Zacatepec.- Al igual que su homólogo de Jojutla, el edil de Zacatepec, Francisco Salinas Sánchez, se deslindó de las declaraciones del comisionado estatal de seguridad pública, de que hay alcaldes del sur que pagan “piso” al crimen organizado y pidió que el funcionario estatal dé nombres.

“Yo creo que para hablar tenemos que tener pruebas primero, entonces creo que tiene que trabajar en eso, en seguridad y bueno informarle a la ciudadanía lo que es, pero en Zacatepec hasta el momento no se ha pagado nada de eso”, declaró a los medios.

Interrogado acerca de que el comisionado aseguró que se está realizando una investigación seria en ese sentido, Salinas Sánchez dijo no tener problema, celebró que cuente con esas pruebas, y “qué bueno que lo va a sacar a la luz pública, sin ningún problema”.

Sostuvo que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de amenaza del crimen organizado y dijo sentirse tranquilo.

“Ni lo tomé en cuenta (a Alberto Capella) prácticamente, lo vi por las noticias, sin ningún problema”, expuso.

“Él está haciendo su trabajo como seguridad estatal, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como presidente municipal y nosotros a lo que nos avocamos es la administración de los recursos municipales de Zacatepec nada más”, añadió.

Negó también que hasta el momento, algún regidor se haya quejado de alguna extorsión. “Si lo hubiese, yo se lo diría también a seguridad pública y bueno también ellos tomarían las cartas; tampoco lo podemos hablar a los cuatro vientos, cuando a lo mejor no es ni cierto y son puros chismes”.

Yo estoy trabajando en lo mío, si él (el comisionado) está investigando, pues que investigue y que dé nombres, sin ningún problema, así de fácil”, concluyó.

Vale mencionar que la semana pasada, en su comparecencia ante los diputados como parte de la glosa del informe de gobierno estatal, el comisionado estatal de seguridad Alberto Capella Ibarra informó que existen 13 procesos de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de alcaldes y regidores de la región sur, por su presunta relación con la delincuencia organizada.

Acusó a los ediles de pagar presunta protección al grupo criminal de “Los Rojos”, de 50 mil a 100 mil pesos mensuales, aunque no dio nombres.