La juez de Control de Garantías Elvia Terán Peña fijó como fecha límite el pasado lunes 11 de mayo para que el secretario de Gobierno y sus dos escoltas acudieran a una audiencia diversa y se sometieran al examen, pero éstos no están obligados a hacerlo.

Misael “N” y Víctor “N”, a través de su defensor, Carlos Villavicencio de la Rosa, pretenden demostrar que el delito por el  cual fueron vinculados a proceso (secuestro agravado) no existió, pues de haberse cometido, el funcionario y los dos escoltas presentarían daños psicológicos, que tendrían que ser identificados por un perito en la materia.

La acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE) consiste en que el ex edil de Huitzilac Rafael Rojas Zavala su hijo, así como los comuneros Misael y Víctor, junto con cerca de 200 habitantes de Huitzilac, cerraron la carretera que comunica a Morelos con la capital del país, el pasado 14 de noviembre, para exigir la aparición con vida de un taxista que durante la madrugada fue plagiado.

El secretario de Gobierno acudió hasta el lugar para negociar el desbloqueo de la vía de comunicación, pero por la tarde fue golpeado por un grupo de habitantes y conducido a las oficinas de la ayudantía municipal de Tres Marías.

La fiscal del caso presentó como pruebas, testigos, videos y fotografías para tratar de demostrar que las personas detenidas fueron quienes privaron de su libertad al secretario, quien fue liberado a través de un operativo realizado por el Mando Único. Sin embargo, los dos guardaespaldas del secretario de Gobierno fueron golpeados e incluso uno de ellos tuvo que ser ingresado a un hospital.

El pasado 12 de enero de este año, el ex edil, su hijo y los dos comuneros fueron vinculados a proceso en una audiencia que  se celebró en la única Sala de Juicios Orales del penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec.

En su auto emitido ese mismo día, la juez consideró que sí había suficientes indicios para considerar que las cuatro personas cometieron el delito de secuestro, y no de lesiones, como alegaron los defensores.

En el caso de Misael y Víctor, éstos decidieron irse a un juicio penal, mientras que el ex alcalde y su hijo promovieron un  amparo contra la vinculación a proceso, el cual está por definirse en los próximos días.

En su teoría del caso, Villavicencio de la Rosa pretende deslegitimar las  afirmaciones de la FGE, pero Quiroz Medina y sus dos escoltas no aceptaron someterse a la prueba pericial.