La mayor incidencia se registra en ayuntamientos, expone Sergio Arturo Guerrero.

El magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sergio Arturo Guerrero Olvera, habló sobre la violencia política en razón de género durante una conferencia en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), fenómeno que, aseguró, se ha agudizado en los últimos años.

“Siempre ha sido un tema muy importante, pero hoy más que nunca ha crecido debido a que la paridad llegó para instalarse en nuestra Constitución y en las leyes de todo el país. Esto ha impulsado la participación política de las mujeres, pero también ha incrementado los ataques y la violencia en su contra”, afirmó.

El magistrado explicó que han surgido nuevas modalidades de agresión, entre ellas la violencia digital, que incluye campañas de desinformación, difusión de imágenes íntimas falsas, uso indebido de datos personales, y ataques a través de redes sociales por “trolls” y “cibertropas”. Según cifras internacionales, 9 de cada 10 mujeres con presencia en internet han sufrido ciberacoso.

Recordó que si bien en las pasadas elecciones no se registraron homicidios de juezas, magistradas o ministras, la violencia contra candidatas sigue siendo una realidad en el país, con antecedentes graves en estados como Guanajuato y Veracruz. “El feminicidio político es un problema latente; en procesos anteriores llegamos a registrar más de cien asesinatos de personas candidatas”, señaló.

En cuanto a la aplicación de la ley, Guerrero Olvera consideró que la Ley General de Delitos Electorales “está bien construida”, pero requiere mejoras en las investigaciones y ajustes para atender la violencia mediática y digital.

Detalló que la mayor incidencia de violencia política contra mujeres se presenta en ayuntamientos, especialmente contra regidoras, así como dentro de partidos políticos y congresos estatales. Entre las agresiones más comunes están el recorte o retención de sueldos, la exclusión de sesiones y decisiones, la marginación en eventos oficiales y la “exclusión digital”, cuando deliberadamente no se les informa de reuniones o actividades.

“Hay casos en los que las funcionarias son amenazadas, no sólo ellas, sino también sus familias, obligándolas a despachar desde otro municipio. El machismo no distingue cargo, rango, nivel, edad u ocupación: la violencia puede dirigirse contra cualquier mujer en cualquier momento”, concluyó.