Una iniciativa que discute la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados pretende que las entidades federativas tengan la responsabilidad de crear estos espacios, donde habría atención psicológica, médica y social; asesoría legal y la ejecución de programas de atención dirigidos a las víctimas.

En la Cámara de Diputados se discute una propuesta para que las entidades federativas tengan la responsabilidad de impulsar la creación de centros comunitarios de prevención y atención integral a la violencia, en donde deberá brindarse atención psicológica, médica y social, asesoría legal, así como la impartición de programas dirigidos a las víctimas.

La propuesta de reforma busca modificar la fracción VIII del artículo 18 del capítulo III, denominado “De las Entidades Federativas”, de la Ley General de Víctimas, para establecer que estos centros deben integrar acciones de prevención, atención a víctimas y coordinación entre autoridades, toda vez que su finalidad es prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

En la exposición de motivos, la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia, indica que la violencia en México continúa afectando de manera profunda la integridad, estabilidad y desarrollo de miles de familias, y que a pesar de los avances normativos en materia de protección a víctimas, persiste una brecha considerable entre lo que la ley establece y la atención real que reciben las personas afectadas.

Señala que la falta de espacios cercanos, accesibles y multidisciplinarios de atención limita la capacidad del Estado para prevenir la violencia y acompañar de manera integral a quienes la padecen.

Resalta que aunque la Ley General de Víctimas reconoce el derecho de toda persona a recibir atención oportuna, digna y efectiva, en muchas comunidades el acceso a servicios psicológicos, médicos, sociales y jurídicos es insuficiente o inexistente, situación que no sólo perpetúa ciclos de violencia, sino que coloca a las víctimas en un estado de vulnerabilidad prolongada.

Ante este panorama, considera la creación de estos centros comunitarios, concebidos como espacios seguros y de proximidad social que brinden acompañamiento profesional, orientación jurídica y apoyo psicológico y médico, así como programas de prevención focalizados en las necesidades de cada comunidad.

De acuerdo con la propuesta, estos centros permitirían fortalecer el tejido social, ampliar la capacidad institucional de respuesta y dar cumplimiento efectivo al mandato de la Ley General de Víctimas.

Con esta iniciativa se buscaría garantizar que el Estado cumpla su obligación de proteger y restituir los derechos de las víctimas, además de cerrar brechas territoriales y asegurar servicios integrales que contribuyan a disminuir la incidencia de la violencia y a promover comunidades más seguras, informadas y resilientes.