Casamata Gómez fungió como titular de la Auditoría Superior de Fiscalización durante el 2000 al 2007 y es acusado de extraviar un documento del 2000 que permitió que el actual edil priista no comprobara el gasto de varios millones de pesos.
De acuerdo a los indicios proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE), el expediente administrativo en el que se documentaron las irregularidades se extravió durante el tiempo en que Casamata Gómez fungió como titular del ASG, lo que permitió que el edil se amparara porque la acción prescribió.
El juez de Control del Primer Distrito Judicial exhortó a las partes a asistir el próximo 3 de noviembre a la Sala Uno de Juicios Orales, para declarar la apertura del juicio oral en el que ambas partes buscarán aportar las pruebas necesarias.
Casamata Gómez ha declarado que tiene en su poder pruebas que dará a conocer en el transcurso de su juicio, para echar abajo las pruebas en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En la causa penal JC/826/2013, el agente del Ministerio Público ofreció diversos antecedentes, entre ellos precisó que Casamata Gómez tenía conocimiento sobre el extravío del expediente, al señalar que fue informado por el personal de la Auditoría Superior de Fiscalización tanto verbalmente como mediante un escrito.
En tanto, la defensa alegó que no era responsabilidad del actual auditor iniciar la denuncia sino de otra área del Congreso del Estado; además Gerardo Casamata optó por declarar y reconoció que en su momento fue el auditor superior, sin embargo refirió que la responsabilidad de vigilar los expedientes era del encargado del archivo.
“Durante el desempeño de mis insignias siempre las realicé con apego a la normatividad y a las leyes que rigen las fiscalización de las cuentas públicas, y niego y desconozco los hechos que se imputan por parte de la Auditoría Superior y de la propia Procuraduría General de Justicia”, afirmó en su declaración celebrada el pasado 24 de diciembre.
Es por ello que tras haber escuchado los alegatos, tanto de la fiscalía como de la defensa, el juez consideró que había elementos suficientes para sujetarlo a proceso, al manifestar que Gerardo en su calidad de auditor no verificó que tanto el ex alcalde Julio Espín, así como el tesorero Roberto Montes Cortés, fueran informados de que tenían que resarcir el daño de las irregularidades por un monto de nueve millones 478 mil 513 pesos.
Por ello, el próximo 3 de noviembre Casamata Gómez tendrá que enfrentarse al fiscal del caso y anunciar las pruebas que presentará para desvirtuar la acusación en su contra.