Lunes, 16 Diciembre 2019 05:16

Darán recursos especiales al TSJ

El gobierno federal asignará presupuesto para implementar la reforma laboral.

El estado de Morelos estará entre las primeras entidades en implementar la reforma laboral, que básicamente consistirá en la extinción de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial estatal.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, informó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco González gestionó presupuesto federal para las entidades que serán las primeras en la implementación de dicha reforma y estos recursos adicionales serán un aliciente para el tribunal local, que ya trabaja en el proyecto que se pidió a los estados para la transición de la justicia laboral a los tribunales de justicia locales.

 “Una noticia que tuvimos la semana pasada, una reunión con el ministro que está  encargado de la reforma laboral, en el sentido de que nosotros vamos a ser de los diez estados de la República que iniciamos la reforma laboral, que tenemos que tenerla establecida para octubre de 2020.

“Hay recursos federales que se van a establecer para cada estado y este fin de año, aunque salimos de vacaciones hacia los justiciables, pero nosotros internamente tenemos que hacer este programa de cómo se va ir gestionando para que ya nosotros arranquemos en octubre con la reforma laboral”, dijo.

Indicó que todavía no se sabe la cantidad de recursos que se entregará a cada estado, pero pese al recorte presupuestal se recibirán recursos ex profeso para aterrizar la reforma.

 

 

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Jueves, 12 Diciembre 2019 05:16

Defiende Congreso ratificación de magistrada

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en torno a la ratificación de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Guillermina Jiménez Serafín.

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La magistrada no podrá tomar posesión del cargo hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos para efecto de que la recién ratificada por el Congreso local como “magistrada numeraria”, Guillermina Jiménez Serafín, no sea adscrita a sala y dada de alta en la nómina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta la resolución de la controversia constitucional 354/2019.

El tribunal constitucional concedió la suspensión porque “no estamos ante un supuesto donde la medida cautelar implique afectar sucesos consumados” y “el único efecto de la suspensión es que no se lleven a cabo los actos de instalación o adscripción y/o alta en nómina de la Magistrada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”.

En la controversia constitucional, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, argumentó que la ratificación de Jiménez Serafín fue ilegal por tres razones.

La primera, se estableció en la demanda, porque el Congreso local realizó la designación sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución Política del Estado de Morelos.

Y es que ante la reciente polémica legislativa sobre si la mayoría eran 13 o 14 votos, hace unas semanas fue modificado el Reglamento Interior del Congreso local para establecer como mayoría calificada 13 votos, número con el cual fue ratificada la magistrada y cuya votación es cuestionada ante la SCJN, por considerar que “ello conllevaría transgredir la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligársele a incorporar a una Magistrada que ha sido ratificada sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución”

Un segundo argumento, fue que una vez más el Poder Legislativo realizó una designación sin dotar al Poder Judicial de los recursos suficientes para hacer frente “al costo de dicha plaza”, que permanecía vacante desde el 11 de junio de 2014, cuando Jiménez Serafín solicitó licencia para separarse de la magistratura.

El tercer argumento de impugnación fue que Jiménez Serafín fue ratificada  como “magistrada numeraria” del TSJ por un periodo de ocho años, “sin que se haya satisfecho el requisito sine qua non que refiere el párrafo quintó de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esto es, que haya desempeñado el cargo de magistrada supernumeraria por los seis años que se le fijaron para tal efecto”.

Y es que la magistrada había solicitado en 2014 licencia a su cargo para ocupar la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, cuyo órgano desapareció tras la reforma judicial realizada por el Congreso local en diciembre de 2017.

A la postre, Jiménez Serafín litigó ante los tribunales, hasta obtener la protección de la justicia federal su derecho a ser evaluada para obtener su ratificación por un segundo y último periodo de ocho años como magistrada.

“Atento a lo solicitado, a las característica particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte y con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para que no se ejecuten los efectos del decreto reclamado, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve”, estableció la SCJN, cuya resolución mantendrá la tensa calma al interior del TSJ, cuyo Pleno esta fracturado.

 

 

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La presidenta del TSJ impugnó la ratificación de su homóloga.

Un grupo de magistrados solicitó a su homóloga y presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, convocar a sesión de Pleno Extraordinario, para la incorporación oficial de Guillermina Jiménez Serafín al órgano colegiado y a la nómina.

Por medio de un oficio dirigido a la representante del Poder Judicial y firmado por los diez magistrados que conforman el bloque disidente, incluida Jiménez Serafín, fue promovida la petición para que, después del convivio navideño, a las 21:00 horas del 14 de diciembre –último día laborable en el TSJ- los magistrados sesionen de manera exprés con un único punto en la orden del día.

