Cuernavaca, Morelos.- La Confederación Internacional de Morelenses llamó al gobierno mexicano a reforzar el programa de asistencia y defensa legal para salvar a más de 50 connacionales que se encuentran presos y sentenciados a muerte en los Estados Unidos.
Pablo Castro Zavala, presidente de la confederación, con sede en Las Vegas, Nevada, informó que el pasado 8 de mayo visitó en la cárcel de máxima seguridad de San Quintín, en el estado de California, a Víctor Manuel Miranda Guerrero, originario de Cuernavaca, quien se encuentra sentenciado a muerte y desde hace 15 años preso, acusado de la violación y homicidio de una ciudadana norteamericana.
“Él se encuentra un poquito deteriorado de su salud, pero él tiene toda la confianza de que Dios, que las oraciones de ustedes, del público, van a ayudarlo para su caso. Él pide a todos ustedes, a la gente, a su familia, les manda un saludo, agradece a todos por estar al tanto de su caso”, dijo.
Detalló que Miranda Guerrero solicitó a la Procuraduría de Justicia de California un recurso de apelación para combatir la sentencia letal, y está a la espera de la respuesta. Hasta el momento no hay fecha de ejecución y el propósito de la apelación es la cancelación o permuta de la pena capital.
Indicó que ha visitado a otros connacionales también en la prisión de Huntsville, Texas, y emprendido una serie de encuentros en México con los presidentes de las comisiones de asuntos migratorios del Senado de la República y Cámara de Diputados, Layda Sansores y Gonzalo Guízar, con quienes se pactó programar visitas a los mexicanos presos en EEUU.
Cuestionado sobre el apoyo del gobierno mexicano a los connacionales encarcelados y sentenciados a la pena capital, señaló que hace unos años fue creado el programa Mexican Capital Legal Asistence (MCLAP, por sus siglas en inglés), que es un despacho jurídico privado especializado en casos de pena de muerte, que es pagado por México para que asesore a los abogados que representan a los 50 connacionales condenados a morir.
Afirmó que el programa tuvo ya sus primeros frutos en julio de 2015, cuando al mexicano Constantino Carrera Montenegro se le conmutó la pena de muerte y fue trasladado a un penal de menor seguridad, con la posibilidad de lograr su libertad.
Por ello, pidió al gobierno de la república reforzar este programa de asistencia legal con miras a salvar la vida de los mexicanos condenados a muerte y buscar que sus procesos sean revisados hasta llegar, incluso, a la conmutación de la pena y lograr la libertad.
El último mexicano ejecutado fue Edgar Tamayo, originario del municipio de Miacatlán, estado de Morelos. Pese a todos los esfuerzos legales, el 22 de enero de 2014 le fue aplicada la inyección letal. En todo momento Edgar se dijo inocente y negó haber asesinado al policía Guy Gaddis en 1994.
