La fiscal encargada del asunto argumentó la semana anterior a la juez Leticia Damián Avilés que había sospechas de que el hombre de 45 años intente escapar porque mintió a la autoridad al señalar que trabajaba como empleado de seguridad privada, lo cual es falso, además de que se negó a firmar el documento que contenía sus derechos y en el que se le asignaba un abogado de oficio.

“Desde su detención se mostró muy rebelde y no quiso colaborar”, dijo la agente del ministerio público.

Al presentar los cargos, la fiscal explicó que el pasado 8 de enero un empleado bancario llegó a visitar a un cliente en la calle Lázaro Cárdenas, a bordo de una motocicleta marca Yamaha de 125 centímetros cúbicos y al caminar unos metros se percató como un hombre alto de tez morena comenzó a empujar el vehículo de dos ruedas y se metió a un callejón, donde se cayó de la motocicleta.

Mientras seguía al ladrón, el empleado bancario llamó a la Policía, que de inmediato llegó a su auxilio y detuvo a Tomás, quien aparece en la base de datos como ex empleado del penal.

El abogado del imputado argumentó que su cliente no fue entregado de inmediato al ministerio público y que por ello la detención era ilegal, pero la juez consideró que sí se cumplieron con los tiempos que establece la Constitución en el Artículo 19, porque si bien se entregó tres horas después de la captura, esto se debió a que fue llevado al médico para su certificación.

Después el ministerio público pidió la prisión preventiva, al argumentar que el imputado ha mentido para evadir la acción de la justicia y por ello no debe estar libre.

La juez Damián Avilés coincidió con el abogado defensor, en el sentido de que el detenido estaba en su derecho de firmar o no los documentos que le proporcionó el ministerio público. “Ese es su derecho, él puede o no firmarlo”.

La juez dictó como medida cautelar que el implicado acuda a la Unidad de Medidas Cautelares una vez a la semana para firmar el libro de registros, así como una fianza de tres mil pesos como garantía.