El expresidente del Poder Judicial debe aclarar posibles irregularidades señaladas en proceso de entrega-recepción.

La Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de Morelos deberá requerir al ex titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Rubén Jasso Díaz solventar una serie de observaciones ante presumibles irregularidades detectadas en el proceso de entrega- recepción.

El titular del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, expresó que hay documentación faltante y se está solicitando que aclare el destino de algunos recursos, incluidos los del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos.

Pidió no adelantar juicios, ya que la entrega-recepción no está concluida y la Contraloría Interna deberá solicitar la solventación de un total 36 observaciones realizadas a la anterior gestión.

“Tenemos ahí unas observaciones que estamos planteando directamente al órgano interno de control, que es la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, para que sean obviamente notificadas (las observaciones), entre esas, algunas actas, algunos documentos que no encontramos en la entrega-recepción, y bueno estamos pidiendo que se entreguen y se normalicen algunos temas que tienen que ver con recursos.

“No queremos adelantarnos en mencionar alguna (irregularidad), que no estén, sino únicamente y exclusivamente que se nos diga y se nos aclare el destino de los recursos”, explicó.

Indicó que la Contraloría Interna deberá notificar sobre las observaciones al ex titular del TSJ y este tendrá un plazo de 15 días para realizar las aclaraciones necesarias.

Respecto del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, Gamboa Olea señaló que hay varias observaciones porque los recursos ahí depositados “no fueron entregados como tal”, pero insistió en que habrá que esperar la respuesta a las observaciones ante la Contraloría Interna por parte del ex titular de la institución.

Por otra parte, el magistrado presidente confirmó la liberación de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, el pasado viernes, luego de que permaneció en prisión preventiva oficiosa más de seis meses y de  que un juez de determinó el sobreseimiento del caso al no haber pruebas de la comisión del delito de ejercicio abusivo de funciones que le fue imputado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Señaló que el juzgador emitió una resolución conforme a lo que las partes presentaron en audiencia y es decisión de la FECC impugnar o no esta nueva sentencia.

“Entiendo que tiene varias acusaciones más, entiendo que obviamente apenas se va a formular imputación en algunos casos de ellas, y bueno, nosotros estaremos a la espera de los recursos que tiene la fiscalía anticorrupción para inconformarse con esta determinación del juez.

“Obviamente aquí el juez atiende a lo que las partes le ofrecen en audiencia, lo que se acredita en audiencia, y lo que se lleva en audiencia”, detalló.

La ex secretaria de Obras durante el gobierno del perredista Graco Ramírez enfrenta varios procesos, en los que la fiscalía anticorrupción le imputó la presunta comisión de delitos relacionados con procesos supuestamente irregulares de licitación de obras y aplicación de recursos. En todos los casos, la ex funcionaria ha insistido en su inocencia.