El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) interpuso una controversia constitucional para impugnar el decreto expedido por el Congreso, que  revocó la ampliación del periodo de los magistrados que realizó la anterior legislatura.

Manuel García Quintanar, actual magistrado presidente del TJA, promovió la controversia 326/2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, por su conexidad con la acción de inconstitucionalidad  20/2017 y la controversia constitucional 306/2019 iniciada por el Tribunal Superior de Justicia, fue remitida al ministro ponente Luis María Aguilar Morales, para que determine sobre la admisión o no del recursos de control constitucional.

En la controversia, el TJA reclamó “la invalidez por sí y por vicios propios del decreto 427, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5743, de fecha 10 de Septiembre de 2019, que contiene el Acuerdo Parlamentario indebidamente remitido como Decreto por el Poder Legislativo para su publicación, por el que se deja sin efectos el Decreto 2610, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con fecha 30 de mayo de 2018}2, por el que se expiden los nombramientos a los magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera, del decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha 24 de febrero de 2017.

La legislatura anterior realizó reformas legales para, por única ocasión, aumentar de 14 años (periodo máximo para ejercer la magistratura) a 20, de los actuales los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

La reforma beneficiaba inmediatamente a la magistrada presidente del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas, quien concluía el pasado 4 de julio el periodo original de designación de 14 años, seguida por los magistrados del TSJ Rocío Bahena Ortiz y Miguel Ángel Falcón Vega, así como los magistrados del TJA Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas, quienes concluirían su periodos en mayo de 2020.

En la controversia constitucional 306/2019, el TSJ consiguió la suspensión de la SCJN contra la aplicación y los efectos del decreto que revocó la ampliación del periodo de los magistrados. Ahora el TJA espera que la Corte admita su recurso de control constitucional

 Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, al debatir el proyecto de resolución de acción de inconstitucionalidad 20/2017, el Pleno de la SCJN planteó declarar la invalidez o el sobreseimiento de la disposición que amplió el periodo de 14 a 20 años de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, además de invalidar el aumento de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso y la eliminación del proceso de evaluación y ratificación de los juzgadores de segunda instancia.

Debido a observaciones al proyecto del ministro Aguilar Morales, el asunto se retiró de la lista y está pendientes de resolución, en virtud de que se acumuló la controversia del TSJ.

 

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La secretaria encargada del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos debía declinar  competencia en favor de cualquiera de sus homólogos en el amparo 1222/2019, de su índice a los Juzgado Quinto o  Séptimo de Distrito, por existir un precedente por conocimiento previo, respecto del acto reclamado por la quejosa Maria del Carmen Cuevas López, quien tramitó ante los mencionados órganos jurisdiccionales de distrito en el estado, afirmó el abogado Jorge Luis López Flores, quien sostuvo que no debía pronunciarse sobre la admisión de la demanda y la suspensión solicitada por la magistrada.

El profesionistas señaló que cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo o conoció de un juicio diverso, tramitado por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano y anexara la certificación del día y hora de la presentación de la demanda, y la remitirá, así como en su caso, del auto dictado como primera actuación, de lo antes señalado.

El abogado estimó que la secretaria del Juez Octavo de Distrito debió considerar seguir estas reglas ante la información de que existían diversos juicios radicados en el decimoctavo circuito, pues ello constituye un hecho notorio, en los que Cuevas López, recurrió a la justicia federal, para impugnar el decreto que le afecta, porlo que la funcionaria judicial pudo haber considerado esta posibilidad, cuando lo habitual es que si esta autoridad se iba a declarar incompetente, como en todos los casos sucede, no debió decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión solicitada por la quejosa, ante el supuesto jurídico de carecer de competencia y remitir con sus anexos, al juez o tribunal competente, como lo dispone la ley reglamentaria de la materia, aspecto que no se dio y que en cambio procedió a conceder a Cuevas López la suspensión del acto reclamado.

