Cada juzgador es responsable de sus fallos, señala el magistrado presidente del TSJ respecto de las acusaciones contra magistrados por la liberación de personas detenidas.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, aseguró que cada juzgador es responsable de sus resoluciones, y que quienes acusan tienen la obligación de presentar pruebas, tras la polémica en torno a la reciente resolución de magistrados de la Primera Sala del Tercer Circuito por la que fueron absueltos y liberados dos presuntos multihomicidas.

Luego de que la gobernadora Margarita González Saravia y el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, pidieron investigar a los magistrados integrantes de esta sala, Manuel Díaz Carvajal, Cecilia Verónica López González y Rolfi González Rodríguez, el representante del Poder Judicial fijó una postura al respecto.

Dijo que siempre velará por el cumplimiento de la ley y de la autonomía e independencia judicial, lo que incluye respetar las decisiones de los juzgadores al momento de emitir sus fallos, lo que a su vez implica que cada uno de ellos debe razonar y asumir la responsabilidad de sus decisiones.

Pero también resaltó que cuando se hacen señalamientos, la parte que acusa tiene la responsabilidad de presentar pruebas.

“También nosotros reconocemos que desde la parte que acusa, pues tiene la obligación de probar, y si no es que tienen datos suficientes o pruebas suficientes, pues entonces para qué acudir a un órgano jurisdiccional si es que no se pretende llevar una investigación a fondo”, dijo, al reiterar que los juzgadores resuelven conforme a lo que las partes presentaron en los juicios.  

Afirmó que por el momento no ha recibido ninguna solicitud de informes de ninguna autoridad, sin embargo, el Poder Judicial será colaborativo en caso de que reciba algún requerimiento oficial en torno a este asunto.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, tocó el tema en su conferencia de prensa, y señaló que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos es quien tiene la responsabilidad –por instrucción de la gobernadora- de explorar las vías legales para dar inicio a una investigación a estos tres magistrados, así como de recabar evidencias suficientes y necesarias, porque se tiene el antecedente de que esta Sala del Tercer Circuito, con sede en Cuautla, en 2023 también habría liberado en circunstancias sospechosas a otras dos personas, que presuntamente se dedicaban al delito de extorsión en esa ciudad del oriente de Morelos.