Es decir, “que se ordene a quien corresponda, realice todos los trámites conducentes para que la Magistrada Guillermina Jiménez Serafín sea dada de alta en la nómina a efecto de que le sean cubiertos todos su emolumentos a los que tiene derecho como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, así como todas las prestaciones correspondientes. Además, de todas las prerrogativas inherentes al cargo”, fue la petición concreta del bloque disidente para la realización extraordinaria de Pleno.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles afirmó que la magistrada presidenta tiene la obligación constitucional de atender de inmediato el asunto de la magistrada Jiménez Serafín, quien fue ratificada el pasado 4 de diciembre por el Pleno del Congreso local.

Lamentó que Cuevas López, sin consultar a los magistrados, de manera unilateral haya tomado la decisión de impugnar la ratificación de su homóloga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Estas decisiones son ilegítimas porque no cuentan con el respaldo y el aval de quienes integramos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia”, dijo, y recordó que en múltiples ocasiones Carmen Cuevas ha rechazado las peticiones del bloque disidente para sesionar en Pleno, pero si mantiene su postura podría incurrir en responsabilidad por no cumplir con sus funciones y atribuciones.  

 

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Alejandra Flores Espinoza lamenta la postura de la presidenta del Poder Judicial.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local, Alejandra Flores Espinoza, lamentó que por intereses particulares desde el Poder Judicial se haya impugnado el nuevo criterio para aplicar la mayoría calificada con 13 votos.
Ante la controversia constitucional que promovió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, en contra de la ratificación de Guillermina Jiménez Serafín como magistrada, al argumentar irregularidades en el proceso legislativo por haberse aprobado con 13 votos como mayoría calificada, Flores Espinoza dijo que se presumen intereses particulares y políticos detrás de dicha acción legal.
Sin embargo, la también coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine la legalidad de la reforma al reglamento para el Congreso del estado por el que se estableció el nuevo criterio para aplicar la mayoría calificada mediante 13 votos y, por consecuencia, del nombramiento de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín por ocho años más.
La diputada reiteró que la finalidad de reformar el reglamento fue con la finalidad de terminar con la parálisis legislativa que por meses enfrentó el Congreso de Morelos.
"Es muy lamentable que fue también para sacar el beneficio de los trabajadores (del Poder Judicial) y que se presente esta controversia. Sin embargo, nosotros estaremos atentos a recibir las notificaciones, entregar toda la información que se necesaria y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva", manifestó Flores Espinoza.

 

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Dice que fue ilegal aprobar con 13 diputados el nombramiento de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, promovió una nueva controversia constitucional para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el decreto por el cual un grupo de diputados designó “magistrada numeraria” a Guillermina Jiménez Serafín sin reunir la mayoría calificada.

Pasaron a penas 24 horas, cuando la representante del Poder Judicial acudió al tribunal constitucional para demandar “la invalidez la invalidez del Decreto aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en su sesión celebrada el día de hoy 04 de diciembre de 2019, por el que se designa a GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aplicando por vez primera en perjuicio del Poder actor, la inconstitucional adición del cuarto párrafo del artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2019”, que estableció que 13 votos, y no 14, son “mayoría calificada”.

De acuerdo con Cuevas López, la designación “se aprobó violándose el procedimiento legislativo, al dársele el tratamiento de asunto de urgente y obvia resolución por el voto de solo 13 de los 20 diputados presentes, es decir, sin alcanzar la mayoría calificada que exige el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”.

En la controversia constitucional 354/2019, ingresada el 5 de diciembre la magistrada presidente  insistió que la designación de Jiménez Serafín tiene  “vicios legislativos” que deberían ser objeto de invalidez.

La controversia fue turnada al ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá determinar sobre la admisión o no de la demanda. 

Cabe destacar que la ratificación por ocho años más de Jiménez Serafín, quien había solicitado licencia a la magistratura para ser representante del Poder Ejecutivo ante ahora extinto Consejo de la Judicatura, fue en cumplimiento de un juicio de amparo ganado por la juzgadora, luego de que le fue negado por el Congreso su designación por un segundo periodo.

Además, su reincorporación al TSJ inclinó la balanza numérica a favor del bando de magistrados disidentes, que ahora cuenta con 10 miembros, contra nueve del grupo de Cuevas López.  

 

 

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Jueves, 05 Diciembre 2019 05:00

Rechaza el TSJ que libere a delincuentes

Resoluciones de jueces tienen efectividad del 95 por ciento, dice la institución.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó las declaraciones de miembros del gabinete de seguridad y acusó que los ataques contra el órgano judicial son políticos y basados en datos falsos, al tiempo que defendió la labor de los juzgadores, al considerar que sus resoluciones tuvieron una efectividad del 95%.