Jorge Luis López Flores aseguró que dicha inconsistencia quedo de manifiesto cuando el 24 de octubre la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinó  que el Juez Séptimo Distrito en el Estado, quien debe conocer y continuar con la tramitación del juicio promovido por María del Carmen  Cuevas López, violó el  trámite del amparo al conceder la suspensión, lo que le permitió a la solicitante continuar ejerciendo sus funciones de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de forma ilegal.

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Un grupo de magistrados, jueces y secretarios del estudio participaron en la primera sesión de capacitación de la Clínica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, promovida por el Tribunal Superior de Justicia, (TSJ) y el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, (IMM)

Un total de 77 operadores de justicia se sumaron a la sesión impartida la semana que conlcuye, cuyo propósito fue capacitar y orientar sobre los concepto normativos existentes y los procesos de construcción de identidad que puedan generar una decisión judicial permeada por la discriminación, generando consecuencias negativas para el derecho a la igualdad y a las mujeres en particular.
Mirna Cordero Perulero, responsable de la Coordinación del Programa Federal de Fortalecimiento para la Institucionalización de la Perspectiva de Género, el objetivo es que los impartidores y operadores de justicia elaboren sus sentencias con esta perspectiva, en todos aquellos casos en los que está presente la violencia de género.

“Estas acciones para el fortalecimiento a la transversalidad, de carácter nacional, nos permiten, a través de las diferentes dependencias, cumplir también con los compromisos internacionales. Las y los servidores públicos son fundamentales en su participación para estar abonando a este compromiso que tenemos como Estado Mexicano”, señaló.
Destacó que “no es común la impartición de estos cursos en los estados para identificar estos casos sobre la perspectiva de género, ya que los objetivos particulares constituyen la piedra angular de esta capacitación como compartir información sobre la aplicación del enfoque en Derechos Humanos”.

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De las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez, se han judicializado al menos diez.

El Ejecutivo estatal promoverá un juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia, que consideró que la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, no debía ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

El Consejero Jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó al respecto que ya prepara dicho recurso legal en calidad de ofendidos.

Se utilizará el juicio de garantías y en su caso la revisión, anticipó, al sostener que la última palabra la tendrán los tribunales federales.

Dijo que junto con la Fiscalía Anticorrupción se analizan los argumentos de los dos magistrados (pues uno votó en contra) que aprobaron el dictamen.

A decir de Sotelo Salgado, no está bien sustentada la multicitada resolución: “nos parece incongruente e ilógica, que a dos ex funcionarios los hayan dejado vinculados a proceso y a dos los hayan dejado fuera, con no vinculación cuando son los mismos hechos.  

“Se trata de justificar que fue un comité de obra el que autorizó, pero quien preside esa instancia es la secretaria de Obras, por lo tanto, aseguró, no puede desvincularse la titular de la dependencia.

Como lo informó oportunamente La Unión de Morelos, el pasado 6 de mayo una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como a José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director general de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V. 

Pero la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de vinculación a proceso a Patricia Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, determinó confirmar la vinculación a proceso a los dos ex subordinados por el presunto ejercicio ilícito del servicio público. 

 Sotelo Salgado expuso este jueves que el Poder Ejecutivo tiene la competencia plena para recurrir como ofendido en el asunto. Apuntó que por ley tienen quince días para presentar el citado recurso.

El consejero jurídico comentó que de las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, se han judicializado al menos diez. De estas se han recurrido a la siguiente instancia de cuatro a cinco por diversos motivos.

Mencionó que en algunos asuntos no se les reconoce legitimación como gobierno del estado: “eso se nos hace un poco complicado porque hay delitos (en) que efectivamente se afecta a la sociedad, pero quien resiente la afectación económica es el Ejecutivo del estado; en otras porque no se vincula a proceso, en otros más porque no se obsequian órdenes de aprehensión.

Destacó entre los asuntos que fueron recurridos el de una exfuncionaria que supuestamente estaba enferma y que no podía venir a Morelos, por ello se le otorgó un amparo para efecto de que se practicaran las diligencias en otro estado y se mandó a Tijuana, pero resulta que esa persona se presentó el pasado miércoles en el palacio de gobierno en Cuernavaca.

