A propósito de las transformaciones del sector educativo en México durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses del segundo piso a cargo de Claudia Sheinbaum, ha surgido un intenso debate sobre el futuro de las universidades autónomas. Mientras que algunos argumentan que el análisis debe centrarse en la tendencia hacia la centralización del poder, en el contexto de la disolución de ciertos organismos autónomos constitucionales, hay quienes sugieren que el surgimiento de nuevos modelos educativos es, en realidad, una respuesta al profundo malestar social que enfrenta nuestro país: la desigualdad.
Aunque México está comprometido internacionalmente con aumentar la cobertura educativa, este compromiso no necesariamente implica el mantenimiento de modelos autónomos. La creación de sistemas alternativos, como el Sistema Nacional de Educación a Distancia y las Universidades para el Bienestar y la Universidad de la Salud, son la muestra. La interrogante aquí es si también reflejan una tendencia hacia la centralización del poder, buscando debilitar la autonomía universitaria. Claudia Sheinbaum ha propuesto fortalecer estos nuevos modelos educativos como parte de un esfuerzo por ampliar el acceso a la educación superior en México. Durante la administración pasada, se construyeron 218 nuevas universidades, un número récord que busca abordar la baja cobertura educativa del país, actualmente situada en un 46%, en comparación con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, especialistas advierten que aumentar el número de sedes no es suficiente, ya que es crucial garantizar que estas nuevas universidades cumplan con criterios de calidad y cuenten con financiamiento adecuado.
Si bien se han documentado ampliamente los problemas a los que estos nuevos modelos se enfrentan —como la falta de infraestructura adecuada, despidos de docentes y carencia de títulos universitarios—, es lamentable reconocer que estas problemáticas no son ajenas a las universidades que gozan de autonomía. De hecho, en varias ocasiones, el expresidente AMLO buscó deslegitimar a las universidades tradicionales al calificarlas como "burocracias doradas", señalando que protegían a “pseudointelectuales” y sugiriendo que su función social podría ser asumida por modelos alternativos menos costosos. Además, tanto la actual presidenta como sus partidarios han sido claros al recordar la crisis financiera que enfrentan las universidades públicas estatales, caracterizada por una gestión discrecional de recursos, su involucramiento en esquemas de corrupción o desvío de fondos, así como el creciente déficit presupuestario que mantienen muchas universidades estatales, exacerbado por el aumento de las obligaciones por pensiones y jubilaciones, lo que ha limitado su capacidad para ofrecer servicios educativos adecuados.
Esta narrativa podría facilitar a una mayor centralización del poder educativo. Aunque la creación de nuevas universidades es necesaria para atender las necesidades educativas de los jóvenes, continuar con el modelo actual o proponer uno nuevo, sin una evaluación adecuada y sin considerar condiciones mínimas operativas, podría resultar en un sistema educativo deficiente que profundice la desigualdad que las y los jóvenes mexicanos enfrentan cada día.
Respecto a las universidades autónomas, es fundamental reafirmar su autonomía y reflexionar sobre su preparación para enfrentar transformaciones estructurales. Pues a decir de la presidenta Sheinbaum, la colaboración con las universidades públicas se centrará en mejorar la calidad educativa y no en robustecer la burocracia. Sin embargo, estas instituciones enfrentan presiones políticas y económicas que amenazan su capacidad para operar independientemente, y si bien no hay un enfrentamiento directo como lo hubo con el poder judicial, sí pueden existir políticas que ahoguen su capacidad operativa. La expansión del número de universidades sin un enfoque en calidad podría resultar en un sistema deficiente que no atienda adecuadamente las necesidades estudiantiles. Por lo tanto, es esencial desarrollar estrategias sostenibles que prioricen tanto la calidad como el acceso a la educación superior, evitando simplemente satisfacer indicadores preestablecidos.
Adriana Denisse Gómez Bustos
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