A través de un comunicado, el TSJ rechazó las versiones de  funcionarios estatales y federales sobre que jueces del TSJ dejan en libertad a imputados por delitos de alto impacto y sostuvo que esos señalamientos “tiene un carácter subjetivo, político y coyuntural”.

Detalló que en el 2019 consignaron a 137 personas por este tipo de delitos (homicidio, violación y secuestro), de las cuales solo 16 obtuvieron su libertad y representa el 11.68% de las consignaciones; y de las 121 personas que fueron sometidas a proceso penal, el 88.32% quedó sujeto a la medida prisión preventiva hasta la terminación del proceso judicial.

“Las anteriores cifras, son resultado de la madurez de las instituciones partícipes en el proceso judicial. El derecho es un sistema que no está sometido a deseos o voluntades particulares. Los procedimientos jurisdiccionales ante este Alto Tribunal del Estado de Morelos, están determinados por la constitución, las leyes y los tratados internacionales”, estableció el documento. 
Señaló que el trabajo de los juzgadores del sistema penal está bajo el escrutinio de la autoridad federal, que calificó con 95 por ciento la efectividad de las sentencias.
“Por ello, el Poder Judicial exhorta respetuosamente para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, velemos por la defensa de nuestra carta magna, el respeto por nuestras leyes y hagamos conciencia de la importancia de la unidad institucional en favor de los justiciables, evitando hacer declaraciones irresponsables con datos falsos que solo afectan el trabajo de las instituciones y confunden a la sociedad”, recalcó en su comunicado. 

 

 

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Regresan pensión a hermana de la presidenta del TSJ.

Guillermina Jiménez Serafín fue ratificada por el  Congreso del estado  como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un período de ocho años.
En sesión ordinaria, ayer, el Pleno del Congreso  tomó protesta a la magistrada, quien por dos años litigó su derecho a ser ratificada, luego de que la LIII Legislatura determinó como no procedente su permanencia, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de evaluación.
El dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) fue votado a favor por 13 diputados, en cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de revisión por el segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del décimo circuito, derivado del juicio de amparo 1917/2017.
La ratificación de la magistrada será un contrapeso en el TSJ, que se encuentra fracturado desde hace varios meses.
Durante la misma sesión ordinaria, los diputados ratificaron también a José Luis Jaimes Olmos, como magistrado suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia emitida del juicio de amparo en revisión 375/2018, emitida por el primer Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Décimo Octavo Circuito.

También, el Pleno del Congreso devolvió su pensión por cesantía en edad avanzada a Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas.
El dictamen fue votado de urgente y obvia resolución, luego de que el diputado José Casas González lo presentó de último momento ante el Pleno, como presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
El dictamen con proyecto de decreto se aprobó con la finalidad de reformar el artículo segundo del decreto número 3261, por el que se concedió la pensión a Cuevas López, quien se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta del TSJ, en cumplimiento a la sentencia dictada en la controversia constitucional 185/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con fecha de 22 de mayo de 2019.

 

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Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:17

Piden auditar la gestión de Carmen Cuevas

Denuncian retraso en pago de pensiones en el TSJ a pesar de disponibilidad de recursos transferidos por el Poder Ejecutivo.

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Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:14

Lamentan postura de magistrada contra el Congreso

María del Carmen Cuevas López cuestionó ante la SCJN la medida legislativa que asignó al TSJ recursos para pagar pensiones.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en la aprobación de la reforma para la reasignación de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para cumplir de esa forma con el pago de pensiones de ex trabajadores.
En entrevista, lamentó que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López haya señalado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) supuestas irregularidades en la votación, realizada por 13 legisladores, para modificar el Presupuesto de Egresos 2019.
Sotelo Martínez estableció que el fin principal de la determinación del Pleno Legislativo, el pasado 6 de noviembre, fue cumplir con un mandato de la Corte en favor de los trabajadores jubilados, resultado de una controversia constitucional que promovió el Poder Judicial.
"Nosotros hemos hecho la parte que nos toca, si alguien no quiere verlo de esa forma tendrá su propia opinión o a la mejor tendrá sus propios compromisos", manifestó.
El presidente de la Mesa Directiva señaló la posible intención de la magistrada presidenta del TSJ de combatir jurídicamente la legalidad del decreto de reforma. Sin embargo, insistió que el interés principal para el Poder Judicial debería ser sus trabajadores.
"La posibilidad siempre está latente. Nosotros le dimos cumplimiento a lo que un poder estableció en su última etapa", insistió el legislador pesedista.

 

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