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Si se transfiere la Policía Vial al estado, alcaldías cobrarán las multas e infracciones

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El gobierno del estado presentó a los ayuntamientos la propuesta de creación de la Policía Estatal Morelos.

El gobierno del estado de Morelos remitió a los ayuntamientos una propuesta de convenio a través de la cual buscan no sólo hacerse cargo de la operatividad de las Policías Preventiva y de tránsito municipal, sino también de la administración y control de la función de ambas corporaciones.

De acuerdo a lo que señala dicho convenio, lo que se pretende es que “el municipio cuente con un esquema de seguridad pública y tránsito y se encaminen los esfuerzos para la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia”, para lo cual crearán lo que denominarán la Policía Estatal Morelos.

En la cláusula cuarta, que se refiere a la conformación de la Policía Estatal Morelos, se advierte que “los recursos humanos, materiales y financieros afectos al servicio de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal”, el municipio los transferirá a la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Además, se retiran las facultades a los Ayuntamientos para designar a los titulares de Seguridad Pública o, en su caso, deberán recibir las sugerencias que haga la CES.

En la fracción III de la cláusula número 5, se señala: “Exclusivamente para efectuar y garantizar el pago de las nóminas y demás prestaciones de seguridad social con las que cuentan actualmente los elementos de seguridad pública y de tránsito municipales que forman parte de la Policía Estatal Morelos a cargo de la CES, otorgar la facultad a ‘El Estado’ para disponer de los recursos necesarios y suficientes provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) o cualquier otro que lo sustituya...”, con lo que –de aceptarse- ahora sería directamente el Ejecutivo el que se haga cargo de pagar la nómina de los policías preventivos y de tránsito.

De acuerdo al convenio, será también la CES quien diseñe las políticas de seguridad y vialidad que se establecerán en los municipios.

Lo que sí tendrán a su cargo los ayuntamientos es el pago de pensiones de los elementos de la Policía Preventiva y de tránsito municipal, y los ingresos por multas, infracciones, corralón y demás conceptos que se generen.

Cabe señalar que el convenio será vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, y en este momento se encuentra a la consideración de los presidentes municipales, quienes a su vez deben someterlo a la consideración del Cabildo para su aprobación.

 

 

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Ma. Esther L. Martínez

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