Ana Lilia Mata

Ana Lilia Mata

Culpan a la pandemia por las fallas en la aprobación de las reformas en materia de violencia política.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez, justificó con la pandemia de covid-19 la omisión que cometió el Congreso del estado para aprobar a tiempo la reforma en materia de violencia política en contra de la mujer en razón de género y de paridad.


"Posiblemente fue falta de comunicación, también la pandemia vino a quitarnos un proceso que ya traíamos en ciertas iniciativas y pues, bueno, hoy tenemos que respetar la decisión de la Corte", señaló la diputada ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar esa reforma.


Admitió que se trata de un retroceso para el estado, pero aseguró que no se debió a las diferencias políticas entre las fuerzas políticas por impulsar una reforma político electoral.
La legisladora morenista apeló a la voluntad de los partidos políticos para que atiendan el llamado de las organizaciones civiles y firmen un pacto de civilidad que garantice una contienda electoral en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, y se implementen acciones para prevenir la violencia política.


De igual forma, señaló que tendrá que ser la próxima legislatura la que apruebe las reformas en la materia y garantice que en las elecciones del 2024 se encuentre establecido  el marco normativo  para garantizar los derechos de las mujeres.

 

 

Jueves, 08 Octubre 2020 05:10

Recorte, solución en más alcaldías

La medida es para evitar colapso económico y seguir prestando los servicios básicos, justifica alcalde.

El recorte de personal en los municipios continuará de manera gradual en las próximas semanas, aseguró el alcalde de Totolapan, Sergio Livera Chavarría, quien dijo que lo que buscan con ese tipo de medidas es evitar un colapso financiero en los ayuntamientos.


"Aunque nos critiquen pero estamos entre la espada y la pared y sin recurso no se puede hacer mucho”, manifestó el edil sobre las medidas adoptadas por todos los gobiernos municipales, ante la reducción de las participaciones federales en los últimos meses por la baja recaudación provocada por la emergencia sanitaria.


"Peor sería suspender servicios a la población, tenemos que ajustar ante la falta de recursos en los municipios”, apuntó.


Livera Chavarria aseguró que además del despido de trabajadores también se tomaron medidas como la reducción de sus ingresos y el de los integrantes del cabildo, así como de los secretarios.
Sin embargo, señaló que estas medidas no han sido suficientes y por ello dijo que se insistirá ante el Congreso del estado para que se reforme la Ley de Coordinación Hacendaria y se les asigne el 25 por ciento total del Fondo de Participaciones Federales para el 2021.

Afirmó que con el regreso del cinco por ciento que se les quitó a los municipios en el 2013 para el tema de seguridad, los ayuntamientos podrán prestar los servicios básicos sin ningún problema para el 2021.

 

CANACO PIDE A LOS EDILES REDUCIRSE SALARIOS Y OTROS BENEFICIOS PARA EVITAR RECORTES

Mientras tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), Antonio Sánchez Purón, advirtió que el despido masivo de trabajadores en los ayuntamientos sólo agravará aún más la crisis financiera en el estado.


El empresario pidió a los alcaldes disminuirse sus ingresos, así como el de los regidores, secretarios y sus colaboradores, antes que despedir al personal de base.
Sánchez Purón señaló que la situación financiera es muy complicada en el estado, pero con más desempleo se prevé un panorama más grave a finales de este 2021.

 

 

Alcaldes confirmaron que van a continuar los recortes de personal, ante la reducción de las participaciones federales por la emergencia sanitaria.

Sergio Livera Chavarría, edil de Totolapan, anotó que el despido de los empleados del ayuntamiento se debe dar "con todo el dolor de nuestro corazón" porque es la única forma en que las administraciones puedan seguir funcionando.

Así lo dio a conocer en el marco de la firma de convenio entre los ayuntamientos, el Instituto De Desarrollo y Fortalecimiento Municipal De Morelos (Idefomm) y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) en materia de transparencia y rendición de cuentas.

*Denuncian irregularidades*

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) acudieron al Congreso local para denunciar presuntas irregularidades en el proceso de asignación de horas de clases.

Pidieron la intervención de los legisladores para que se reponga dicho proceso, al anotar que éste sólo favoreció a los agremiados al Sindicato Único del Cobaem, que es el oficial.

Los inconformes indicaron que pertenecen al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación Media Superior, y añadieron que el ser parte de un "sindicato disidente" los hace "ser sujetos de discriminación".

*De procedencia, iniciado en contra de Marcos Zapotitla*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que en el juicio de procedencia iniciado en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro se procederá conforme a derecho.

Insistió en que existe el principio de presunción de inocencia y mientras no se revisen los elementos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), por el presunto delito de violación, el Congreso local no emitirá una resolución.

Por otro lado, lamentó que la FGE, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), haya emprendido acciones para hostigar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) por su trabajo.

*Con cooperativas*

Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) anunciaron la firma de convenio con cooperativas para que los comerciantes puedan acceder a apoyos crediticios, y salir adelante de la crisis financiera a causa de la emergencia sanitaria.

Antonio Sánchez Purón, presidente de dicha cámara, admitió que los apoyos de los gobiernos estatal y federal no fueron suficientes y muchas empresas requieren de un rescate para mantenerse abiertas ante esta situación.

De igual forma, hoy se anunció el uso de nuevas tecnologías para que por medio de plataformas, como Tiendasenlinea.app, los empresarios puedan promocionarse y la gente pueda consumir de una manera más fácil.

