La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa para facultar al Congreso a expedir una Ley General contra la Extorsión que obligaría a todas las entidades a armonizar su legislación para combatir el delito.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa que envió a la Cámara de Diputados para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra la Extorsión que, entre otras cosas, buscará perseguir de oficio este delito y obligará a todas las entidades a armonizar su legislación.

Al reconocer que su administración no ha logrado disminuir la comisión del delito de extorsión, e incluso que éste continúa en aumento a nivel nacional, señaló que con esta nueva ley se busca que “ya no descanse en la víctima la denuncia”.

“Hoy quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano; se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos, la víctima es el Estado”, enfatizó.

Explicó que la iniciativa, que firmó ayer durante su conferencia de prensa matutina y que fue enviada a la Cámara de Diputados, modificará el inciso “a)”, fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución, para que el Congreso pueda expedir la nueva Ley General.

“¿Por qué se tiene que modificar la Constitución? Porque tiene que haber la misma ley para todo el país, para que esto se pueda hacer así. Esas son las leyes generales. Una ley general quiere decir que abarca a todos los estados, que obliga a todos los estados a legislar de acuerdo con la ley general”, detalló.

Recalcó que la Ley General contra la Extorsión permitirá que todos los estados de la república tengan la obligación de legislar para combatir este delito, conforme a la norma general.

Antier, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) reconoció la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión por parte del Gobierno de México, señaló que coincide con muchas de sus propuestas y subrayó la urgencia de que este delito, en todas sus modalidades, sea perseguido de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia formal por parte de la víctima.