El gabinete nacional de seguridad expone cinco ejes para combatir el flagelo en el país; el plan contempla el congelamiento de cuentas bancarias en que se depositan pagos de extorsiones; bloqueo de líneas telefónicas vinculadas al delito; operativos en penales para el aseguramiento de equipos telefónicos utilizados para cometer el ilícito, entre otras acciones.
Este domingo, el gobierno federal lanzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión en la que, si bien se dará atención prioritaria a ocho entidades del país con el mayor número de denuncias por este delito, habrá una estrecha colaboración con las autoridades de todos los estados del país, incluyendo Morelos.
La estrategia presentada por el gabinete nacional de seguridad está basada en cinco ejes: 1) generar detenciones mediante investigación e inteligencia; 2) fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales; 3) aplicar el protocolo de atención a víctimas; 4) capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación; y 5) implementar una campaña de prevención nacional.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, precisó que esta estrategia es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite robustecer las investigaciones, ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales y detener a generadores de violencia relacionados con la extorsión.
Precisó que los estados donde se acumula el 66% de las extorsiones a nivel nacional son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se opera de manera prioritaria con equipos especializados.
Aunque Morelos no está entre los estados prioritarios, hay que recordar que uno de los principales delitos que se cometen en la entidad es justamente el de extorsión.
La estrategia nacional contará con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el congelamiento de cuentas bancarias donde se depositan los cobros de las extorsiones; se solicitarán mandamientos judiciales para bloquear líneas telefónicas vinculadas a este delito; y se desarrollarán operativos sorpresa en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos que son utilizados para cometer este ilícito.
También se brindarán capacitaciones a cajeros de tiendas de conveniencia e instituciones bancarias para evitar depósitos a extorsionadores, así como a recepcionistas de hoteles del país para identificar y evitar casos de secuestro virtual.
El número telefónico 089 será exclusivo a nivel nacional para atender denuncias y orientar a la población sobre este delito; será atendido por operadores especializados en el tema; se hará hincapié en la importancia de la protección de la identidad de la víctima a través de la recepción de denuncias anónimas y la generación de carpetas de investigación para dar seguimiento a estos delitos y detener a los generadores de violencia.
En tanto, el titular de la Fiscalía General de la Republica, Alejandro Gertz Manero, informó que los titulares de las fiscalías estatales serán convocados el próximo 1 de agosto para establecer un sistema común de información que permita contar con estadísticas sobre el número de denuncias y el impacto económico por la comisión de este delito, que es del fuero común y en el que las autoridades estatales y municipales tienen que hacer su parte para combatir el ilícito.
Subrayó que la estrategia tiene en la mira a los penales federales y locales, donde a pesar de los protocolos y disposiciones administrativas prohibitivas siguen ingresando aparatos de comunicación celular desde donde se hacen llamadas de extorsión, y muchos de los centros de reclusión -particularmente locales- no tienen activos bloqueadores de señal.
