Una de las áreas donde se trabaja con mayor profundidad, agregó, es la de emplacado de esa dependencia, porque es a donde se dirige la mayor cantidad de señalamientos y quejas, sin embargo, el trabajo se desarrolló en todos los campos porque se trata de un espacio bastante complicado.

La funcionaria aclaró que generalmente se trata de aspectos administrativos internos pero el alcance de la auditoría es mayor a ello y sí hay por lo menos seis servidores públicos con observaciones, incluyendo al director general Francisco Alva Meraz, sin que ello represente alguna responsabilidad concreta hasta este momento.

Alegría Loyola consideró que difícilmente se podrá concluir con resultados específicos antes de concluir la presente administración porque este tipo de esfuerzos no tienen temporalidad o fechas fatales, quienes pudieran sentirse agraviados en los expedientes tienen todo el derecho de defenderse y eso prolonga la conclusión, por ello seguramente deberá ser la siguiente gestión de Gobierno la que les de seguimiento.

De todos modos, aclaró, la Contraloría está enterando de todo a la comisión de enlace respectiva y entregando los documentos necesarios a fin de que no exista contratiempo alguno en la continuidad de las auditorías.

En general, dijo, se está dando cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) en materia de auditorías y revisiones, y no sólo en lo que tiene que ver con el transporte, en otros espacios de la administración pública puede haber casos delicados, “sin embargo, éstos sólo se dan a conocer hasta que tienen sentencia, de otra manera estaríamos violando las normas en la materia y violando garantías individuales porque pudiéramos caer en difamación”.