El funcionario estatal añadió que las denuncias formuladas van caminando, avanzan en primera instancia, se dan las vinculaciones a proceso, pero en la segunda instancia son revocadas esas determinaciones en contra de ex funcionarios, lo que despierta la sospecha de algunas irregularidades: “eso es lo que va preocupando y que hace pensar ciertas cosas, de cierta protección, pero la Consejería Jurídica va a hacer su trabajo interponiendo los recursos legales que estén a su alcance”. 

 

 

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Jueves, 24 Octubre 2019 05:00

El TSJ se defiende

Ante las reacciones por el fallo a favor de la ex funcionaria, por medio de un comunicado, el TSJ expresó que la resolución de la sala no significa una exoneración de la ex secretaria, ya que “el proceso sigue vigente para continuar con la investigación, pues la fiscalía cuenta con recursos jurídicos, en virtud de estar en una etapa iniciar”. 

Sostuvo que “se analizaron el audio y video de la audiencia respectiva (celebrada el 6 de mayo pasado), se determinó con base a los datos aportados, no vincular a proceso a la ex secretaria, esta resolución no definitiva, queda la facultad de órgano investigador para la continuación de la investigación correspondiente, aclarando, por lo tanto, que no fue exonerada”. 

Y puntualizó: “La responsabilidad para defender el Estado de Derecho es de todas las instituciones; las resoluciones deben ser discutidas en los tribunales legales correspondientes y así evitar informar de forma errónea a la sociedad”.

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Jueves, 24 Octubre 2019 05:13

Indignación

La resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia a favor de la exsecretaria Patricia Izquierdo genera malestar; la fiscalía anticorrupción analiza qué hacer ante el movimiento adverso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) analiza la ruta jurídica que seguirá ante la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, que  revocó el auto de vinculación a proceso dictado en mayo pasado a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, quien había sido imputada por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones. El TSJ, a través de un comunicado, se defendió de las críticas y rechazó que resolución signifique una exoneración de la ex funcionaria. 

La resolución, que fue aprobada por los magistrados  Rubén Jasso Díaz y Carmen Aquino Celis -con el voto en contra del magistrado Carlos Iván Arena Ángeles, quien consideró que si había elementos para mantener la vinculación a proceso- fue resentida no sólo por los representantes del Poder Ejecutivo sino por la propia fiscalía anticorrupción, que consideró que sí existían elementos suficientes para mantener bajo proceso penal a la ex funcionaria. 

A través de un comunicado, la fiscalía informó que, junto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, analiza “la estrategia a seguir tras la decisión de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de revocar la vinculación a proceso en contra de la ex secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Morelos, imputada por presuntamente adjudicar de manera directa una obra por más de 75 millones de pesos a una empresa fantasma”, que operaba bajo la razón social Ago Operaciones S.A. de C.V.

Fuentes de la FECC consultadas indicaron que no se descarta ninguna posibilidad jurídica, es decir, desde impugnar la resolución aprobada por mayoría por la Segunda Sala del TSJ ante la justicia federal hasta considerar una acción legal contra los magistrados que votaron por la no vinculación de la ex secretaria de obras, pero todas las opciones están bajo análisis. 

De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala del TSJ, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil  pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017. 

Sin embargo, la sala determinó confirmar el auto de vinculación a proceso a los ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, porque habrían incumplido con sus funciones previstas en la Ley de Obra Pública local y su reglamento, ya que se corroboró que la empresa no estaba legalmente constituida y los imputados habrían omitido revisar y verificar  la situación legal del consorcio, así como integrar el expediente de la adjudicación directa de la obra y dar seguimiento a cada una de las etapas para dar soporte jurídico al contrato, y con ello evitar afectaciones a la Secretaría de Obras y el erario.  