El director general del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ), Miguel Eduardo Barrios Lozano, anunció el inicio del programa piloto para la gestión y disposición final de cubrebocas utilizados por la población del municipio.

Se trata de la instalación de un depositario en el zócalo de Jiutepec; dicho contenedor fue habilitado por el SCAPSJ.

Lo anterior, con la finalidad de disminuir la contaminación que se ha generado por el uso de cubrebocas ante la pandemia de covid-19.

Miércoles, 07 Octubre 2020 05:12

Alcaldías presentaron a tiempo leyes de ingresos

Buscan obtener más recursos federales.

Ante la crisis financiera que enfrenta el estado por la emergencia sanitaria, los 36 municipios del estado presentaron ante el Congreso del estado sus iniciativas de leyes de ingresos para el 2021, en las que no se descartan aumentos en el cobro de derechos e impuestos.


El pasado primero de octubre fue la fecha fatal para que los ayuntamientos presentaran sus propuestas sobre las tarifas que habrán de establecerse en el cobro de los servicios y derechos municipales el próximo año, las cuales empezarán a ser revisadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la próxima semana.


Al respecto, Adrián Cázarez González, alcalde de Zacualpan de Amilpas, afirmó que si los 36 municipios presentaron en tiempo sus leyes de ingresos fue por obligación, pero descartó que se pretendan fijar aumentos en perjuicio de los ciudadanos.


De hecho, aseguró que en la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) los ediles acordaron no aumentar impuestos ni derechos para el 2021, ante la situación financiera que enfrentan las familias morelenses.


No obstante, confirmó que insistirán en la propuesta para que se aumente de un 20 a un 25 por ciento el Fondo de Participaciones Federales para los municipios.


Adelantó que en los próximos días presentarán la propuesta formal ante el Congreso del estado y buscarán mesas de trabajo con los legisladores, pues adelantó que se prevé una crisis económica más severa, derivado de los recortes aplicados por la Federación.

 

Miércoles, 07 Octubre 2020 05:11

Son 36 los aspirantes a integrar el IMIPE

Quienes obtengan los dos puestos vacantes ganarán 70 mil pesos al mes durante siete años.

El Congreso del estado inició la revisión de los expedientes de 36 ciudadanos que se registraron para ocupar los dos puestos de comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) que se encuentran vacantes y que les garantizaría un salario de 70 mil pesos mensuales.


En la lista resaltan los nombres de José Emilio Díaz Roca, hermano de la diputada perredista Naida Díaz; Hertino Avilés Albavera, ex magistrado electoral y también asesor de la diputada priista Rosalina Mazari Espín; Emma Margarita Alemán Olvera, ex diputada local y federal por el Partido Acción Nacional (PAN); Xitlali Gómez Terán, ex consejera electoral;


Eva Penélope Picazo Hernández, actual presidenta del Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción; Aída Reina Hernández González, hija del panista Oscar Sergio Hernández Benítez; Leonora Valentina Jiménez Franco, quien fue responsable del Fideicomiso de Apoyo y Asistencia a Víctimas del Estado, y el abogado Jaime Castera Moreno, que en la pasada convocatoria al IMIPE que fue anulada por el Congreso también participó.


La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso dio a conocer la lista y anunció que iniciará la revisión de los 36 expedientes, a fin de designar este mismo mes a los dos comisionados del IMIPE.


La diputada panista Dalila Morales Sandoval explicó que los nombramientos se tendrían que concretar con base a la paridad de género, es decir, un cargo sería para un hombre y el otro para una mujer.
El nombramiento será por un periodo de siete años, con un salario mensual de 70 mil pesos y 80 mil cuando los futuros comisionados ocupen la presidencia del IMIPE, que es rotativa.

 

 

 

*En contra de servidores públicos*

En un comunicado, la encargada de despacho de la Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, señaló que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) "intensificó el hostigamiento en contra de los funcionarios facultados para llevar a cabo una revisión financiera a la Fiscalía General, producto de una denuncia ciudadana recibida".

En el documento de referencia se detalla lo siguiente:

"Lo anterior se confirma primero, con el oficio que la fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Diana Lizbeth Acosta Ángel, dirigió al encargado de la Dirección General Jurídica de la ESAF, Alberto Salgado Pérez, para hacer de su conocimiento que “se hace efectiva la sanción administrativa en modalidad de multa”, al oponerse a entregarles información de la citada denuncia.

El monto del medio de apremio que la fiscalía pretende hacer efectivo es por una cuantía de 200 UMAS, que equivaldrían a unos 17 mil pesos; asimismo, existe el temor fundado de que Salgado Pérez pueda hacerse acreedor de un arresto hasta por 36 horas.

El segundo elemento para denunciar que el acoso de la fiscalía está subiendo de tono, se debe a que hoy seis de octubre, elementos de la FECC acecharon las oficinas de la Entidad Superior durante varias horas, en las que se les pudo observar portando armas largas; los agentes pretendían entregar de manera personal un citatorio al servidor público Alberto Salgado Pérez.

Al respecto, América López Rodríguez fue muy enfática al reiterar que la información solicitada por la FECC “es de carácter reservada y confidencial, por lo que la divulgación de tal expediente traería una responsabilidad administrativa a quien lo hiciera público o bien obstruya el proceso de auditoría”.

Por ello, insistió en hacerle un llamado al fiscal para que cese el hostigamiento en contra de los funcionarios de la ESAF, y les permita iniciar con la fiscalización que hasta ahora inexplicablemente ha sido obstaculizada por la misma institución a la que pretenden auditar".

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