La medida fiscalizadora se deriva de presuntas disposiciones bancarias indebidas, el juicio por daños y perjuicios que interpuso la empresa Promotora Ambiental S.A de C.V. contra la comuna, luego de que en agosto de 2010 le fuera rescindido el contrato que mantenía con la misma y la deuda que existe con el Instituto de Crédito del Gobierno del Estado,

Fue el regidor del Partido del Trabajo (PT) Rigoberto Lorence López quien abrió la temática, al tocarse el punto de asuntos generales. Y es que pidió un informe sobre el avance del asunto de la auditoría, de la situación con PASA y el embargo precautorio y de la situación que viven trabajadores del Ayuntamiento con el Instituto de Crédito.

Al respecto, el alcalde Rogelio Sánchez Gatica hizo uso de la palabra para informar que en el primer punto ya se determinó la contratación del despacho “López Lara y Asociados” y que toda la documentación se encuentra ya en la Consejería Jurídica, “a la cual le hemos pedido que a la brevedad emita los documentos correspondientes para su inicio (de la auditoría) también a la brevedad”.

En lo referente a PASA, destacó que se realizó un embargo precautorio que en nada interfiere con la operatividad del Ayuntamiento.

Aquí, aprovechó para convocar a los empresarios a reanudar las negociaciones que permitan llegar a una negociación y ponerle fin al juicio interpuesto.

En cuanto al adeudo con el Instituto de Crédito, Sánchez Gatica expresó que es de 75 millones de pesos, de los cuales cinco millones son por intereses moratorios.

Destacó que como alcalde instruyó al órgano de control interno para que realice las indagaciones correspondientes y por otro lado el próximo lunes presente una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para que ésta también inicie las diligencias a que haya lugar.

Asimismo, refirió que ya sostuvo una reunión con el consejo directivo del Instituto de Crédito, el cual solicita el pago de 35 millones para retirar la medida aplicada contra los trabajadores de no autorizarles créditos.

Agregó que el Ayuntamiento no cuenta con recursos para efectuar dicho pago y solicitó que en la segunda quincena de agosto se pueda firmar un nuevo convenio, a fin de establecer el cómo y cuando se tiene que reintegrar el recurso. “y la respuesta que obtuvimos fue que el lunes sesionará de nueva cuenta el Consejo Directivo para valorar nuestra petición”.

Lorence López volvió a hacer uso de la palabra para indicar que quien cometió el presunto desvío de recursos “se pasó”, ya que era dinero de los trabajadores.

“También me molesta el dobles de los directivos del Instituto de Crédito, la doble moral, su hipocresía, la falta de ética, porque así como he dicho que es una falta grave quien haya desviado estos recursos, lo es también que dicten una medida que afecta a los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, cuando también en el Poder Legislativo, Judicial y en el propio Ejecutivo se tienen adeudos”, continuó diciendo.

Por su parte, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Salas Catalán consideró como una burla para los trabajadores que hayan echado mano de su dinero.

“Pediría que se actuara acorde con los procedimientos que marca la ley para deslindar responsabilidades administrativas y también lo que corresponde de manera penal”, manifestó.

A su vez, la regidora, también del PRI, Miryam Mar Vázquez Rizo recomendó a los líderes sindicales Otilia Reyes Soto, Benito Álvarez Riego y Guillermo Sánchez Vélez, quienes presenciaron la sesión de cabildo, presentar una denuncia penal de manera independiente a las acciones que emprenda el Ayuntamiento.