comentó directamente con el secretario municipal, diciendo que ella también se iba, porque se iba a solidarizar”.

Señaló que esto no gustó al Gobierno, porque tiene que haber profesionalismo. “No podemos tener gente a la fuerza, ni dejar el área descubierta, tenemos procedimientos. Ante esta situación, no podemos obligar a nadie y se tomó la decisión de que si ella estaba ya con la idea de irse, decidimos tomar la iniciativa y solicitarle su renuncia también. No podemos jugar, no podemos dejar áreas acéfalas”.

Expuso que el ayuntamiento tenía el antecedente de que la licenciada Ortiz Martínez ya había estado en el área jurídica, pero que por cuestiones personales, no profesionales, dejó el trabajo. “Se le despidió meses atrás (y presentó una demanda laboral). Estábamos en pláticas conciliatorias y lo único que pedía era la reinstalación. Es una persona que conoce el área y decidimos ponerla como encargada de despacho”.

La síndica aseguró que con esta decisión se resolvía una demanda laboral y no se tenía que contratar más gente, pues la licenciada se desistió de su demanda y están “en muy buenos términos”. Aseguró que la demanda de Ortiz Martínez era por su finiquito y parte proporcional de su aguinaldo, que no era superior a 40 mil pesos, por lo que se llegó a un acuerdo y se quedó como encargada del despacho.

Estimó que buscarán ahora finiquitar a Valle Chumacero para que no haya otra demanda laboral.

Asimismo, confirmó que en lugar de la directora de recursos humanos, se dejó a Bernardo Lira Carballido, de manera prácticamente inmediata, como encargado de recursos humanos, porque es un área que no puede quedar descubierta. Reconoció que Lira Carballido sí expidió las más de 50 constancias que le solicitaron a Miriam Mireles Hernández, pero aseguró que se expidieron tal cual, sin alteraciones, porque ella las vio (a pesar de que Miriam Mireles aseguró que ella las expidió primero, tal como debía ser, pero no se las aceptaron, querían que les cambiara la leyenda de “trabajadores de confianza”).

En cuanto a los señalamientos de sindicalización masiva, la síndica opinó que las constancias que solicitaron masivamente los trabajadores, no necesariamente podrían ser para sindicalizarse, además de que hay muchos filtros que se deben pasar para ello.

Consideró además que es necesario que haya más personal sindicalizado porque las plazas existen, así que esta acción se va a dar en esta o en la siguiente administración.

Información recabada por este reportero, apunta a que Ortiz Martínez no se ha desistido aún de su demanda, que presentó bajo el expediente 01-426 ante el tribunal estatal de conciliación y arbitraje, y de la cual recientemente tuvo una audiencia (el 19 de octubre) y tendría otra programada para el nueve de noviembre.

Por su parte, Erika Ortiz Martínez se reservó a hacer declaraciones.