La ex secretaria de Obras aún enfrenta dos procesos penales más, debido a que la fiscalía anticorrupción le imputó el delito de ejercicio indebido de la función pública. En el primer caso, se le acusó del pago 34 millones de pesos para la construcción de una planta recicladora en Jiutepec cuya obra quedó inconclusa. En el segundo caso, se le acusó de haber pagado 13 millones 800 mil pesos a una empresa para la construcción de una planta recicladora, la cual tampoco fue concluida y su edificación quedó sólo al 40%. 

 

 

 

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El gobernador lamenta fallo que exonera a la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo; dice que continuará luchando para que no queden impunes los actos de corrupción de la administración pasada.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo lamentó la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a favor de la ex secretaria de Obras Públicas Patricia Izquierdo Medina, denunciada por la actual administración. Consideró que hay “corruptelas” en el Poder Judicial y aseguró que continuará luchando para que no queden impunes los actos de corrupción de la administración pasada.

Como lo informó oportunamente La Unión de Morelos, la Segunda Sala del TSJ revocó el auto de vinculación a proceso a la exsecretaria Patricia Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Entrevistado al respecto, el mandatario estatal declaró este miércoles que hay "muchas irregularidades" en la impartición de justicia en Morelos.

"Hay mucha corruptela ahí entre jueces y lo voy a decir textual como es, como la presidenta magistrada, la verdad que es lamentable. Uno hace un esfuerzo para que personajes que le hicieron daño al estado caigan. Va a pasar, va a seguir pasando, nosotros vamos a meter las demandas y ellos van a tratar de salir a como dé lugar. Yo lo dije, hay jueces que están muy involucrados con gente mala y que los están sacando; esperemos que se pongan a trabajar, que hagan las cosas bien, es gente que le hizo daño a Morelos, es gente que desvió recursos y así va a pasar. Ahora no sé a quién vayan a soltar otra vez o lo dejen fuera, pero creo que es injusto lo que están haciendo estos personajes, ojalá lo recapaciten”, aseveró.

Blanco Bravo apuntó que hay desconfianza en la actuación de las autoridades judiciales porque "hay muchas injusticias".

El gobernador sostuvo que no cesará y continuarán con la lucha para que se haga justicia respecto a los actos de corrupción que cometieron ex funcionarios de la administración pasada.

Confió en que las denuncias, formuladas ante la Federación por su gobierno en contra del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu procedan y tengan efectos contundentes. Anticipó que expondrá lo que está sucediendo ante las autoridades federales.

Añadió: “aquí hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente del exgobernador metida ahí, con magistrados, con las fiscalías, con jueces, hay una mafia muy fuerte que está manejando el exgobernador junto con el hijastro para que no caigan (los) exsecretarios, porque si caen los exsecretarios, le van a echar la culpa al hijastro y al exgobernador. Entonces no es posible lo que está pasando, y que sepa la ciudadanía lo que está pasando… que hay algunos magistrados y algunos jueces involucrados con el señor Ramírez, pero no voy a parar hasta verlo tras las rejas”.

Insistió en que buscará que el ex titular del Ejecutivo en Morelos devuelva los recursos que habría extraído, al referir que Ramírez Garrido tiene varias propiedades costosas.  

En cuanto al conflicto registrado en Cuernavaca por los cortes de energía eléctrica en diversos pozos de agua, Cuauhtémoc Blanco anotó que es responsabilidad del alcalde capitalino resolver el problema y no debe culpar al gobierno estatal. Recordó que, en su momento, cuando él fue alcalde de la ciudad, tuvo que buscar alternativas de pago con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El gobernador fue entrevistado al término de la ceremonia de conmemoración del Día del Médico, en la que reconoció la noble labor de los profesionales y reiteró su compromiso con el sector para atender el desabasto y reconstruir el desorden que en materia de salud heredó del gobierno anterior.

Blanco Bravo entregó reconocimientos a doce médicos “por su vocación de servicio, humanismo y compromiso con la salud de la población de Morelos”.

 

 

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) será sede del Congreso Internacional sobre Derecho Familiar, que se realizará a mediado del mes de noviembre, con la participación de países de América Latina y Europa. 

