Llaman a evitar intereses particulares en torno a dicha instancia.
La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (FCAP) hizo un llamado a respetar la ley y evitar que dentro del Sistema Estatal de Anticorrupción (SEA) se construyan “intereses de camarillas”.
Sin pronunciarse sobre la legalidad o no del nombramiento de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaria Ejecutiva del SEA -lo cual generó discordia entre los miembros del sistema- lamentó que los ciudadanos hayan sido relegados en un tema tan importante y que las decisiones se concentren solo en un grupo de personas, “incluso nos referimos a las elecciones que hacen los poderes públicos sin consulta a la sociedad civil, sin convocatoria y sin evaluaciones probadamente imparciales”.
A través de una misiva a la opinión pública, firmada por el presidente de la FCAP, Daniel Espina Pérez, lamentó que los procesos de elección de servidores públicos se convierta “en un acaparamiento faccioso del poder público, sin que se pueda garantizar que su ejercicio sea para el bien de toda la ciudadanía, lo cual ha provocado que existan poderes conformados más por intereses particulares que por un interés común para beneficio de la sociedad”.
Ante la crisis prolongada del SEA, que se encuentra prácticamente paralizado desde el 2016, hizo un llamado para que se actúe y tomen decisiones con base en la ley, inclusivas y sin crear intereses personales y grupales.
“Hacemos un llamado a quienes hoy se ostentan como representantes del Sistema Anticorrupción en Morelos, al Pleno del Congreso del Estado, al Ejecutivo del Estado, y a todas las instituciones públicas que tienen injerencia en el Sistema Estatal Anticorrupción a que se apeguen a los principios ético democráticos que son opuestos a la discrecionalidad y a evitar que la designación de los cargos públicos sea hecha a espaldas del Pueblo Morelense.
“Es de observarse que los tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 Apartado B fracción VII, obligan al poder público en México a generar convocatorias abiertas a todo ciudadano, evaluaciones en condiciones de igualdad, para garantizar que en todo momento se va a gestionar realmente la justicia, la paz social, el desarrollo, y no solamente los intereses de camarillas. Ya basta de que nuestras leyes sean letra muerta para los ambiciosos que buscan como acomodarse a esa legislación a fin de sacar provecho particular, en todos los cargos y poderes”, concluyó.
