Cuatro exfuncionarios fueron imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Los ex secretarios de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Einar Contreras Macbeath, y varios funcionarios más quedaron  vinculados a proceso, luego de sendas resoluciones de la Sala del Circuito Único en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

En el primer caso, la fiscalía informó que la sala revocó la resolución de un juez de control (que decretó la no vinculación) y consideró que existían elementos suficientes para sujetar a proceso penal al ex secretario de despacho durante la gestión del ex gobernador, Graco Ramírez Abreu; a Rafael “N”, ex subsecretario de Desarrollo Sustentable; y Sergio “N” y José “N”, ex subsecretarios de la Secretaría de Obras Públicas estatal. 

Los cuatro ex funcionarios fueron imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público por la construcción de una planta recicladora de residuos sólidos en la que el gobierno del estado invirtió una cantidad millonaria sin que la obra fuese concluida.

De acuerdo con la fiscalía, por la planta valorizadora de residuos, ubicada en la comunidad de “El Zarco” del municipio de Yautepec, el gobierno estatal pagó a una empresa constructora 13 millones 800 mil pesos, pero a pesar de que se pagó el total del costo, la obra quedó trunca al 40 por ciento de su construcción y así fue recibida por los ex funcionarios estatales acusados. 

Por ello, el ex secretario y el ex subsecretario de Desarrollo Sustentable, así como dos ex subsecretarios de Obras Públicas, quedaron vinculados por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, relacionados con la carpeta de investigación FECC/150/2018. La resolución puede ser impugnada ante la justicia federal. 

En un segundo caso,  la sala confirmó el auto de vinculación a proceso de Medina Izquierdo y Contreras Macbeath, así como de Rafael “N”, ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable; Lucero “N”, ex directora de Obras Públicas y Marco “N” ex supervisor de obra.

Este caso está relacionado con la causa penal JC/330/2019, sobre la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, pero tampoco fue concluida.