Ponentes de lugares como Francia, España, Perú, Argentina, Ecuador y Costa Rica abordarán temas relacionados con la restitución internacional de menores, nuevas modalidades de la guarda y custodia, alienación parental y adopción homoparental. 

El magistrado y director de la Escuela Judicial del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, detalló que el congreso se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre, luego de que durante la edición anterior, que se celebró en Colombia, Morelos se postuló para ser sede este 2019.

 “De entre más de 10 países solicitantes, la Academia Euroamericana de Derecho de Familia favoreció con su confianza al TSJ de nuestra entidad” señaló Falcón Vega. 

 Nain Isaac Monge Segura, juez del Poder Judicial de Costa Rica y vicepresidente de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia con sede en Argentina, aseguró que estas actividades que se llevarán a cabo en Morelos constituyen un ejercicio en el que los saberes que se compartirán forman parte de la experiencia consolidada de nuestro país y en especial de Morelos.

“La Academia Euroamericana pensó en Morelos por el nivel de debate, los temas son mundiales y México los discute para beneficio de la comunidad jurídico internacional. Morelos es un escenario óptimo, pues tiene la plataforma tanto estructural como académica”, dijo el juez costarricense. 

Las inscripciones están abiertas para estudiantes, postulantes, servidores públicos y sociedad en general, a través de la plataforma digital del TSJ.

 

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Miércoles, 16 Octubre 2019 05:12

Atiende Villarreal Gasca cita con diputados

El secretario de Hacienda detalla la solicitud de modificación presupuestal presentada por el Ejecutivo estatal.

Con la finalidad de atender el pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca, compareció ante las integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, donde ofreció detalles respecto a la solicitud de modificación presupuestal presentada por el Ejecutivo estatal.
En este acercamiento, que se dio en un ambiente de cordialidad, el funcionario expuso la necesidad de redireccionar recursos por 26 millones de pesos de las secretarías de Turismo y Cultura; Desarrollo Económico y del Trabajo; Desarrollo Social y Administración, para cumplir con dicho compromiso, el cual se ha venido postergando desde 2016. 
“Es aquí donde el análisis que hicimos directamente del área presupuestal y los avances perentorios al mes de agosto, se determinó que de estas dependencias pudiéramos hacer la reasignación para llegar a estos 26 millones de pesos”, señaló.
Lo anterior, anteponiendo que la Secretaría de Turismo y Cultura cuenta con el Fideicomiso de Turismo Morelos (FITUR), y Desarrollo Económico y del Trabajo con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).
Asimismo, refirió que dichas dependencias han logrado bajar recursos a través de programas del Gobierno de México, en beneficio de diversos sectores de la sociedad.
Villarreal Gasca dio respuesta a preguntas formuladas por algunas diputadas a fin de lograr la aprobación respectiva a la solicitud de modificación presupuestal, ya que indicó que el Gobierno del Estado tiene el firme compromiso de cumplir con los pagos de pensiones y jubilaciones al personal del Poder Judicial.

 

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José Aquino Herrera es familiar de la magistrada Carmen Aquino Celis.

José Aquino Herrera, sobrino de la magistrada Carmen Aquino Celis, fue designado como juez visitador, justo en medio de críticas a la administración de la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, por mantener en puestos clave y como jueces a colaboradores afines.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia, Aquino Herrera se desempeñaba como secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada y expresidenta del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, pero fue designado como juez visitador, cargo relevante debido a las funciones asignadas.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos, los jueces visitadores auxilian al Visitador General y realizan visitas e inspecciones a los juzgados, con el fin de verificar su bien funcionamiento y detectar probables irregularidades que deban ser del conocimiento de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina para, en su caso, iniciar investigaciones y deslinde de responsabilidades a funcionarios judiciales.

La magistrada Aquino Celis, quien pertenece al grupo de la actual magistrada presidenta, también ha incorporado al TSJ a sus dos hijos y por lo menos a cuatro sobrinos más.

 

 

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