Xochitepec, Morelos.- En un intento por desarticular a los grupos que se disputan el control del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, este fin de semana fueron reubicados a penales federales casi una veintena de internos.

Acompañado del coordinador estatal de Reinserción Social, Lucio Hernández, el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina anunció que la medida fue tomada para mantener la estabilidad y el orden en el penal estatal.

Dijo que un total de 19 internos (considerados de alta peligrosidad o conflictivos) fueron trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y a otros centros federales de reinserción social.

Sostuvo que “para garantizar la gobernabilidad y seguridad se ha desarticulado con toda firmeza, liderazgos y autogobiernos que se mantuvieron por años en el Centro de Reinserción Social Morelos”; y también insistió en que “la presente administración decidió enfrentar con dureza la prevalencia de grupos tanto internos como externos que tienen intereses delictivos alejados del bien común”.

La reubicación de los internos se dio como consecuencia de la riña ocurrida la semana pasada dentro del área varonil del penal de Atlacholoaya, la que dejó un saldo de un muerto y dos lesionados de gravedad.

Algunas versiones oficiales aseguraron que la reyerta tuvo su origen en diferencias personales entre dos internos, sin embargo, también trascendió que fue un enfrentamiento entre dos grupos que se disputaban el control del autogobierno.

Según el secretario de Gobierno, quien rechazó responder preguntas de los medios de comunicación, la autoridad penitenciaria estableció medidas de control y orden dentro del penal, como la reclasificación y ubicación de la población penitenciaria con base en el tipo de delito, edad, perfil criminológico, vulnerabilidad, adicciones o estado de salud.

Además del penal de Atlacholoaya, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha advertido a las autoridades de Morelos, que las cárceles de Cuautla y Jojutla representan un foco rojo por la existencia de grupos de autogobierno y las escasas condiciones de seguridad de estos reclusorios.